Siete vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), todos ellos nombrados a propuesta del PP, forzaron ayer la celebración de un pleno extraordinario para resolver el expediente de suspensión cautelar de funciones del juez Baltasar Garzón. El presidente, Carlos Dívar, fijó la reunión plenaria para mañana con ese único punto en el orden del día.

Los vocales que han instado la celebración del pleno, Manuel Almenar, Gemma Gallego, Antonio Dorado, Antonio Montserrat, Miguel Collado, Pío Aguirre y Claro José Fernández, consideran que el auto de apertura de juicio oral notificado ayer por el Tribunal Supremo obliga a la suspensión automática del juez Garzón.

Sólo la comisión permanente decidirá si autoriza que el juez se vaya

El pleno resolverá en primer lugar la recusación de la vocal Gemma Gallego, planteada por Garzón al considerar que le profesa 'enemistad manifiesta', y la abstención del vocal José Manuel Gómez Benítez, que al haber sido abogado del juez de la Audiencia Nacional se aparta de los asuntos que le conciernen. Los que ya quedaron excluidos del debate fueron Fernando de Rosa y Margarita Robles.

Una vez aclarado ese punto, los vocales empezarán a discutir sobre la procedencia de suspender de funciones al juez Garzón. Una medida prevista por la ley para apartar de la jurisdicción a los jueces a los que se va a juzgar por alguna causa, para evitar que pueda seguir delinquiendo.

En el caso de Garzón se da la circunstancia de que él mismo ha demostrado que se quiere apartar de esa labor al haber solicitado que se le declare en situación de servicios especiales para poder irse a ejercer como consultar externo de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI).

Hay criterios distintos sobre los servicios especiales según los cargos

La comisión permanente, reunida ayer, decidió admitir su solicitud 'como consecuencia de la invitación recibida' y para resolverla dispuso dirigirse 'a la mayor brevedad posible' a la Fiscalía de la CPI para que 'concrete la fórmula de colaboración objeto de la invitación cursada, así como el estado en que se encuentra esta iniciativa'.

También se ha solicitado al Ministerio de Exteriores la preceptiva 'declaración de interés' y al servicio de Inspección y de Personal del Consejo General del Poder Judicial informes sobre el estado del Juzgado Central de Instrucción número 5 y 'antecedentes de peticiones de similar naturaleza'.

Si la documentación llega al Consejo hoy, se celebrará una comisión permanente extraordinaria para ver si se concede la autorización solicitada por Garzón. Pese a la premura del requerimiento, las fuentes consultadas consideraron perfectamente factible que todos los documentos pedidos lleguen al CGPJ a tiempo.

Si no es así, habrá que determinar si es posible conceder a Garzón la situación de servicios especiales, pese a estar suspendido. Y aquí hay disparidad de criterios. Mientras algunos creen que es incompatible, otros consideran que hay diferencias a la hora de resolver esta solicitud cuando se trata de un cargo nacional o internacional. Es decir, según algunas fuentes, para los nacionales, la suspensión es incompatible con la concesión de los servicios especiales, pero lo que solicita Garzón es permiso para asesorar a la Fiscalía de la CPI.

Aunque haya pocas cosas claras, en cualquier caso, el panorama es mucho más halagüeño que el que se respiraba ayer por la mañana en la Audiencia Nacional, donde parecía que la única fórmula que le quedaría a Garzón para marcharse a La Haya sería a través de una excedencia, lo que le obligaría a perder su plaza en el Juzgado Central de Instrucción número 5.