La juez ha decretado esta noche prisión provisional, comunicada y sin fianza, para los diez guardias civiles del servicio fiscal del aeropuerto de Gando (Gran Canaria) detenidos esta semana por supuesta corrupción aduanera.

La magistrada encargada del caso les ha imputado a todos ellos los delitos de cohecho, falsedad en documento público y omisión del deber de perseguir delitos, informó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Durante cerca de doce horas, los diez agentes de la Guardia Civil han declarado ante la titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Telde, que ha decretado el secreto sumarial.

Al parecer, según fuentes del caso, los implicados han sido reconocidos por algunos de los extranjeros a los que consiguieron sacar dinero para agilizar y omitir trámites aduaneros relacionados con su equipaje o la entrada de divisas a España.

Desde su detención, los agentes han permanecido incomunicados en los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas hasta su puesta hoy a disposición judicial. Algunos familiares de los agentes acudieron hoy a los juzgados de Telde para hablar con ellos, lo que no les fue permitido debido a su incomunicación decretada por la juez.

Debido a ello, los guardias civiles tuvieron que ser asistidos por abogados de oficio y no por letrados particulares designados por ellos mismos. Los agentes fueron arrestados tras una serie de investigaciones sobre las supuestas irregularidades cometidas por un grupo de miembros de la Guardia Civil en el aeropuerto grancanario.

Para ello se instalaron, con autorización judicial, cámaras de grabación camufladas. Las víctimas de los agentes eran ciudadanos extranjeros (marroquíes, árabes y coreanos) a los que les pedían dinero aprovechando que no comprendían bien el idioma español.

Los presuntos implicados fueron acusados en un principio de cohecho por cobrar dinero a los viajeros a cambio de agilizar u omitir los trámites aduaneros en materia de control de equipajes o declaración de dinero para introducirlo en España.

Los diez implicados formaban más de la mitad de la plantilla que el servicio fiscal de la Guardia Civil tenía destinados en el aeropuerto grancanario, aunque la dirección del cuerpo ha subrayado que estas detenciones no afectarán al servicio que presta el instituto armado en dichas instalaciones aeroportuarias. Al parecer, los agentes implicados en esta trama de corrupción cobraban a turistas extranjeros, varias veces al mes, cantidades que podrían rondar hasta los mil euros.