El PP acusa a Interior para no hablar de su corrupción

La dirección del PP compareció hoy para mostrar su indignación por la detención del presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll. Su vicesecretario de comunicación, Esteban González Pons, salió a pedir "explicaciones inmediatas" a Alfredo Pérez Rubalcaba ante la posibilidad de que el ministro del Interior esté "utilizando los recursos de la Policía Nacional para, a costa de la dignidad y derechos fundamentales de algunas personas, hacer publicidad del Gobierno socialista".

Los conservadores no tenían nada más de lo que hablar. En rueda de prensa se le preguntó a Pons si el PP cumplía su código ético en la Comunitat Valenciana, teniendo en cuenta que dirigentes de las tres provincias están inmersos en procedimientos judiciales, y si la cúpula nacional tenía pensado investigar lo ocurrido. "Este no es el asunto de nuestra comparecencia de hoy. Nosotros no estamos entrando en el fondo del asunto. Estamos concentrados en que se aclaren las circunstancias de las detenciones", respondió el dirigente conservador instaurando un nuevo formato periodístico en el que sólo se aceptan y responden las cuestiones que interesan al PP. De ese modo quedaban, una vez más, guardadas bajo llave, aquellas palabras de Mariano Rajoy afirmando que su partido iba a ser "implacable en la lucha contra la corrupción".

Cospedal ve "detenciones preventivas propias de la dictadura"

Pons tenía un objetivo claro: acusar al Ejecutivo de estar detrás de la operación. "La decisión se tomó en Madrid, en Interior", dijo de forma tajante sin ningún tipo de prueba.

Aunque para él había una serie de indicios que venían a demostrarlo. "Las detenciones, el día y el modo tan espectacular y cinematográfico en que se iban a producir se decidieron en Madrid", insistió.

Y subrayó que se habían "mandado 80 policías a Alicante, como si no hubiera, se cortaron calles y se ubicaron furgonetas como si pudiera haber algún tipo de riesgo para los miembros que participaban".

Para el diputado por Valencia lo ocurrido "echa tufo" a un arresto "publicitario y político" para allanar el camino de Zapatero "de cara al debate del estado de la nación más difícil de su vida".

Esperanza Aguirre lamentó el despliegue policial "como si fuera un zulo de ETA o una nave con ilegales"

Para probar sus denuncias, Pons exhibió además una nota del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y la contrapuso con la citación y el comunicado emitido hoy por la policía.

"No había resolución judicial por la que se ordenara la detención de persona alguna", leyó Pons del documento emitido por el TSJCV. "No se ha acordado la citación judicial, ni imputación", resaltó. Por lo que el PP concluyó que la policía había "suplantado" al Juzgado de Primera Instancia número tres de Orihuela de forma "gravísima".

Además, acusó a los agentes de "mentir". Teniendo en cuenta que en la nota de prensa policial se sostenía que se había incautado dinero en efectivo del domicilio de Ripoll y que él mismo lo había negado. Por si fuera poco, el diputado del PP aseguró que el TSJCV había "llamado la atención" de la policía porque consideraba que se había "roto el secreto de sumario".

El PP prefirió ignorar la segunda nota que emitió por la tarde el tribunal valenciano en la que señalaba que en cualquier caso la policía podía "practicar una detención en cualquier momento" si lo consideraba "oportuno" en el transcurso de una investigación".

Los conservadores no se movieron un ápice de su posición. "Podrían hacerlo si hubiera motivos legales, pero sino, no", opinaban fuentes del PP. Las mismas insistían en que los arrestos se podrían haber producido si se estuviera cometiendo un flagrante delito, si era para evitar la destrucción de pruebas o por miedo a riesgo de fuga. Y, mantenían que, en este caso, con una investigación que lleva más de tres años en marcha, no les parecía que fuera el caso.

González Pons, que no se atrevió a calificar la detención de ilegal, señaló su principal blanco: "Con Rubalcaba al frente de Interior, están en riesgo las garantías constitucionales, los derechos fundamentales y la certeza de que el Estado de derecho impera en la calle, en España, cuando alguien se cruza con alguien que está bajo su mando".

Se le interrogó hasta en tres ocasiones si Mariano Rajoy respaldaba a Ripoll. Pons dio una respuesta sujeta al guión: "Todos los miembros del PP cuentan con el apoyo del partido". Tampoco quiso confirmar si Rubalcaba había advertido o no a su formación de lo que iba a suceder. Reconociéndolo se podía desmoronar por completo su tesis de que todo estaba planeado para dañar la imagen del PP. "En cualquier caso, demostraría que quien tomó la decisión fue el ministro del Interior y no el juez de Orihuela", defendió.

Las reacciones en el PP se sucedieron. También la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, aseguró hoy en declaraciones a Europa Press que lo producido en Alicante responde a "una auténtica persecución" contra su partido "orquestada desde Interior" y recalcó que al enmarcar en la legalidad esta forma de proceder "se estaría legitimando las detenciones preventivas al margen de controles judiciales, propias de las dictaduras". La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría se quejó, en una entrevista en RNE, de que en España se use mucho "la pena del telediario".

El tema también lo trató la presidenta de la Comunidad de Madrid, quien censuró "las formas" que se habían empleado. Así, Esperanza Aguirre lamentó el despliegue "como si fuera un zulo de ETA o una nave con ilegales o un centro de fabricación de droga". El portavoz de Justicia del PP en el Senado, Agustín Conde, también lamentó que se monten unos dispositivos policiales "dignos" de la detención de un comando de la banda terrorista ETA".

El secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, endureció hoy su discurso contra el PP y exigió a Rajoy "la disolución de todos los órganos de dirección del PP y que nombre una gestora con carácter de urgencia".

A su juicio, "el PP en la Comunitat Valenciana es, en sí mismo, una organización política en la que se consiente, se ampara o se elude desde el punto de vista político la lucha contra la corrupción". Además, volvió a pedir al presidente Camps que disuelva las Cortes y convoque elecciones ya que "en toda Europa no hay una región con tantos casos de corrupción como la valenciana, lo que hace que las instituciones estén paralizadas, informa Toni García de Dios.

Por su parte, Cayo Lara dibujó un PP que acumula "más presunciones de culpabilidad que de inocencia". Para el coordinador federal de IU, el último caso hace de la Comunitat Valenciana "el parque temático de Alí Babá y los 40 ladrones". "Lo que tiene que hacer Rajoy es limpiar su partido", pidió Lara, según informa Juanma Romero.