En la recta final para ilegalizar ANV

El inicio del proceso para la ilegalización de Acción Nacionalista Vasca (ANV), el paraguas utilizado por Batasuna para estar presente en las últimas elecciones municipales, tendrá que esperar al fin de las Navidades.

Así lo han confirmado a Público altos cargos del Ministerio del Interior y responsables policiales de la lucha antiterrorista, que destacan que la última pieza que falta para completar el puzzle, el informe conjunto de la Policía y la Guardia Civil detallando las conexiones de este partido con la ilegalizada formación, se va a retrasar algunos días más de los previstos.

Los planes del Gobierno pasan por dejar que la Justicia y, en concreto, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, tomen la iniciativa, y sólo entonces solicitar la ilegalización con la Ley de Partidos en la mano.

No obstante, el propio ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha reconocido en los últimos días a algunos portavoces parlamentarios la posibilidad de acelerar estos plazos, si, como temen los expertos antiterrorista, la banda armada comete un atentado durante los próximos días y ANV mantiene su actitud de no condenar las acciones de ETA.

De hecho, según recientes comunicaciones internas de la Guardia Civil a las que ha tenido acceso Público, la Secretaría de Estado de Seguridad ha reiterado a los agentes de la Policía y la Guardia Civil que extremen “las medidas de autoprotección” y les recuerda que se encuentra activado “el nivel 2 del Plan de Prevención y Protección Antiterrorista”, prácticamente el de máxima alerta.

Los papeles de Fullaondo

El esperado informe policial recogerá parte de los documentos incautados en las últimas operaciones policiales contra Batasuna, entre ellos los encontrados en la redada de Segura (Guipúzcoa), donde cayó gran parte de la cúpula de la ilegalizada formación.

No obstante, las fuentes consultadas recalcan que entonces la Policía no halló documentos relevantes que demostrasen la supuesta conexión de ésta con ANV.

Diferentes han sido, sin embargo, las pruebas recabadas en otras actuaciones policiales. Es el caso de los documentos incautados a Gorka Murillo, coordinador de Batasuna de la zona norte de Navarra y detenido por orden de Garzón el pasado 27 de abril.

Al presunto etarra se le incautaron instrucciones sobre cómo elaborar las listas de ANV para las elecciones de mayo. En el registro de su domicilio también se hallaron nóminas del detenido con el sello del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV-EHAK), para el que trabaja con un sueldo mensual de 900 euros.

Algo similar ocurrió en el registro de la vivienda de Marije Fullaondo, la última integrante de la Mesa Nacional detenida. En el auto que el juez Garzón redactó el pasado viernes para ordenar su ingreso en prisión, el magistrado ya apuntaba que ANV informa y rinde cuentas a Batasuna a través de la ahora detenida.

Además, la resolución judicial destaca que Fullaondo también cobraba un sueldo del PCTV-EHAK, dato que corroboran un impreso de transferencia a favor de la dirigente abertzale encontrado en el registro de su domicilio y el contrato que está había suscrito con la formación.

Fuentes policiales destacaban ayer a este diario que estos dos últimos detalles no son, sin embargo, novedosos, ya que investigaciones previas ya habían sacado a la luz esta circunstancia.

Aluvión declaraciones

El auto de Garzón ha provocado en los últimos días un aluvión de declaraciones de dirigentes socialistas que apuntan que se está acelerando el cada vez más inevitable proceso de ilegalización de ANV.

El primero fue el propio Alfredo Pérez Rubalcaba, quien el sábado, desde Cádiz, recalcaba que en la resolución veía “indicios importantes” para vincular este partido con Batasuna.

Ayer siguieron su estela el también socialista Javier Rojo, presidente del Senado; el secretario general del PSE-EE, Patxi López, y el diputado del PSOE por Álava Ramón Jauregui. El primero afirmó que hay “cuestiones” en ANV “que no se ajustan” a la Ley de Partidos.

El líder de los socialistas vascos insistió que el Estado actuará “con contundencia” si se prueba que el partido abertzale da cobertura a ETA. Por su parte, Jauregui advirtió que la formación bajo sospecha “pagará” si se confirma que “ha dejado sus siglas para que fueran usurpadas por un partido ilegal”.