El juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, investiga en el paraíso fiscal de San Cristóbal y Nevis las sociedades de la trama Gürtel que pudieron servir para gestionar un pago de 150.000 euros al ex tesorero del PP e imputado en la causa, Luis Bárcenas. A esa isla del Caribe ha conducido uno de los rastros del dinero de la corrupción que Francisco Correa y sus colaboradores sacaban de España para borrar su origen y que luego reingresaban en el país a través de inversiones inmobiliarias.

El camino que llevó a los investigadores a la isla de Nevis se inició en el despacho que tiene en Madrid el abogado José Ramón Blanco, artífice desde 2005 de la ingeniería financiera que la trama utilizaba para blanquear en el extranjero el dinero obtenido. En el bufete, la policía encontró una hoja manuscrita con anotaciones que, según los investigadores, aluden al reparto de un pago de '50 MM' (50 millones de pesetas, 300.000 euros) entre Paco Correa ('PC') y el ex tesorero del PP ('LBárcenas'). La nota estaba dentro del archivador de la sociedad Rustfield Trading Limited, domiciliada en Londres.

La isla caribeña esconde empresas con sede en Reino Unido

El juez Pedreira remitió una primera comisión rogatoria a San Cristóbal y Nevis en abril de 2009 informando a sus autoridades de que cinco sociedades pertenecientes a la red de Francisco Correa estaban domiciliadas en su territorio. Eran, en realidad, matrices de otras tantas empresas radicadas en Reino Unido. Una de esas empresas es Pacsa Limited, sociedad matriz de Rustfield Trading, la que daba nombre al archivador que guardaba el indicio de pago a Bárcenas.

El magistrado aportaba el nombre de una treintena de imputados para conocer si alguno de ellos abrió cuentas, fue autorizado para operar en ellas o es beneficiario de cantidades que saliesen de las mismas. También quería conocer el posible alquiler de cajas de seguridad, instrucciones sobre entrega o recogida de correspondencia bancaria, préstamos o tarjetas de crédito asociadas a las cuentas. De las sociedades aportadas (Pacsa, Fountain Lake, Forevermore, Walking Tall y Kitty Hawk) solicitó escrituras, poderes otorgados y sucesivas modificaciones. Por último solicitaba el bloqueo de cuentas, cajas de seguridad y productos financieros asociados a esas empresas.

El pago al ex tesorero del PP pudo proceder de una firma inglesa

Recientemente, el magistrado Antonio Pedreira se ha vuelto a dirigir a San Cristóbal y Nevis para aportar dos nuevos datos, surgidos de sus avances en las investigaciones. El primero, que toda la información que pretende está eConserva despacho en la sede del partidon Morning Star Holding, sociedad que alberga a las matrices de, a su vez, otras empresas radicadas en Reino Unido. El segundo, cuatro nuevos nombres, colaboradores británicos de la trama Gürtel que han sido imputados: Marylin Otton, David Carey, Jason Williams y Carl Williams.

Estos cuatro imputados británicos se suman a otros cinco de nacionalidad estadounidense, a los que su situación al frente de las sociedades interpuestas o en la gestión de los fondos procedentes de la corrupción ha implicado en la causa. De hecho, la argucia financiera por la que sociedades radicadas en Reino Unido escondían a sus matrices en San Cristóbal y Nevis tenía su espejo en otra desarrolla-da entre Estados Unidos y el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes.

A pesar de la escasa colaboración que estos territorios prestan a las investigaciones fiscales, los datos procedentes de la isla Nevis podrían arrojar luz sobre el papel en la trama Gürtel de Luis Bárcenas, imputado por cohecho y fraude fiscal, causa que sigue el Tribunal Supremo debido a la condición de aforado del senador del PP. Según El País, los 150.000 euros que habría recibido Bárcenas pueden ser los mismos que su esposa, Rosalía Iglesias, invirtió en la construcción de 16 viviendas de lujo en Majadahonda a través de Proyecto Twain Jones, al frente del cual está Jacobo Gordon, el amigo de Alejandro Agag que también está imputado. Otros países reticentes tradicionalmente a colaborar con la Justicia, como Mónaco o Suiza, han satisfecho ya una parte importante de los requerimientos del magistrado Pedreira sobre traslado de fondos y bloqueo de cuentas.

Su escaño y sus cargos en el Senado, intactos

Hace ya más de un año que Luis Bárcenas fue vinculado por el juez Baltasar Garzón a la presunta trama de corrupción. El 15 de junio de 2009, el juez Pedreira acordó remitir la causa al Supremo y, días después, el Alto Tribunal consideraba que había indicios suficientes para investigarlo. Pero esta actividad en los tribunales no ha tenido efecto en la situación política del hombre al que Rajoy aupó a la tesorería del partido en 2008, después de que ejerciera durante 20 años como gerente. Bárcenas sigue ocupando su escaño en el Senado. Y la cosa no se queda ahí. Ejerce como responsable de las finanzas del Grupo Parlamentario Popular en la Cámara Baja, lo que le permite tener un hueco como vocal en su consejo de dirección. 

Conserva despacho en la sede del partido 

No fue hasta finales del mes de julio del año pasado cuando Luis Bárcenas presentó su dimisión como tesorero de la formación conservadora. Habían sido meses de enorme tensión y un amplio sector del partido demandaba a Rajoy que se deshiciese de su tesorero o que le forzase a dimitir. En un comunicado, la dirección nacional del partido confiaba en la inocencia del hombre que controlaba sus fianzas 'y en que así se demostrará en los tribunales', por lo que calificaba la renuncia de 'transitoria'. La fe de los conservadores en que la evolución del caso será positiva para su tesorero es tal que este sigue conservando su despacho en la sede nacional del PP. Y hoy, siete meses después de su dimisión, no ha sido sustituido. 

El PP corre con los gastos de su abogado 

El último de los grandes privilegios de los que goza Luis Bárcenas en el partido está indisolublemente ligado a su imputación en este escándalo de corrupción. Y es que la formación presidida por Mariano Rajoy ha decidido correr con los gastos que está acarreando su defensa por la imputación en la ‘Gürtel'. El partido no lo ha ocultado. Cuando saltó la noticia, fue la número dos del partido, María Dolores de Cospedal, la encargada de confirmarlo. Y de justificarlo. Dijo que la formación pagaba a Bárcenas la defensa jurídica por la dedicación del ex tesorero al PP en los últimos 30 años. Lo que no aclaró la secretaria general fue por qué se corre con los gastos de esta defensa y no con la de otros imputados en la ‘Gürtel'.