'Inexplicable' e 'injustificable' son algunos de los adjetivos que las asociaciones de jueces y fiscales han dedicado a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial introducida por vía de enmienda en la ya de por sí polémica Ley de Agilización Procesal. El cambio prevé que los jueces y fiscales que ocupen puestos políticos de responsabilidad queden en situación de servicios especiales, en vez de excedencia voluntaria como hasta ahora, lo que les permite no perder antigüedad y, por tanto, su puesto en el escalafón.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Jueces para la Democracia (JpD) y Francisco de Vitoria (FV) coinciden en criticar reformas, como la aprobada, porque creen que 'merman inevitablemente la visión que la ciudadanía tiene sobre la independencia de los miembros de la carrera judicial, ya que puede generar razonablemente la sospecha acerca de si se están remunerando servicios prestados', en palabras de JpD. Esta asociación añade que, al ser sus 'efectos retroactivos, además, perjudica las legítimas expectativas jurídicas de otros compañeros de carrera'.

Las asociaciones critican la reforma de la ley introducida vía enmienda

Entre las asociaciones de fiscales no hay unanimidad. La conservadora Asociación de Fiscales muestra 'su preocupación' por la aprobación sin los preceptivos informes del Consejo Fiscal y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y recuerda el caso Vera por el que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, condenó a España. Esa resolución se refería al caso GAL investigado por Baltasar Garzón cuando volvió a su juzgado tras dejar el Ministerio del Interior.

La única asociación que comparte la reforma y cree que no se puede perjudicar a las personas 'que se dedican al interés público' es la Unión Progresista de Fiscales (UPF), de la que fue portavoz uno de los que podrían resultar beneficiados con la reforma, el ministro del Interior, Antonio Camacho, quien no tiene previsto retornar a la carrera fiscal, porque ya se ha anunciado que encabezará la lista del PSOE por Zamora.

Creen que merma la imagen de independencia de la Justicia

En lo que la presidenta de la UPF, María Moretó, sí coincide en la crítica es en considerar 'un sistema poco transparente' el que se introduzca la reforma por vía de enmiendas en el tiempo de descuento de su tramitación parlamentaria. Una práctica que ya se ha puesto a prueba con distinto resultado. Fue el sistema elegido para el último endurecimiento de la Ley del Menor y también se trató de utilizar para modificar el secreto sumarial en la ley con la que el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, quiere agilizar el trámite procesal.

Marcelino Sexmero, portavoz de Francisco de Vitoria, dijo a este diario que es una iniciativa hecha 'con nocturnidad y alevosía', que otorga 'un privilegio indebido a quien cumple un servicio en la política'.

Para Pablo Llarena, de la APM, el sistema vigente hasta ahora servía para 'disuadir' a los jueces ante la posibilidad de marcharse a la política, y 'favorecerlo es un error'. A su juicio, 'no es conveniente que los jueces estén en la política comprometiendo su imparcialidad'.

Pilar Jiménez Bados, de la Asociación de Fiscales, sostiene que el tránsito por la política de jueces y fiscales 'afecta a la imagen de imparcialidad' de ambas carreras, lo que 'aumentará la desconfianza de los ciudadanos en quienes imparten' Justicia.

Desde la UPF se asegura que la 'independencia es tan personal', que el no haber abandonado nunca el juzgado o el destino no la garantiza, por lo que el mérito de ser juez o fiscal para ser ministro no debe suponer luego un perjuicio.

JpD sostiene haber defendido siempre 'la importancia de la Política con mayúsculas' que 'exige la toma de decisiones no partidistas en todo aquello que afecta a la estructura institucional del Estado'.