Mañana larga y aciaga para el Gobierno. Pudo convalidar en el Congreso su tijeretazo de 65.000 millones, el mayor recorte de la historia de la democracia española, pero lo hizo con los únicos votos de apoyo del PP. Ni siquiera en esta ocasión Unión del Pueblo Navarro ejerció de salvavidas y, significamente, se abstuvo. El Ejecutivo no escapó ileso, sino embadurnado de críticas y más críticas de toda la oposición. La grisura y tensión del debate también lo demostró la contención de la bancada conservadora, lejos del "¡que se jodan!" de la pasada semana: comedidísima con los aplausos durante las intervenciones del ministro encargado de defender el hachazo, Cristóbal Montoro, y muda ya durante la votación.

Quien no aguantó el chaparrón en vivo y en directo fue el presidente del Gobierno. Mariano Rajoy estuvo ausente toda la mañana del hemiciclo, y sólo pisó el salón de plenos para la votación, pasadas las dos de la tarde, tras cinco horas y media de debate. La oposición, especialmente el PSOE, le recriminó el escapismo. Fuentes gubernamentales respondieron que el jefe del Ejecutivo mantuvo varias reuniones en la Moncloa mientras discurría el debate. 

Montoro articuló su discurso sobre el yunque que lleva martilleando en los últimos días: sobran servicios públicos porque no se pueden pagar. Así que hay que echar mano de la motosierra. "Hay que renunciar a lo que no es financiable, a lo que no es posible, y hay que explicarlo con claridad, sin subterfugios. Lo que no se puede pagar es ineludible quitarlo, porque lastra la vida de los ciudadanos. Nos conviene hacerlo, nos conviene renunciar si queremos éxitos. Hay que reducir servicios públicos porque nos conviene para crecer". Lo dijo de forma aún más rotunda y desnuda, ahondando en lo que avanzó ayer: "No hay dinero en las arcas públicas para pagar los servicios públicos". El dramatismo con que aderezó el titular de Hacienda su intervención no ayudó a calmar los mercados. Estos pidieron más sangre fresca.  

El Gobierno siguió con sus acometidas a los funcionarios. Este miércoles, el ministro les dijo que corría peligro el pago de sus nóminas. Hoy les dijo que no se "deteriora" el servicio público por hacerles trabajar más horas, dando por sentado que trabajan poco. Les advirtió de que su estabilidad en el empleo no es en modo alguno un "seguro de vida laboral". Les señaló, eufemísticamente, que no se les rebaja su nómina, sino que se ha aprobado un "retraimiento de su paga" extra de diciembre, "que queda postergada a la inclusión en el fondo de pensiones a partir de 2015 de acuerdo con necesidades presupuestarias". Que lo que se hace, en fin, es "asimilar" sus condiciones a las de la empresa privada. Todo tras una semana de protestas continuas y que esta tarde vivirán un momento cumbre con las manifestaciones contra los recortes convocadas en todo el país por los sindicatos. "No son decisiones caprichosas. Estamos reestructurando la economía, estamos reestructurando el sector público", sostuvo el ministro, porque financiar los servicios públicos "con déficit y deuda" es llevar al país "al fracaso y al desencanto". 

Rajoy no aparece en el hemiciclo más que para votar, tras 5 horas de debate

Montoro, en su defensa inicial del decreto ley que rebaja las prestaciones de desempleo y sube el IVA, entre otras medidas, insistió muchísimo en que "es momento de decir las cosas claras", pese a que en todo este tiempo el Ejecutivo ha escondido la letra pequeña de sus ajustes, parte de la cual hubo que descubrirla en el BOE publicado el pasado sábado. Sí reconoció, con meridiana claridad, que si el Gobierno ha dado vía libre al ajustazo, es por las "recomendaciones, que son obligaciones" del Consejo Europeo y del Ecofin. Es decir, que el Gabinete de Rajoy, como ya dijo el presidente a la Cámara, no tiene "libertad" para elegir y que actúa por orden estricta de sus socios europeos.

"Tenemos que dejar parte de nuestras ideas en la orilla"

El ministro disfraza la rebaja a los funcionarios: es un "retraimiento de su paga" de Navidad

Claro que señalar a Europa también tenía una derivada: el Gobierno quiere que se eche la culpa a la UE, intentando hacer ver que el tijeretazo está vacío de ideología. "Actuamos por necesidad, la necesidad es la que marca el camino, la que hace que parte de nuestras ideas queden a la orilla del camino". Por ello, reclamó mucho "realismo" a los grupos –aparte de apoyo, pero ninguno se lo dará al PP–. "Si queremos ser Europa, construir más Europa, tenemos que dejar parte de nuestras ideas en la orilla para hacer de la necesidad virtud". Montoro incluso aludió a la célebre sentencia de José Ortega y Gasset de que "España es el problema y Europa la solución". Se puede parafrasear hoy, dijo, de forma más "lisa y llana": "Los problemas de España se resuelven en Europa porque España es Europa, y Europa no será entendida nunca sin España".

