La Ley de Memoria Histórica que ha pactado el PSOE con el resto de grupos salvo el PP y ERC no supone de hecho la anulación ni la revisión de las sentencias del franquismo, según explicó a este periódico un responsable del Gobierno que ha participado en la negociación.

Según esta fuente oficial, la norma supone la declaración expresa de ilegitimidad de todos las sentencias dictadas durante el franquismo, de forma genérica. No hay referencias a anulación ni a revisión automática de ninguna de ellas. Los afectados y sus herederos sí tendrán un instrumento jurídico para poder invocarlo ante el Ministerio de Justicia, para lograr la declaración de ilegitimidad de las sentencias en las que se haya producido persecución por motivos políticos, ideológicos o religiosos. Esa declaración no tiene efectos jurídicos, más allá de la declaración del carácter injusto de la sentencia.

Posteriormente, cada afectado podrá decidir si pide luego la revisión de las sentencias, posibilidad que ya existe en este momento. El Gobierno entiende que no ha de haber valancha alguna ante el Tribunal Supremo, porque hasta ahora tampoco se ha producido, a pesar de que ya era posible la revisión de condenas.

De hecho, en los últimos años, el Supremo ha estudiado recursos concretos contra procedimientos judiciales de la Dictadura. Por eso, el Gobierno considera que no ha traspasado la línea roja que se marcó al inicio de la negociación, frente a IU que pretendía la anulación de todas las sentencias.

Respecto a la derogación de las leyes franquistas, el Gobierno admite que la Constitución,en su disposición derogatoria anula la vigencia de las normas franquistas precedentes con mención expresa a lo Principios del Movimiento. Se proclama la derogación de 'cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en la Constitución'. Ahora se buscan dos objetivos: uno pedagógico y otro de derogación expresa, con 'más fuerza política que jurídica', según dicha fuente.

Con respecto a las ayudas a las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, el Gobierno explica que dichas indemnizaciones se llevan aprobando durante 30 años de forma dispersa en distintas normas. Eso ha hecho que se produzcan desigualdades y diferencias que se intentan subsanar ahora. Por ejemplo, en 1992 se aprobaron indemnizaciones para quienes fueron privados de libertad, exigiendo que hubiera una resolución o sentencia. Es decir, se excluían otros supuestos como los que estuvieron en batallones disciplinarios, sin mediar resolución. Esas situaciones, además de la reparación moral, se pretenden subsanar según el Ejecutivo.

El proyecto de ley será aprobado hoy por la ponencia y el próximo miércoles por la Comisión Constitucional del Congreso, para llevarlo al Pleno del día 30 de octubre.

CiU, según explicó ayer Josep Antoni Durán Lleida, sostiene que aún no está cerrado el acuerdo. Sin embargo, fuentes del Gobierno y del PSOE lo dan por totalmente cerrado, a falta sólo de cerrar la redacción definitiva.

El PNV, como es sabido, mantendrá viva la enmienda que pide la devolución al País Vasco de documentos del Archivo de Salamanca, según reiteró ayer mismo la portavoz del Gobierno vasco, Miren Azkarate.

El portavoz socialista, Diego López Garrido, reiteró ayer que su grupo intentará que 'los dos extremos' que en este asunto están representados por ERC y PP.