José Montilla consiguió ayer superar una batalla con la intención de ganar una guerra y salvar el Estatut. El president de la Generalitat logró arrancar del Gobierno y del PSOE el compromiso firme de proceder "lo antes posible" a la renovación del Tribunal Constitucional (TC).

Este desbloqueo, tras año y medio de parálisis, no excluye, de entrada, que los socialistas acepten la designación de los dos únicos candidatos del PP, Enrique López y Francisco José Hernando, ex portavoz del Poder Judicial y ex presidente del Supremo, ambos enemigos acérrimos de las grandes leyes sociales de la pasada legislatura. Incluido el Estatut, por descontado.

Los socialistas no descartan aceptar las candidaturas de López y Hernando

El jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, venía madurando desde hace tiempo la conveniencia de impulsar la renovación, como avanzó Público el 7 de mayo. Pero tenía que solemnizarlo en el foro idóneo: la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado, celebrada ayer, cuya convocatoria reclamó Montilla en abril, en cuanto el TC fracasó de nuevo en alumbrar una sentencia sobre el Estatut.

El president asfaltó la plataforma de despegue. Reclamó al Gobierno, a los representantes de las 13 autonomías presentes y a los grupos parlamentarios de la Cámara Alta "ayuda" para que el alto tribunal "salga de su laberinto". De lo contrario, peligraría "el propio pacto constitucional" entre Catalunya y España.

Matices entre Silva y Pajín

"La prioridad es renovar, no los nombres", dice Carmela Silva

La respuesta "positiva" que demandaba Montilla no tardó ni 15 minutos en llegar. El vicepresidente tercero, Manuel Chaves, descifró la fórmula: "La posición del Gobierno es la de invitar a que se inicie, lo antes posible, el proceso de renovación". Enseguida, instó al PP a "hacer viable esa necesaria renovación". Así, desplazó la culpa a los conservadores: "De lo que se trata es de ver si somos capaces todos de hacer un esfuerzo y exponer nuestras ideas, negro sobre blanco, para saber, sin equívocos, el nivel de responsabilidad que asumimos cada uno", desafió.

El Gobierno abrió la puerta, pero no marcó el itinerario. Tras la intervención de Chaves, la portavoz socialista en la Cámara, Carmela Silva, anunció que su grupo pedirá hoy al presidente del Senado, Javier Rojo, que convoque con urgencia la Comisión de Nombramientos, el órgano encargado de elevar al pleno los nombres de los cuatro candidatos al TC. Lo mismo hará el grupo de la Entesa Catalana de Progrés (PSC, ERC, ICV y EUiA).

El PSOE, subrayó, "hará todo lo que haga falta" para propiciar el recambio. De sus palabras se infería que el Ejecutivo está dispuesto a tragarse el sapo y votar a favor de López y Hernando. "La prioridad es renovar, no los nombres", aclaró Silva. Unos minutos más tarde, Leire Pajín, secretaria de Organización del PSOE, matizó. Exigió "prudencia y respeto" a los tiempos, y repitió la "voluntad política" de su partido de deshacer el conflicto. "Está por ver qué hará el PP", agregó.

Entonces, ¿sí o no a López y Hernando? "Es una posibilidad como otras, pero la decisión no está tomada", precisaron fuentes socialistas.

Evitar la reforma de la ley

Por lo pronto, lo que el PSOE ha logrado es habilitar una salida a la demanda de Catalunya, haciendo pasar a un segundo plano la propuesta de reforma de la ley que rige el TC que pactaron la pasada semana el Tripartito y CiU, de difícil encaje jurídico y político. Además, descarga toda responsabilidad en el PP. Los socialistas han dibujado un mapa con distintas previsiones, informa Gonzalo López Alba. La primera es que Rajoy no querrá renovar el TC, como ayer sugirió la portavoz conservadora, Alicia Sánchez-Camacho –"Pedimos que no se cambien las reglas del juego a mitad de partido", exigió–. El PSOE asume que los conservadores quieren este TC, ya que de él saldrá una sentencia dura contra el Estatut.

