La necesidad de endurecer los castigos contra manifestantes es otro de los asuntos en los que están de acuerdo conservadores y convergentes. El PP se ha mostrado este miércoles a favor de una moción de CiU que, entre otras medidas, propone la creación del delito específico de violencia urbana, así como de una nueva definición del delito de alteración del orden público y atentado.

A falta de la votación de mañana en el pleno del Congreso, el partido que sustenta al Gobierno ha anunciado durante el debate su apoyo a una iniciativa que, en líneas generales, coincide con el anuncio del Gobierno de un endurecimiento del Código Penal para atajar "la espiral de violencia" que protagonizan colectivos antisistema con técnicas de "guerrilla urbana".

No obstante, el texto ha suscitado el rechazo del resto de grupos parlamentarios, que han alertado del peligro de limitar derechos fundamentales como el de reunión o manifestación.

La moción propone también una nueva regulación de las circunstancias agravantes en los actos de violencia urbana, como el uso de explosivos o líquidos inflamables, el lanzamiento de objetos contundentes o el porte de objetos peligrosos y contempla la prisión provisional como medida cautelar. Asimismo pide una tipificación específica de la difusión de cualquier tipo de información que tenga por objeto organizar o promover la participación de actos de alteración del orden público, siempre que sean constitutivos de delito.

De forma paralela, solicita una actualización del catálogo de infracciones y sanciones para adaptarlos a las nuevas conductas, como la ocultación del rostro, la resistencia pasiva, la desobediencia a la autoridad o el bloqueo de la vía pública.

Para CiU, también se hace necesaria una modificación de la Ley Reguladora del Derecho de Reunión con la finalidad de "armonizar" el legítimo ejercicio de este derecho constitucional con una "más eficaz protección" de la seguridad ciudadana y del orden público.

En defensa de la iniciativa, el diputado de CiU Jordi Jané ha asegurado que es necesario "amparar" a los ciudadanos que legítimamente ejercen el derecho de manifestación pero son perturbados por quienes pretenden aprovechar este derecho para alterar el orden público.

En esta misma línea, el diputado del PP Conrado Escobar ha negado que la reforma del Código Penal en la que trabaja el Gobierno sea una apuesta por un "estado policial", sino que trata de buscar el equilibrio entre seguridad y libertad.

No ha estado en absoluto de acuerdo el diputado del PSOE Pedro José Muñoz, que ha considerado que la iniciativa trata de "vincular" el ejercicio de los derechos ciudadanos con actitudes delictivas que ya están previstas en el ordenamiento jurídico. "No es bueno utilizar el Código Penal como contención del ejercicio de los derechos ciudadanos", ha alertado.

Esta moción tiene muchas semejanzas con la reforma del Código Penal que anunció el Gobierno el pasado abril. Con esta modificación, el Ejecutivo persigue el endurecimiento de las sanciones para la violencia callejera, equiparándolo con la legislación antiterrorista diseñada para tratar los casos de kale borroka en el País Vasco o pretende que la resistencia pasiva sea considerada resistencia a la autoridad. Otra de las medidas anunciadas en la reforma es que sea considerado "delito de integración en organización criminal" difundir a través de Internet y las redes sociales las convocatorias "violentas" y que "alteren gravemente el orden público".