El Tribunal de Cuentas, órgano supremo de fiscalización de las cuentas públicas, lleva tres años y medio librando al ahora ex alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, el Albondiguilla, de devolver más de medio millón de euros: esa es la cifra que dedicó Panero a suplementar las nóminas de los funcionarios municipales pese a que la ley lo prohibía de forma expresa. El tribunal admite que se cometió una ilegalidad pero salva al ex alcalde con el sorprendente argumento de que no es posible averiguar quiénes cobraron las cantidades indebidas.

El origen del litigio, ahora pendiente de apelación ante el propio tribunal, se remonta a 1998, cuando Panero, entonces concejal de Hacienda de Boadilla, y Nieves Fernández, también del PP y alcaldesa hasta 1999, comenzaron a aplicar subidas ilegales en las dos pagas extraordinarias asignadas al centenar de funcionarios del consistorio. Las camuflaron como 'complementos de paga extra'. Y, en algunos casos, sobrepasaron los 3.000 euros.

El consejero Medina ya libró a Álvarez del Manzano de devolver 103.000 euros

Ocho años más tarde, el 31 de julio de 2006, el Tribunal de Cuentas terminó por reconocer en una sentencia que aquellos pagos, abonados hasta diciembre de 2000, carecían de 'justificación alguna'. En otras palabras, vulneraban la Ley de Reforma de la Función Pública. Pero lo asombroso de la sentencia radica en que, pese a ello, el tribunal no condenó a Panero ni a Fernández a reembolsar el dinero.

Y no los condenó porque, según el tribunal, no se sabe quiénes cobraron los complementos ilegales. 'Se desconoce dice el fallo quiénes ostentaban la condición de funcionarios' en Boadilla, un municipio cuyo censo en 2001 no alcanzaba los 25.000 habitantes. 'No ha sido posible agrega la sentencia determinar la cuantía de un daño efectivo y evaluable para la hacienda municipal'. La denuncia contra Panero llegó al Tribunal de Cuentas en 2002 con la firma de Antonio Samos, en aquellas fechas concejal independiente en Boadilla.

El tribunal no actuó contra Panero pese a que desoyó su exigencia de datos

La supuesta dificultad insalvable para averiguar qué miembros de la plantilla eran funcionarios y cuánto cobraron no era tan insalvable. En su apelación contra la sentencia, presentada en enero de 2009 y de la que nada se sabe aún, el demandante cuantifica en 488.000 euros, más los intereses, el monto de lo gastado irregularmente. Esa es la cifra que, por haber incurrido en responsabilidad contable, deberían restituir Panero y Fernández.

El cálculo no se hizo a vuelapluma, sino sumando las cantidades que, en cada nómina, aparecían bajo el concepto 'complemento de paga extra'. Una copia de la relación de nóminas de funcionarios de Boadilla, aquella que, según su propia versión, no pudo obtener el Tribunal de Cuentas, se adjunta a la apelación.

El redactor de la demanda y del posterior recurso es Ángel Galindo, concejal independiente en Boadilla y abogado del denunciante del caso Gürtel, donde Panero figura entre los principales imputados. Panero está representado por el letrado Gustavo Galán, pareja sentimental de la imputada en la Gürtel Isabel Jordán. Haber contratado a Galán con cargo a los fondos municipales ya le costó en 2001 a Panero una querella del PSOE por malversación. Ocho años después, la instrucción aún no ha finalizado.

La sentencia del Tribunal de Cuentas fue dictada por el consejero Javier Medina, el mismo que en 2004 absolvió en segunda instancia al ex alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano (PP), que se libró de reintegrar 103.776 euros gastados en donaciones, viajes y regalos. Medina llegó al tribunal en 2001 como consejero de consenso avalado por socialistas y conservadores, pero su trayectoria de votación lo ha alineado con el PP.

Desde el primer momento, el peso de la investigación sobre el asunto de Boadilla recayó sobre Medina, que intentó dar carpetazo al asunto. Una vez que la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas le obligó a reabrir el caso, el instructor pidió al Ayuntamiento de Boadilla información sobre los suplementos en nómina con que se remuneró a los funcionarios. El ayuntamiento no obedeció. Y, pese a ser uno de los demandados, el propio Panero se permitió firmar un escrito de respuesta al tribunal. Ahí, el Albondiguilla alegaba que era imposible enviar la documentación exigida porque el archivo municipal se estaba 'reorganizando íntegramente'.

El tribunal reclamó hasta cinco veces al Ayuntamiento de Boadilla información sobre el 'importe pagado por el denominado complemento de paga extra', instaurado en febrero de 1998 mediante acuerdo colectivo con el personal funcionario. Los cinco requerimientos cayeron en saco roto, pero el Tribunal de Cuentas no adoptó ninguna medida, más allá de dedicar un tibio reproche a la 'falta de diligencia' del consistorio. Público preguntó al tribunal por qué Medina, en su calidad de juez en esta demanda, no actuó contra el Gobierno local de Boadilla por un delito de desobediencia, tipificado en el artículo 502 del Código Penal y que acarrea penas de suspensión de cargo público de hasta dos años. No hubo respuesta.