El fiscal pide la absolución de Garzón por las escuchas

La Fiscalía del Tribunal Supremo no tiene ninguna duda. La intervención de las conversaciones que mantuvieron los imputados presos del caso Gürtel con cualquier persona, incluidos sus abogados, fue una medida "necesaria" y, por tanto, el entonces instructor, Baltasar Garzón, no cometió ningún delito, porque ni siquiera hubo alguno, y debe ser absuelto.

Se basa en que en la causa había pruebas de que los cabecillas de la trama corrupta, Francisco Correa y Pablo Crespo, preparaban "una operación tendente a blanquear, entre otras muchas, una cuenta depositada en Suiza con una cantidad aproximada de 20 millones de euros".

Ello se desprende de dos conversaciones que ambos mantuvieron el 18 de diciembre de 2008, cuando aún no habían sido detenidos, pero sus teléfonos estaban pinchados para investigar los delitos fiscales, de falsedad, cohecho, asociación ilícita, tráfico de influencias y blanqueo denunciados por Anticorrupción el 6 de agosto de 2008.

La fiscal de Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Pilar Fernández-Valcarce señala que el 9 de febrero de 2009 tres días después de los arrestos de Correa, Crespo y Antoine Sánchez, cuando se intervino al contable del grupo la principal prueba del caso, el pen drive Garzón imputó a los abogados José Antonio López Rubal, Manuel Delgado Solís, Luis de Miguel Pérez y José Ramón Blanco Balín.

La decisión se notificó el día 11 a López Rubal, pero siguió defendiendo a Correa y Crespo hasta el 27. Sánchez fue defendido por un abogado del despacho de Delgado.

El exfiscal Ignacio Peláez, que presentó la querella que dio origen a este procedimiento en el que Correa y Crespo piden hasta 17 años de inhabilitación para Garzón, asumió la defensa del imputado José Luis Ulibarri el día 21. Se entrevistó con Correa y Crespo sin ser abogado "expresamente citado" y sin conocimiento del instructor.

Según la fiscal, los abogados sabían que sus conversaciones eran grabadas y "no consta acreditado que el contenido de las grabaciones fuera utilizado por el instructor para dirigir o variar la investigación" desde que las ordenó en los autos presuntamente prevaricadores hasta que se inhibió a favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Todos incluían la preceptiva salvaguarda del derecho de defensa.

La fiscal señala que los indicios de blanqueo aparecieron en el "primer examen de la documentación intervenida" y cita los convenios que obligan a la especial persecución de este delito.