Los ingresos públicos de los duques de Palma en la etapa de Nóos son secretos

La investigación judicial que afecta a dos empresas de Iñaki Urdangarin Nóos Consultoría Estratégica SL y Aizoon SL no ha resquebrajado la política de secreto que envuelve las cuentas de la familia real, financiada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que este año le asignan 8,43 millones de euros. Público preguntó a los portavoces de la Casa Real qué cantidad procedente de los PGE recibieron los duques de Palma entre 2003 y 2006, periodo en el que el esposo de Cristina de Borbón permaneció ligado al Instituto Nóos, la entidad sin ánimo de lucro que captó más de cinco millones de la Generalitat valenciana y el Govern balear y a la que el juez del caso Palma Arena describe como una tapadera para "apoderarse" de fondos públicos.

La respuesta de la Casa Real a la solicitud de información fue negativa. El rey, dijeron las fuentes consultadas recordando el artículo 65 de la Constitución, "recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su familia y Casa, y distribuye libremente la misma". La Carta Magna no dice en ningún momento que esa libre distribución deba realizarse en secreto.

La Casa Real informa de que las infantas cobran en función de los actos a los que van

Las fuentes consultadas en la Casa Real sí aclararon que sólo los monarcas y los príncipes de Asturias sufragan todos sus gastos con cargo a las cuentas del Estado. Las infantas, en cambio, reciben una asignación variable "para compensar los gastos en que incurren cuando acuden a actos en representación de la familia real". Es decir, perciben una especie de dietas. ¿Y a cuánto ascendieron las de la hija menor del rey en el periodo 2003-2006? "Lo que el rey haya dispuesto", fue de nuevo la respuesta. A lo largo de ese cuatrienio, el Estado destinó a la Corona 31,01 millones de euros.

Además de la partida destinada al sostenimiento del rey y su Casa, los Presupuestos incorporan más dinero para la familia real. Pero cuantificarlo resulta imposible: ningún departamento gubernamental detalla, por ejemplo, qué viajes corresponden al monarca o su familia, ni cuánto cuesta el dispositivo de seguridad. La Casa Real, alegan sus portavoces, "funciona como un ministerio". Y de la partida visible que las cuentas públicas reservan para los Borbones se pagan "desde la informática a los banquetes oficiales". La diferencia estriba en que el devenir económico de cualquier ministerio está sujeto al control de la oposición y el Gobierno y el de la Casa Real, no.

Comparada con otros países de su entorno, España se ha convertido en un modelo de opacidad por lo que respecta a las cuentas y actividades profesionales remuneradas de la familia del jefe del Estado. En Reino Unido, un país de larga tradición monárquica cuyo único episodio republicano se remonta al siglo XVII, la Casa Real publica cada año un informe sobre sus finanzas. El documento, que detalla incluso las retribuciones anuales asignadas a los miembros secundarios de la familia Windsor, puede consultarse en esta dirección. Mientras, en España, la legislatura ha vuelto a finalizar sin la prometida ley de transparencia. Y, en cualquier caso, ni PSOE ni PP prevén garantizar por ley el libre acceso ciudadano a la información relacionada con la Corona.

Cristina de Borbón percibió entre 2003 y 2006 "lo que el rey haya dispuesto"La ausencia de datos oficiales cierra la puerta a cualquier intento de analizar los ingresos globales de los duques de Palma en el cuatrienio 2003-2006. Sólo es posible extraer conclusiones sobre la evolución de la empresa cuyos títulos comparten Aizoon SL, creada como inmobiliaria y reconvertida luego en consultoría y de Nóos Consultoría Estratégica, donde Urdangarin fue socio fundador y que aparece administrada por Diego Torres, ya imputado en un caso donde el juez investiga los presuntos delitos de falsedad, prevaricación, fraude a la Administración y malversación. Entre 2003 y 2006, ambos ejercicios incluidos, Nóos Consultoría y Aizoon generaron una facturación global de 5,01 millones de euros. Y registraron beneficios netos conjuntos por 1,3 millones.

Fue en el comienzo de ese periodo, según el juez del caso Palma Arena, cuando Urdangarin se incorporó a Instituto Nóos en calidad de "administrador".

La monarquía británica publica cada año un informe con sus cuentas

En noviembre del año siguiente sigue relatando el magistrado en el auto por el que autorizó los registros de empresas nucleadas en torno a Instituto Nóos, el exdeportista avanzó al puesto de presidente de la asociación. En junio de 2006, abandonó formalmente Instituto Nóos. Según los investigadores del caso, dos empresas de Urdangarin obtuvieron entre 2004 y 2006 una cantidad no inferior a 1,5 millones de euros gracias a trabajos facturados a Instituto Nóos. En resumen, la entidad sin ánimo de lucro presidida por Urdangarin logró a dedo contratos o convenios públicos para cuya ejecución subcontrató a sociedades donde participaba Urdangarin como empresario privado.

Desde que el lunes de la semana pasada trascendió la existencia de la operación Babel, como denominó la Policía el alud de registros ordenados por el juez Castro, la Casa Real sólo se ha pronunciado para expresar su respeto al trabajo judicial. El viernes por la noche, la agencia Efe difundió desde Washington un escueto comunicado de Urdangarin donde el yerno del rey aseguraba que defenderá "su honorabilidad e inocencia" desde la con-vicción de que su actuación profesional "ha sido siempre correcta".

Urdangarin dice ser inocente pero no explica por qué hizo negocio con su ONG

Pero, con independencia de la relevancia penal que alcance finalmente el caso y de que Urdangarin resulte imputado o no, la Casa Real no ha abordado aún la vertiente ética del asunto. En otras palabras, no ha explicado por qué el yerno del rey decidió desdoblarse para obtener beneficios privados a través de una asociación supuestamente dedicada al interés público.