La exsubsecretaria de Presidencia de la Generalitat Isabel Villalonga, imputada en el caso Nóos, declaró a la Policía que la trama intentó endosar al Gobierno de Francisco Camps 123 facturas sin justificar por valor de 1'9 millones de euros, según fuentes de la Delegación del Gobierno en el País Valencià. Dichas facturas se correspondían con trabajos vinculados a la organización de los denominados Juegos Europeos, que nunca se llegaron a celebrar. Según ha demostrado la investigación, la organización sin ánimo de lucro cobró 382.000 euros por este concepto en el marco del convenio suscrito con la Generalitat de Francisco Camps.

La delegada del Gobierno en el País Valencià, Paula Sánchez de León, exnúmero dos de Camps, aseguró ayer que mantendrá en el cargo a Villalonga, actual secretaria general de la Delegación, cuya imputación adelantó Público. Sánchez de León subrayó que 'únicamente ha habido una imputación policial, para que en las preguntas que le hagan pueda defenderse de la mejor forma posible'.

El duque y su socio llegaron a quejarse de las trabas que ponía Villalonga

Isabel Villalonga autorizó desde su antiguo cargo un pago de 382.000 euros al Instituto Nóos, según explicaron fuentes de su entorno, porque 'estaban justificados y fiscalizados por la Intervención Económica de la Generalitat'. Sobre este importe, las facturas que se pagaron las tiene el juez instructor de Palma desde que las requirió con anterioridad al Govern valenciano.

Este pago se corresponde con el estudio realizado por el Instituto Nóos sobre la viabilidad de que Valencia fuera sede de unos Juegos Europeos y los gastos derivados de la elaboración de este trabajo. El 21 de octubre de 2005, Camps compareció en el Palau de la Generalitat en compañía del duque de Palma y el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco. En la rueda de prensa, el entonces jefe del Consell proclamó que la celebración de unos Juegos Europeos en Valencia no era 'una utopía sino un sueño, algo palpable'. En la misma comparecencia, Urdangarin dijo que la celebración del evento suponía para él 'un reto personal'.

Sin embargo, a la semana, el presidente de los comités olímpicos europeos, Mario Pescante, declaró a Efe que no había opción alguna de celebrar esos Juegos por cuestiones económicas. Lejos de frenar los planes de Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres, la Generalitat adjudicó a dedo el proyecto de organización al duque de Palma a través de un convenio por valor de seis millones de euros.

La delegada del Gobierno en el País Valencià excluye pedirle que dimita

Su inviabilidad impidió que Nóos cobrara ese importe, pero aun así la trama no se conformó e intentó colar las 123 facturas falsas que, según Villalonga, fueron devueltas. Fuentes de la investigación confirmaron que efectivamente el Instituto Nóos intentó cobrar esas facturas. Otras fuentes conocedoras del caso pero ajenas a la investigación señalaron que el propio Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres se quejaron de que Villalonga estaba actuando como un dique cuando acudían a la Generalitat a intentar cobrar.

En este sentido, el propietario de Lobby Comunicación SL, Miguel Zorío, imputado en la causa, declaró en su día que se produjeron diferencias de criterio entre el Instituto Nóos y la Generalitat valenciana porque el primero entendía que el proyecto era 'llave en mano' y, por tanto, no tenía que justificar el destino de los fondos públicos que recibía. Por su parte, la Generalitat entendía que Nóos debía justificar con 'contrafacturas' cada euro.

La trama cobró finalmente 382.000 euros de los fondos públicos

Por otra parte, el abogado del duque, Mario Pascual Vives, calificó ayer de 'errores administrativos' las posibles irregularidades cometidas por Urdangarin y añadió que todas ellas serán aclaradas en el testimonio que prestará su defendido el próximo sábado ante el juez instructor de Palma, informa Efe.

El letrado admitió la presión que siente su defendido, pero añadió que afrontará la declaración 'con coraje, con tesón y con sinceridad'. Asimismo, destacó que la infanta Cristina va a 'apoyar a su marido' cuando declare, pero que no sabe cómo.

Mario Pascual valoró en este sentido como 'interesante' que el también imputado José Luis Pepote Ballester exculpara de cualquier decisión a la hija menor del rey en su declaración del pasado sábado ante el juez José Castro.