La Justicia duda de que el recorte a los funcionarios sea constitucional

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional tiene "dudas sobre la constitucionalidad" del Real Decreto 8/2010 de 20 de mayo, por el que se rebajó el sueldo a los funcionarios. Entiende que las medidas extraordinarias adoptadas para la reducción del déficit público pueden afectar al contenido esencial del derecho a la libertad sindical en relación con el derecho de negociación colectiva. Por eso, concede diez días a las partes para que aleguen si creen necesario plantear una cuestión de constitucionalidad.

La Sala, formada por su presidente, Ricardo Bodas, y los magistrados Manuel Poves y Enrique Félix de No Alonso-Misol, ha acordado por unanimidad este trámite, porque el fallo que deben dictar para resolver la demanda colectiva presentada por los funcionarios de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre contra el recorte salarial "depende de la validez" del real decreto. "No siendo posible, a nuestro juicio, acomodar por otra vía interpretativa dichos preceptos al ordenamiento constitucional", se justifica el tribunal.

La decisión que se adopte influirá en la reclamación de más funcionarios

El procedimiento que tiene entre manos la Audiencia afecta a un número muy reducido de funcionarios, en concreto, a los que trabajan en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (alrededor de 1.800), pero, en cualquier caso, la decisión que adopte se extenderá a las demandas emprendidas por prácticamente todas las empresas públicas cuyos convenios se han visto afectados por el recorte.

Los artículos con los que puede chocar el real decreto son el 7, el 28.1 y el 37.1 de la Constitución. El primero establece que los sindicatos y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. El segundo salvaguarda la libertad sindical, y el 37 dice: "La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios".

La providencia hecha pública ayer también plantea que se ha visto afectado el derecho de igualdad, previsto en el artículo 14 de la Constitución, por la disposición novena del real decreto, que excluye de la re-ducción de sueldo "al personal laboral no directivo de las entidades públicas empresariales RENFE, ADIF y AENA".

Los empleados del Banco de España y Puertos están en la misma situación

Por eso la fiscalía, la abogacía del Estado, CCOO, UGT y el sindicato SATNP en la Fábrica de Moneda y Timbre no sólo tienen que pronunciarse sobre si entienden vulnerado el derecho a la libertad sindical, sino también si ven afectado el derecho de igualdad por la exclusión de dichas empresas.

La decisión de pedir informes a las partes no permite adelantar la resolución que finalmente adoptará la Sala. Si tras escuchar a los personados en el procedimiento, el tribunal comparte sus sospechas de inconstitucionalidad elevará la cuestión al Tribunal Constitucional (TC), que tendrá la última palabra como máxima intérprete de la Carta Magna.

El Gobierno insiste en la legalidad de la rebaja salarial acordada en mayo

La reacción de los sindicatos al conocer la providencia de la Audiencia Nacional ha sido muy optimista. Aunque saben que no será hasta dentro de 15 o 20 días cuando la Sala de lo Social se pronuncie definitivamente sobre la constitucionalidad o no del recorte salarial, ambas centrales se muestran convencidas de que la resolución final de la Audiencia les será favorable.

"Nuestra valoración es muy buena, es lo que habíamos solicitado", dijo ayer el responsable jurídico de la Federación de Servicios de UGT, Félix Pinilla. "Es clave para nuestra estrategia jurídica", reconoció por su parte el secretario de Política Sectorial FSC-CCOO, José Francisco Fernández.

Y es que el pronunciamiento será de especial importancia, ya que muchos otros recursos que afectan al personal laboral sobre la misma cuestión aguardan en la Sala de lo Social. Entre ellos, el Banco de España, Puertos del Estado, la televisión y radio públicas de Andalucía, y varias mutuas. La lista de las entidades que no recurrieron es escasa, ya que UGT y CCOO denunciaron masivamente. "Entendemos que lo que se plantee en este caso servirá para los demás", explica Pi-nilla. Afectaría, por tanto, a miles de empleados públicos. En el caso del funcionariado, los recursos se deciden en la Sala de lo Contencioso, pero, según los sindicatos, también podría influir en ellos la decisión que tome la Audiencia.

El Gobierno reaccionó agarrándose al Estatuto Básico del Empleado Público, que prevé la posibilidad de suspender o modificar los pactos o acuerdos alcanzados con los sindicatos "de manera excepcional por interés público", según dijeron fuentes gubernamentales a Ep.