Como muy tarde, en la primavera de 2026 debería estar adaptada y aprobada en España la llamada directiva Wölken-Bolaños García. Esta legislación europea, aprobada en febrero de 2024, reconoce la erosión democrática que supone la sistematización de demandas contra la protesta civil y pretende proteger a activistas, periodistas, asociaciones, ONG o, en general, a personas que realizan acciones de participación pública de “demandas judiciales manifiestamente infundadas o abusivas” por parte de poderes fácticos, como grandes empresas u oscuros grupos de presión económicos, religiosos o ultraderechistas, entre otros.   

Estos ataques de fondo autoritario buscan el desgaste de quienes encarnan la vigilancia de los sistemas democráticos y la denuncia de abusos, privilegios o violaciones de derechos humanos y libertades y son conocidas como SLAPP (por las siglas en inglés de Strategic Lawsuit Against Public Participation) El conocimiento de las “demandas estratégicas contra la participación pública”, las SLAPP en castellano, está bastante extendido entre el activismo en España, pero mucho más silenciado por el periodismo, pese a que el oficio las sufre cada vez de forma más intensa, coordinada, financiada y proporcional al ascenso en el poder político de la ultraderecha de Vox, cuyos satélites ideológicos suelen ocuparse de la ejecución de las SLAPP ante los tribunales, además, con la complicidad de ciertos canales mediáticos para darles la voz y la cobertura democrática que no tienen, como reconoce la propia Comisión Europea.

En una entrevista de Marc Font en Público, el periodista Francesc Ràfols explicaba que la finalidad de la directiva europea para proteger de las SLAPP es que este tipo de demandas abusivas sean reconocidas y rechazadas por los propios jueces al detectar cuál es su intención real: no se trata tanto de que el demandante gane como que la larga duración de estos procesos provoque el desgaste personal y económico del demandado, así como su autocensura y la de quienes ejercen una labor como la suya. Otra cuestión aparte en España es la connivencia ideológica de demasiados jueces con estos grupos antidemocráticos que ejecutan las SLAPP, llámense Abogados Cristianos, Manos Limpias o Hazte Oír, cuando no dudan en aceptar esas demandas y entrar en procesos larguísimos y muy costosos para los demandados, sean activistas, periodistas, políticos de izquierdas o denunciantes de corrupción política y empresarial. Hay ejemplos de sobra que ustedes reconocerán enseguida recogidos en el libro de Ràfols y Dardo Gómez Guerra judicial a la verdad. Las SLAPP (Akal); también en esta interesante conversación de la periodista Lourdes Lancho con los afectados por las SLAPP Jaime Palomera, Magda Bandera y Manuel García, y la abogada penalista Laia Serra en el programa A vivir que son dos días (Ser) puede conocerse la virulencia de estas demandas infundadas y sus costes personales, laborales o el impacto muy negativo en las denuncias y las luchas colectivas por la democracia.

Es imprescindible -lo ha sido siempre, pero hay que elevarlo a la categoría de máxima prioridad por el escenario sociopolítico en el que nos movemos- que los medios de comunicación periodísticos no conniventes con los poderes antidemocráticos nos unamos en el señalamiento y denuncia de estas estrategias y la complicidad con ellas de partidos, políticos y/o funcionarios y exijamos la aprobación de la directiva europea en 2026 y cuanto antes. Nos va la democracia -y a algunos, la vida- en ello.