ZARAGOZA .- El Gobierno de Aragón acumula decenas de condenas por asignar de manera arbitraria permisos para explotar parques eólicos. La situación, que deja en el aire el plan de energías renovables de la comunidad, es una de las patatas calientes heredadas por el actual ejecutivo, aunque en este caso no procede de la gestión de PP-Par sino de las últimas decisiones de la coalición PSOE-Par.

Las adjudicaciones del concurso para explotar parques eólicos en Aragón que la comunidad promovió a mediados de 2010 fueron resueltas por el departamento de Industria que dirigía Arturo Aliaga, hoy presidente y portavoz parlamentario del Par, entre la convocatoria de las elecciones autonómicas de mayo de 2011 y la formación del nuevo Gobierno, en el que su partido dejaría al PSOE de Marcelino Iglesias por el PP de Luisa Fernanda Rudi. Poco después, Aliaga se convertiría en el único consejero nombrado por presidentes las dos principales formaciones en la comunidad.

Entre los adjudicatarios se encuentran algunas de las grandes empresas del sector energético, como E.On, Gamesa, Gas Natural o Acciona y también firmas locales como el grupo Jorge –reciente ganador de la última subasta de megawatios del Ministerio de Industria- o un consorcio creado por las cajas rurales locales. Entre los demandantes hay empresas como Iberdrola y entidades aragonesas, como una agrupación de comunidades de regantes.

La potencia que salía a concurso, unos 1.200 megawatios, superaba a la instalada en once comunidades autónomas y con su despliegue, Aragón, que ya contaba con 1.800, iba a situarse, con Andalucía, Galicia y las dos castillas, en el grupo de los principales territorios en producción de energía eólica, que hoy cubre la quinta parte de la demanda interna española.

Las adjudicaciones provocaron una tempestad en el sector energético

Casi cinco años después de la resolución del concurso, cuyos 45 parques iban a suponer sobre el papel inversiones por un valor superior a los mil millones de euros y la creación de más de medio millar de empleos estables, lo cierto es que el parque eólico de Aragón apenas ha crecido: solo sumó 83 megawatios de potencia instalada entre 2011 y 2015, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, tras haberse duplicado con creces en la década anterior.

Las adjudicaciones provocaron una tempestad en el sector, aunque apenas tuvieron repercusión en el debate político, con los dos principales partidos intercambiando sus puestos en el Gobierno y la oposición mientras el Par iniciaba su quinta legislatura como socio minoritario del ejecutivo.

El concurso adjudicó la explotación de 1.200 megawatios de potencia de los que solo se han instalado 83.

Meses después comenzó un goteo de sentencias, que todavía no ha terminado, en las que se repiten algunas consideraciones: las denegaciones de zona de especial interés, que prácticamente garantizaban el acceso a la autorización del parque debido al sistema de puntuación, ofrecían “poca, o ninguna, explicación que pueda justificar” esa decisión y suponían “una anticipación del resultado definitivo del proceso”; y, por otro lado, “la Administración incurre en arbitrariedad al resolver inmotivadamente sobre la denegación”.

Las sentencias condenan, una tras otra, al Gobierno de Aragón a revisar el resultado del concurso y a reconocer la catalogación de interés especial a las empresas que no obtuvieron autorizaciones. Es decir, a buscar una fórmula para conjugar que unas y otras dispongan de las calificaciones de zona de especial interés para las mismas áreas. Hubo 87 declaraciones de prioridad entre los 472 parques que integraban el concurso.

El Gobierno decide esperar a que finalice la criba judicial del concurso

El Departamento de Economía del Gobierno de Aragón no va a mover ficha por el momento. Prefiere esperar a que finalice la criba judicial –faltan media docena de resoluciones- antes de tomar una decisión, explicaron fuentes de la consejería.
“Esperaremos a que salgan todas las sentencias para decidir”, indicaron.

La consejería tiene ante sí un abanico de alternativas que va desde revocar las concesiones que sean declaradas ilegales a otorgar permisos a las empresas demandantes, pasando por la posibilidad de convocar un nuevo concurso.

Todo, sin descartar que las firmas a las que los tribunales han dado la razón puedan interponer nuevas demandas, ahora contra la comunidad autónoma, en las que reclamen indemnizaciones por el lucro cesante que les provocó la decisión. La eventual cuantía de estas, no obstante, se vería reducida tras el aval del Constitucional a los recortes que el Gobierno del PP aplicó a las primas de las renovables.

Las mismas fuentes apuntaron a un nuevo elemento que entró en escena hace unas semanas. Dos empresas vinculadas a los hermanos Samper –Grupo Jorge y Forestalia- se hacían con la autorización para evacuar a la red de distribución 400 de los 500 megawatios que sacaba a subasta el Ministerio de Industria. “¿Qué van a hacer con ellos? El Gobierno no puso condiciones de ubicación”, señalan en el ejecutivo aragonés, que apuntan a este factor como uno de los que pueden tener influencia en el futuro mapa energético aragonés. Y también en el estatal.