Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia, fue una de las principales atracciones en la primera sesión de control al Gobierno del PP. El portavoz socialista de Justicia en el Congreso de los Diputados, Julio Villarrubia, le preguntó por las 'contrarreformas reaccionarias' en materia de justicia que anunció hace unos días. Gallardón justificó esas decisiones alegando que la situación de la Administración judicial le obligaba a no quedarse 'de brazos cruzados'.
Otra diputada socialista, Carmen Montón, le preguntó por el paso atrás que supondrá la nueva ley del aborto que también anunció hace escasas fechas. Gallardón fue claro: 'Ninguna mujer irá a la cárcel'.
El ministro hizo referencia al matrimonio homosexual. Defendió la posición del PP de esperar a que el Tribunal Constitucional dilucide sobre el matrimonio entre homosexuales, aunque ha subrayado que legalmente el actual grupo parlamentario del PP no puede retirar el recurso presentado. Gallardón afirmó en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados que el recurso de inconstitucionalidad contra las bodas gays no fue presentado por el actual Ejecutivo ni tampoco por el grupo parlamentario popular sino por el anterior, el que dirigía Eduardo Zaplana.
'La doctrina del Tribunal Constitucional impide al grupo subsiguiente retirar un recurso que trae causa del anterior', dijo el titular de Justicia que zanjó también la polémica sobre su opinión personal acerca de la constitucionalidad de los matrimonios gais. En este sentido, dijo que su opinión sobre este asunto 'es conocida desde hace muchos años' y que como ministro defiende la postura de su partido, 'estar a lo que diga el Constitucional'. 'Esa es, y no tenga ninguna duda, la opinión del ministro de Justicia', subrayó.
Gallardón: 'No voy a estar de brazos cruzados mientras millones de españoles esperan'
En materia de justicia, Villarrubia acusó al Gobierno y al propio Gallardón de adoptar 'en pocas semanas propuestas de la derecha más reaccionaria, graves recortes de derechos y libertades, la ruptura de consensos básicos y de las reglas del juego, así como un ataque a la propia soberanía popular en beneficio de corporaciones o gremios'.
'Ustedes proponen cárcel para los reincidentes en pequeños hurtos, cárcel para las mujeres que tengan que abortar, cadena perpetua aunque la llamen prisión permanente, copago importante en la Administración de Justicia, regalos corporativos en bodas y divorcio a costa de los bolsillos de los ciudadanos y recortes en medios personales y materiales', enumeró el socialista.
Tras señalar que han 'regalado' al gremio de los jueces la elección de 12 miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Villarrubia pidió a Gallardón que 'recapacite' y abandone el 'mal camino' de las 'reformas unilaterales y sin consenso' porque, de lo contrario, su 'fracaso está garantizado y no ayudará a la mejora del servicio de la Justicia'.
En su turno de réplica, Ruiz-Gallardón apuntó que cuando tomó posesión como ministro de Justicia se encontró con 3.225.000 pleitos pendientes, 2.398.000 ejecuciones de sentencia en trámite o 13.000 quejas ante el CGPJ de ciudadanos que consideraban que la Justicia no es 'atenta, ágil ni tecnológica'.
'Esto es lo que yo me encontré. ¿Me dice usted que ante este panorama este ministro lo que tenía que haber hecho es mantener, en aras de no sé qué acuerdos anteriores, una situación que en estos momentos tiene paralizada decenas de millones de euros que tendrían que estar incorporados a la producción de este país?', preguntó el ministro.
En este punto, indicó que no piensa permanecer 'de brazos cruzados mientras millones de españoles no ven satisfecha la resolución de sus conflictos'.
En cuanto al aborto, Gallardón argumentó que la ley que quieren su partido y su Gobierno velará por los derechos de las mujeres, pero también por los del no nacido, y resolverá los casos en que ambos entren en conflicto. Además, prosiguió el titular de Justicia, la norma protegerá el derecho a la maternidad, a su entender descuidado durante los años en el que el PSOE estuvo en el poder.
Al hablar del derecho a la maternidad, abundó Gallardón, piensa, sobre todo, en las menores, las mujeres con discapacidad y las inmigrantes, a quienes, en su opinión, el Gobierno socialista despachaba únicamente con la ley del aborto; una ley que, reprochó, el Ejecutivo de Zapatero aprobó sin haberla llevado en su programa electoral y, por lo tanto, sin el consenso de sus votantes.
En cualquier caso, el ministro de Justicia no convenció al Partido Socialista, que en boca de la diputada Montón vaticinó que con la ley que prepara el PP se instaurará de nuevo 'la inseguridad jurídica' para mujeres y médicos, que practicarán abortos clandestinos, lo que generará 'más sufrimiento' y, desde luego, 'no abstinencia ni castidad'.
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