El Gobierno está a punto de reunir los apoyos suficientes para sacar adelante el proyecto de Ley de Memoria Histórica, uno de los símbolos de la legislatura y sobre el que Zapatero ha hecho bandera en los últimos años. El Gobierno sigue negociando contra el reloj, pero cree posible tener, al menos, el apoyo de Izquierda Unida y CiU y el respaldo parcial del PNV.

El equipo negociador del Gobierno lo encabeza el secretario de Estado de Relaciones conlas Cortes, Fran Caamaño, y ya ha logrado notables avances en las últimas horas. No hay plazos tasados, pero según los cálculos del Gobierno deberá estar aprobada en el Congreso a principios de octubre, para que tenga un margen de dos meses para su ratificación en el Senado. Ambas partes acordaron darse un respiro hasta la próxima semana y seguir reflexionando sobre sus posiciones.

Con IU sólo queda un escollo mínimo para precisar el alcance de la declaración de ilegitimidad de las sentencias del franquismo y la Guerra Civil. Con CiU también se ha avanzado, pero con el PNV se mantiene una diferencia insalvable sobre el Archivo de Salamanca. Las líneas rojas que el Gobierno no está dispuesto a traspasar son que la anulación de sentencias sea genérica y sin efectos jurídicos individualizados y que no se muevan más documentos de ese archivo.

Votación por artículos

No obstante, fuentes del PNV aseguran que están dispuestos a apoyar el resto de la ley y mantener su enmienda hasta el final. Como no es ley orgánica no es precisa una votación global de todo el artículado y puede aprobarse artículo a artículo con el apoyo de IU, CiU y PNV. Con ERC no hay abiertas negociaciones porque los independentistas consideran la ley muy insuficiente y, como es sabido, el PP ve innecesaria una norma de este tipo.

Desde que el texto llegó al Congreso, el Gobierno ha aceptado ya modificaciones sustanciales. Así, a instancias de IU ha incluido en la exposición de motivos una referencia a la condena a la dictadura aprobada en la Comisión Constitucional del Congreso en 2002 y otra de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de 2006. Se negocia una condena expresa para incluir en ese apartado.

En el texto que salió del Consejo de Ministros se creaba una comisión a la que había que solicitar la declaración de ilegitimidad de una condena o de una actuación de la administración franquista. IU consideró que se hacía recaer en los ciudadanos el peso de recabar los datos y abría un proceso que podía durar años. Por eso se ha cambiado esa vía por una declaración genérica.

Leyes anuladas

El nuevo texto incluye también una disposición derogatoria de todas las normas represivas de la dictadura, empezando por el Bando de Guerra del 28 de junio de 1936 de la autoproclamada Junta de Defensa Nacional. El PP lo considera innecesario porque la Constitución las anuló de forma implícita y genérica.

También se incluyen ayuntamientos y comunidades para la eliminación de símbolos franquistas y se evita la referencia los bandos de la Guerra Civil.