El Gobierno rechaza la ley de El Cabanyal

El Gobierno lanzó ayer su primer aviso al nuevo desafío al Ejecutivo del presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, con el derribo del barrio de El Cabanyal como excusa. Los servicios jurídicos del Estado estudian ya "la validez jurídica" del decreto ley que Camps aprobó el jueves con urgencia para sortear la orden del Ministerio de Cultura que prohíbe el "expolio" del barrio a través de su demolición.

La abogacía del Estado trabaja ya en el caso. "Una vez tengamos esa evaluación técnica, actuaremos" anunció el ministro de Justicia, Francisco Caamaño. "Si de ese análisis se derivara algún tipo de inconstitucionalidad, obviamente, el Gobierno actuaría", señaló. Sentada a su lado, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega,que es diputada por Valencia, recordó que el derribo de El Cabanyal "está paralizado en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo".

Barberá insinuó que Cultura ha cometido "prevaricación"

De la Vega encerró entre interrogantes su análisis político de la insumisión del Gobierno de Camps: "Es la Generalitat la que tiene que explicar por qué desafía y discute las decisiones de los jueces. Por tanto, será la que tenga que explicar por qué tiene tanta prisa en derribar un barrio histórico para construir otro nuevo en su lugar".

Por su parte, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, convirtió ayer el Ayuntamiento en una trinchera contra el Gobierno central a propósito de la orden de Cultura. En el clímax de una intervención enardecida, afirmó que la ministra Ángeles González Sinde "podría haber cometido un delito de prevaricación" por firmar este dictamen. "Los servicios jurídicos estudiarán su posible responsabilidad penal", sentenció.

No fue la única declaración subida de tono. Antes, se despachó en contra de la decisión de Cultura definiéndola como "exabrupto administrativo con pretensiones de ser letal", "terremoto" y "brioso trote del caballo de Pavía sobre la legalidad de la Generalitat y el Ayuntamiento". Bajo este ciclón, hasta la figura del vicepresidente y conseller de Urbanismo, Juan Cotino, quedó empequeñecida. "Dime de lo que presumes y diré de lo que careces", es lo único que alcanzó a pronunciar como respuesta a las críticas del PSOE a la insumisión del PP a algunas leyes o resoluciones estatales. Acto seguido, Barberá le arrebató la palabra para seguir atacando al Ejecutivo central.

La portavoz municipal del PSPV-PSOE, Carmen Alborch, hubo de salir al quite con un comunicado en el que tildó de "intolerables" las afirmaciones de la alcaldesa. "Es una lástima que Barberá persista en el error de la destrucción", aseguró Alborch. En la misma línea se pronunció la portavoz de la asociación vecinal Salvem el Cabanyal, Maribel Doménech: "Impediremos de manera pacífica que dañe las casas y acudiremos inmediatamente a los juzgados".

La primera edil se niega a aceptar la paralización del plan y amenazó ayer con nuevos derribos en el barrio. Para agilizarlos, se reunió con los responsables de Cabanyal 2010, sociedad pública con oficina en el barrio y encargada de la compra y demolición de inmuebles. El jueves, el pleno del Consell le otorgó "la condición de medio propio y servicio técnico de la Generalitat valenciana" para que acceda a 52 millones de euros provenientes del Plan Confianza que impulsa el Gobierno valenciano.