La Fiscalía ha respaldado la recusación que el juez Baltasar Garzón había presentado contra cinco de los siete magistrados del Tribunal Supremo (TS)  —Juan Saavedra, Adolfo Prego, Joaquín Giménez, Francisco Monterde y Juan Ramón Berdugo—, que le juzgarán por supuesto delito de prevaricación por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo.

El magistrado suspendido cautelarmente también recusó a los magistrados de la Sala de lo Penal Adolfo Prego, Joaquín Giménez, Francisco Monterde y Juan Ramón Berdugo.

'La sala, a través de numerosas resoluciones, admitió la querella presentada contra el hoy recusante, ha respaldado sin fisuras la labor del instructor, ha rechazado todos los recursos planteados por el querellado, así como las insistentes y muy fundadas solicitudes de sobreseimiento instadas por el Ministerio Fiscal', señala el fiscal Navajas para adherirse a la recusación planteada por Garzón. 

El escrito de recusación presentado por Garzón, de 44 páginas, plantea dos causas: haber participado en la instrucción del procedimiento, al ratificar la instrucción realizada por Luciano Varela, y tener interés directo en ser ellos mismos los que formen el tribunal en el juicio, para lo que 'salvaguardaron de forma artificiosa su propia competencia'. La recusación enumera hasta 14 motivos para argumentar que 'las dudas o sospechas sobre la imparcialidad' de los cinco magistrados cuestionados 'están sobradamente justificadas'. Y apela a dos condenas a España del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, entre ellas la del también juez Javier Gómez de Liaño.

El Tribunal Supremo decidió el pasado 14 de enero paralizar la causa abierta contra Baltasar Garzón por su investigación de los crímenes del franquismo hasta que se resuelvan las recusaciones interpuestas.

Garzón se encuentra a las puertas de ser juzgado por su investigación de los crímenes del franquismo, una causa en la que Manos Limpias y Libertad e Identidad piden 20 años de inhabilitación para él al acusarle de un delito de prevaricación. El único trámite que quedaba pendiente era que el Alto Tribunal señalase fecha para la celebración del juicio.

Además del proceso por los crímenes del franquismo, Garzón se encuentra imputado en el Tribunal Supremo en otros dos procedimintos: por ordenar intervenir las conversaciones mantenidas en prisión entre los principales imputados del caso Gürtel y sus abogados y por no abstenerse en una querella contra los responsables del Banco Santander a pesar de que esta entidad bancaria subvencionó los cursos que el juez impartió en Nueva York.