Mientras que Zapatero aún se mantiene en la prudente distancia del general que observa desde una colina, sus coroneles han empezado a  desplegar los batallones socialistas por el campo de batalla con la disciplina de un ejército profesional.

La guía de campaña diseñada por el jefe del estado mayor electoral, José Blanco, presenta a los socialistas como las fuerzas defensoras de “futuro y cambio” frente al intento de reconquista de “pasado y marcha atrás” de las huestes conservadoras. De quien comanda el asedio, dice la arenga: “Es un dirigente hipotecado por quien le nombró, que ha conducido a su partido a un auténtico búnker de extrema derecha y que se ha pasado la legislatura manifestándose del brazo de los obispos en contra de los derechos civiles”.

Con férrea disciplina, los coroneles socialistas repitieron la arenga por todos los rincones del campamento, aprovechando que el ánimo de la tropa se fortalece cuando ve con sus ojos las debilidades del enemigo.

Los ataques lanzados por José María Aznar contra Zapatero dieron pie para apuntalar la idea de que Rajoy es tan sólo el testaferro político del ex presidente. “Rajoy no tiene autonomía ni para hacer su candidatura”, dijo Blanco en Melilla. Por ese flanco atacaron también Fernández de la Vega, en Valencia, y José Antonio Alonso, en TVE, reprochando a Aznar el intento de apropiarse  las víctimas del terrorismo.

Simultáneamente, Jesús Caldera, en Madrid, y Maribel Montaño, en Sevilla, bombardeaban con la idea de que el PP es el brazo político de la jerarquía católica más reaccionaria: “Si hubiera un cambio en el Gobierno, dada la presión de la jerarquía sobre el PP, se producirán retrocesos”.

1. Obispos de Andalucía // La Asamblea de Obispos del Sur pidió a los fieles que castiguen con su voto a los partidos que defienden el aborto y la eutanasia.

2. Cristianos de base // Redes Cristianas, que agrupa a 150 colectivos de base, censuró públicamente el “descaro” de la jerarquía en “su apoyo al PP”.

3. Partidos políticos // La apelación del PP a la “libertad de expresión” supuso la principal excepción a la casi unánime condena política del manifiesto, que la Junta juzga “aberrante”.