Para empezar los datos fríos: el mismo día que el Gobierno abre la puerta a la dación en pago para las familias más desfavorecidas, incluidas aquellas con todos sus miembros en paro, una de ellas, la de José Francisco Fernández Martínez denuncia que se ha visto obligada a abandonar el piso en el que vive desde 1991 por no pagar el alquiler a la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) de Madrid, propietaria de la vivienda. 

La historia de José Francisco Fernández es como la de otros miles de personas afectadas por la crisis que no pueden hacer frente al pago de un alquiler o una hipoteca, pero con una dosis añadida de dramatismo: enfermo de cáncer, los médicos ya no le dan ninguna esperanza.

Marta, su cuñada, cuenta que después de varios meses ingresado en el Hospital de Tres Cantos, el próximo día 17 de marzo recibirá el alta hospitalaria para poder morir tranquilo en su casa. Pero para entonces ya no tendrá casa: este mismo viernes él y su familia han sido desahuciados de la vivienda de protección que ocupan en régimen de alquiler en la calle Félix Rodríguez de la Fuente, en el barrio madrileño de Moratalaz, tras acumular una deuda superior a 4.000 euros después de años de no pagar las cuotas de la comunidad y del agua del edificio.

"Le van a acortar la vida y va a morir en la calle", denuncia su cuñada Marta, erigida en portavoz improvisada de la familia. Marta cuenta que la familia de José Francisco estuvo una temporada sin pagar el alquiler a la EMV, pero que esa deuda ya se pagó. La comunidad y el agua, sin embargo, siguió sin pagarse y este viernes por la mañana se ejecutó la temida orden de desahucio. Ayer, jueves, la familia intentó pagar la deuda, pero la maquinaria judicial ya estaba en marcha y ya era tarde para paralizar la orden. 

La EMV interpuso la demanda por impago en 2006; entonces  José Francisco trabajaba 

Marta explica la difícil situación económica de la familia Martínez: dice que con una pensión de 800 euros tienen que vivir José Francisco, su mujer y sus cuatros hijos, con edades comprendidas entre los 29 años y los 16. Hace tres años al cabeza de familia le diagnosticaron el cáncer y no puede trabajar; tampoco trabaja su mujer ni ninguno de los hijos en edad de hacerlo.

"Estamos todos destrozados", asegura Marta a través del teléfono. Visiblemente alterada explica que a las 09:30 horas de la mañana se presentaron los agentes y el secretario judicial para proceder al desahucio. Marta cuenta cómo fue el momento: "Allí esperaban los cuatro hijos. Cuando explicaron la situación médica del cabeza de familia, el secretario judicial afirmó que el juzgado no sabía nada de enfermedad de José Francisco. De haberlo sabido dice que no se hubiera ejecutado la orden de desahucio, pero que nuestro abogado no lo comunicó". 

Desde la EMV la versión es un poco distinta. En primer lugar aseguran desconocer la situación personal de José Francisco porque la titular de la vivienda no es él, sino su mujer, Trinidad García. Además, la familia no ha comunicado el estado de salud del cabeza de familia. La inquilina tenía que pagar una renta inicial de de 44,75 euros al mes, pero no lo hacía. Según explica en un correo electrónico, la EMV interpuso la demanda por impago en 2006 "por falta de pago tanto de la renta de alquiler (2.335, 38 euros), como de comunidad y consumo de agua (4.035,45 euros)". Entonces José Francisco trabajaba como vigilante de seguridad.

"En abril y mayo de 2010 se intentó intervenir con la familia para que evitar el lanzamiento judicial, pero no se personaron a la cita y no se contactó con dicha familia en la visita a domicilio. Teniendo en cuenta la falta de implicación familiar y la falta de respuesta al intento de intervención, se siguió adelante con el proceso judicial", afirma el correo de la EMV.

La familia sólo pagó o intentó pagar cuando el desahucio era ya inevitable. 

Según la EMV una portavoz señaló a Publico.es que el caso de José Francisco Martínez es excepcional: "En la EMV se hacen poquísimos desahucios. Nosotros siempre negociamos la deuda y ofrecemos una salida bien sea rebajando las cuotas o ampliando el período de pago. Tiene que firmar un compromiso de pago. Si sólo tenían que pagar 44 euros al mes, es que la situación viene de lejos. La vivienda se adjudicará a otra familia demandante de vivienda que cumpla los requisitos".