La Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado al juez Santiago Pedraz admitir a trámite la querella presentada por Dignidad y Justicia contra el alcalde de Arrigorriaga (Vizcaya), el peneuvista Alberto Ruiz de Azúa, por mantener en el municipio una plaza con el nombre del miembro de ETA José Miguel Beñaran Ordeñana, Argala, muerto en 1978 por una bomba atribuida al Batallón Vasco Español.

La decisión sólo afecta a esta querella, no admitida a trámite por Pedraz el pasado 14 de marzo, pero anuncia cómo va a actuar la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el futuro ante otras similares. Actualmente hay 11, nueve de ellas presentadas por Dignidad y Justicia.

La mayoría de los jueces de instrucción y la Fiscalía consideraban que el cambio del nombre de las calles dedicadas en el pasado a etarras correspondía a la vía administrativa, y que no se puede imputar a la Corporación municipal actual por una decisión adoptada hace años por una anterior.

Sin embargo, tanto ayer en el caso de Arrigorriaga, como el pasado mes de diciembre con Santa Coloma de Cervelló (Barcelona), municipio en el que el año pasado se llamó una calle con el nombre del independentista catalán Jaume Martínez Vendrell, condenado por el asesinato del empresario José María Bultó, la Sala de lo Penal ha declarado que esta actuación es constitutiva de un delito de enaltecimiento del terrorismo que hay que investigar.

Exaltar, alabar o elogiar

El auto de la Sección Tercera de lo Penal, del que ha sido ponente el magistrado Guillermo Ruiz Polanco, explica que 'enaltecer no es otra cosa que engrandecer o exaltar y alabar o elogiar, aceptando que el ordinario entendimiento de la colocación en un lugar público de una placa dedicada a persona determinada' tiene 'la finalidad de enaltecer, ensalzar u homenajear a aquélla, no de menospreciarla'.

El auto añade que ante una querella de estas características 'no es la mera competencia'-administrativa o penal- la que debe plantearse para quitar la placa en cuestión, sino que se debe investigar el delito denunciado.

El juez Fernando Grande-Marlaska también se basó en la tipicidad del hecho para admitir el lunes otra querella similar contra la alcaldesa de Hernani (Guipúzcoa), Marian Beitialarrangoitia, de ANV. La imputa un delito de enaltecimiento del terrorismo por mantener en el municipio una plaza llamada Gudarien (del soldado vasco, en euskera) y una calle denominada José Aristimuño, Pana, condenado por el asesinato del comandante Jesús Velasco Zuazola.