Si el PP se aviene a negociar, sí asomaría como última opción aceptar a López y Hernando. Pero el PSOE se muestra cauto, consciente de que aún no puede mostrar sus cartas. Prefiere esperar. Sin el asenso del PP, no hay nada que hacer, porque en el pleno hacen falta tres quintos.

El debate se prolongó hasta las 18.30 horas. PSOE y PP se dispararon acusaciones. Poco más. Porque el paisaje sólo comenzará a despejarse hoy martes, cuando Javier Rojo convoque la Comisión de Nombramientos.

EL PP ESPERA QUE EL PSOE NO BUSQUE UN TRIBUNAL AD HOC

 La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, aseguró ayer que su partido no se opondrá a desbloquear el proceso de renovación de los magistrados del Constitucional que, según insistió, está "paralizado" por culpa del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. No obstante, dijo que espera que el PSOE no persiga con este paso nombrar un "tribunal ad hoc" para el fallo sobre el Estatut.

La número dos del PP quiso dejar claro que ni su partido ni los parlamentos autonómicos que controlan los conservadores cambiarán los nombres que propuso en su momento para cubrir dos de las cuatro vacantes que corresponden al Senado: Francisco José Hernando y Enrique López. Además, insistió en la necesidad de que la sentencia del TC sobre el Estatut se conozca cuanto antes.

 

LOS GESTOS DE UNA JORNADA DE SEIS HORAS DE DEBATE

Una sesión con cascos: ensayo de un Senado multilingüe sin ningún problema

En 2005, todos los grupos aprobaron por unanimidad que en la Comisión General de las CCAA pudieran emplearse los idiomas cooficiales. Así ha sido y así se repitió ayer. Montilla abrió con el catalán (también usó el castellano, el gallego y el euskera), pero casi nadie renunció a esa prerrogativa. Sólo Paula Sánchez de León, la consejera valenciana, utilizó únicamente el castellano. El PP, que se ha opuesto a que se empleen las lenguas vernáculas en pleno y en comisiones, recurrió a ellas: el conselleiro Alfonso Rueda agradeció poder expresarse en gallego y Alicia Sánchez-Camacho alternó castellano y catalán. No hubo problemas.

Ataque conservador: Granados acusa a los socialistas de querer "perder el tiempo"

Los consejeros del PP insistieron en que el TC está “perfectamente legitimado” para dictar sentencia. Así, uno tras otro... Hasta que habló Madrid. El titular de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, en cuatro minutos, desacreditó con un bramido la sesión: “Con la que está cayendo, ¿creen que esta es la principal preocupación de catalanes y españoles? ¿Nos podemos permitir el lujo de estar aquí perdiendo el tiempo?”. El PSOE abucheó y Montilla, molesto, le devolvió el golpe recordándole el caso del espionaje: “No sé qué piensan los ciudadanos de mi comunidad cuando se levantan porque no tengo espías, pero seguro que les preocupa su autogobierno”.

Ausentes y presentes: el PP consuma el plantón de sus presidentes

Los conservadores querían imprimir un perfil bajo a la sesión. Cumplieron con su promesa. No se acercó al Senado ninguno de sus presidentes. Hasta se ausentó su portavoz en la Cámara Alta, Pío García-Escudero. Al final, acudieron 13 autonomías, descontada Catalunya: Illes Balears, Extremadura y Asturias (representadas por sus presidentes, todos del PSOE), Galicia, Andalucía, Madrid, Comunitat Valenciana, Castilla y León, Aragón, Cantabria, Ceuta y Melilla. No hubo apenas sorpresas, salvo la que dio Euskadi. No se preveía su presencia, pero finalmente Patxi López envió a Madrid a su portavoz, Idoia Mendia. Por parte del Ejecutivo, se dirigieron a la sesión el vicepresidente tercero, Manuel Chaves; el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho (miembro del PSC), y el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías. Y por el PSOE no faltó su secretaria de Organización, Leire Pajín, senadora como María Dolores de Cospedal, número dos del PP, que no fue.