Unos 408 millones de euros. Ese es el gasto en costes directos (en tres años) que supondrá para el Ejecutivo de Mariano Rajoy renovar el sistema educativo con la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) propuesta por el Ministerio de Educación. Ello supone una cantidad cinco veces mayor a lo previsto inicialmente por dicho departamento.

Hoy se ha conocido la memoria económica que acompaña al grueso ideológico de la ya denominada "contrarreforma" del titular del departamento, José Ignacio Wert. En ella se incluyen la vuelta a las reválidas de antaño, los privilegios para las escuelas concertadas y privadas, o la eliminación de Educación para la Ciudadanía, entre otras polémicas cuestiones, como la relativa a la vulneración de las lenguas cooficiales. 

Según el documento, enviado hoy a las Comunidades Autónomas para su debate en la próxima Conferencia Sectorial del 7 de febrero, Wert prevé terminar el proceso de implantación de la Lomce en España en un plazo aproximado de tres años (dos cursos académicos). El primero de ellos se llevarían a cabo la primera fase de las modificaciones en el ciclo de Educación Secundaria Obligatoria que transforman el último curso en "propedéutico" (orientado a la elección de itinerarios de Bachillerato o Formación Profesional) y la compactación de asignaturas del Bachillerato, cuyos alumnos pasarán de estudiar siete asignaturas troncales a sólo seis. Ello supondría un gasto de 22,984.026 millones de euros el primer año.

El segundo año llegaría la inversión en Formación Profesional Básica, que por sí sola supondrá un coste de más de 37 millones de euros de un total de 130 millones; y ya el último, la Administración desembolsará el grueso de 255, 5 millones de euros en expedición de títulos certificados, pruebas de admisión a FP o la reválida de final de ESO, además de ampliar el resto de reformas iniciadas durante los años anteriores.

El coste directo de la reforma, unos 408 millones de euros, lo asumirá el Gobierno central, según ha informado hoy el Ministerio de Educación a Efe. En cambio, los costes indirectos "de consolidación del sistema", destinados a incrementar la tasa de titulados en Bachiller y Formación Profesional Básica -y, por tanto, a reducir el abandono escolar temprano- recaerán en manos de las Comunidades Autónomas.

El trabajo autonómico, establece el texto conocido hoy, se llevará a cabo desde el fin de la implantación de la Lomce hasta 2020. En cuanto a las cuantías a abonar, la estimación del coste económico para la consecución de los objetivos de titulación en Secundaria (Bachiller y FP de Grado Medio) y en FP Básica, según el Ministerio, oscila entre 50 y 927,3 millones de euros, según el grado de éxito conseguido en función de los objetivos marcados por la UE. 

Según datos del Ministerio, incrementar un 1% la tasa de titulados en Bachiller, FP de Grado Medio y Formación Profesional Básica supone un gasto estimado (para los Ejecutivos autonómicos) de 74,4 millones, 88,6 millones y 25 millones de euros, respectivamente.