El Tribunal Supremo quiere dejar bien atada su postura sobre los procesos abiertos contra el juez Baltasar Garzón y, de paso, intentar acallar las feroces críticas recibidas. Por ello ha convocado para el próximo viernes a los principales corresponsales extranjeros para instruirles sobre cuestiones técnicas del caso . 

El encargado de explicar 'técnicamente' cómo es un procedimiento en el alto tribunal contra un aforado será Jacobo López de Barja, letrado del gabinete técnico de la Sala de lo Penal. Según el Tribunal, la reunión 'es pública y no para impartir doctrina' y a ella también pueden acudir periodistas españoles que lo deseen. A ella no acudirá ningún magistrado, según las mismas fuentes.

El Tribunal asegura que la reunión 'no es para impartir doctrina'

El objetivo de la charla es explicarles a los corresponsales las diferencias entre el Código Penal español y el de sus respectivos países, así como la manera en que se desarrolla un proceso penal en España.

Sin embargo, entre el colectivo no ha hecho tanta gracia la iniciativa del Supremo. La Agrupación de Periodistas de la Federación de Servicios de UGT (FeS-UGT) ya ha pedido que se suspenda esta reunión y que se convoque una rueda de prensa para todo los medios, tanto españoles como extranjeros.  

Precisamente, la semana pasada el diario The New York Times se mostró crítico con la decisión del Supremo y salió en abierta defensa de Garzón con un editorial en el que tildaba de 'injusto' su procesmiento y afirmaba que 'los verdaderos delitos son las desapariciones (de la Guerra Civil y el franquismo) y no la investigación' del juez.

El Consejo General del Poder Judicial, a través de su portavoz Gabriela Bravo, ha aseverado que 'no es tolerable' que se ataque al Tribunal Supremo más allá de la libertad de expresión y ha asegurado que su institución no se verá coartada por las críticas a la causa abierta contra Garzón.

Bravo ha dicho que las valoraciones 'que constituyen un ataque a instituciones como el Tribunal Supremo no son tolerables', en alusión a la intervención de, entre otros, el ex fiscal jefe Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo en el acto de ayer en la Complutense.

La vocal ha afirmado que el CGPJ 'en ningún momento pretende convertirse en el órgano que restringe y limita la libertad de expresión', y que lo que pretende es la 'necesidad de respetar' a las instituciones y en este caso concreto al Supremo.

Bravo ha reincidido en que el pleno del CGPJ 'siempre adoptará sus acuerdos en aras a lo que la ley establece' y que no se sienten 'presionados ni tampoco van a determinar las opiniones ajenas las decisiones del consejo', ya que se hará en base a criterios jurídicos.