Por lo demás, el ministro glosó las razones de cada una de las grandes medidas contenidas en el real decreto ley, necesarias, señaló, para fomentar el crecimiento y reanimar el empleo frente a la "herencia" recibida de los socialistas. Subrayó con especial dramatismo la caída de los ingresos: 70.000 millones menos desde 2007 a 2012, una "catástrofe recaudatoria".  

Corrección de las plusvalías "para luchar contra la especulación"

El Ejecutivo se muestra impermeable a otras alternativas, aferrado como está a que no hay más camino que sus recortes. Montoro, en su réplica a Alfredo Pérez Rubalcaba –con ello el PSOE quiso significar la importancia del debate–, le desautorizó una de sus propuestas: un impuesto a las grandes fortunas. "Eso es demagogia fiscal", porque las grandes rentas "ya están gravadas". El titular de Hacienda se apoyó en que Europa pide asentar los ingresos más en los impuestos indirectos (y con mayor potencial recaudatorio, como el IVA) y menos en las rentas del trabajo. "España tiene una recaudación del 35% del PIB, el nivel más bajo del mundo desarrollado, siete puntos menos que en 2007. ¿No tuvo responsablidad el Gobierno anterior del fraude fiscal?". 

El Gobierno se escuda en la baja recaudación para aumentar el IVA

Más reproches a Rubalcaba: que el PSOE no se "comprometa" con Europa, haciendo un "flaco servicio a España". Y para sacar pecho frente a los socialistas, Montoro prometió llevar a la Cámara la "corrección del sistema de plusvalías para luchar contra la especulación", que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero introdujo en su reforma tributaria de 2006, para que ahora el tratamiento fiscal de las mismas sea "equiparable" al de otros países de la Unión Europea.

Al final de réplicas y contrarréplicas, el responsable de Hacienda reclamó a Rubalcaba que "reconsidere" su voto en contra. "Saben por qué lo hacemos, y saben que la alternativa sería peor. No debemos fallar a los españoles".

No hubo reconsideración de la posición del PSOE. El Gobierno dio con sus huesos en la realidad: ningún grupo respaldó su decretazo de recortes: 180 votos a favor, 131 en contra (PSOE, CiU, UPyD, Foro Asturias, Geroa Bai y Coalición Canaria) y una abstención (la de UPN). Pero fuera del hemiciclo, y como habían advertido, estaba la izquierda minoritaria. Toda ella –IU, ICV, CHA, ERC, BNG, Amaiur y Compromís-Equo– plantó al Ejecutivo y se ausentó durante la votación. 

-La oposición en bloque deja a Rajoy solo con sus recortes

CONVALIDADO EL FONDO DE RESCATE A LAS AUTONOMÍAS

El Ejecutivo también se llevó palos en el segundo decreto ley que se votaba hoy, el texto por el que se crea el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). El más inesperado vino de CiU, que en principio sí tenía previsto apoyar el mecanismo de ayuda a las CCAA, al final se abstuvo, espantada por la intervención del diputado del PP Vicente Martínez-Pujalte. Según explicó a la salida el portavoz de la federación en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, con la intervención de los conservadores, apreció que detrás de las condiciones técnicas que impone el Estado a las comunidades que pidan auxilio, se esconde un concepto político de las autonomías que CiU no puede "aceptar", informa Efe. 

El socialista Pedro Saura aseguró que con este texto se "acaba con las CCAA y se ahoga el Estado del bienestar", porque en el "ideario" del PP está hacerlas "desaparecer". ¿Cómo? Apretándolas e imponiéndolas condiciones de ajuste extra muy severas si recurren al FLA. Amenazándolas con tomar el control si no obedecen. "Es un decreto de intervención", glosó Alfred Bosch, de ERC. "Una intervención a lo clásico", no una ayuda, sino un "chantaje", abundó José Luis Centella (IU). Pujalte desacreditó el argumento: "Esto no es quitar autonomía, es sacar adelante CCAA desde este Parlamento. Esto va de ayudar a las CCAA". 

El ministro de Economía, Luis de Guindos, hiló mientras un discurso técnico, y ni siquiera se molestó en contestar ni al PSOE ni al resto de la oposición. El Gobierno, señaló, cumple su "compromiso" de no "dejar caer" a las comunidades con problemas, y al mismo tiempo pone las bases para que las "fuertes" desviaciones presupuestarias en que incurrieron en los últimos años "no se vuelvan a reproducir". 

Finalmente, el decreto ley se convalidó por 182 votos a favor (PP y UPN), 103 en contra (PSOE, Foro Asturias y Geroa Bai) y 27 abstenciones (CiU, UPyD, PNV y Coalición Canaria). La izquierda parlamentaria se ausentó de la votación.