"Con Franco se vivía mejor", "La clase media se instauró durante el franquismo" y "El caudillo trajo la paz a España" son tres enunciados muy conocidos, repetidos todavía como axiomas por un sector de la sociedad, cuyos antepasados, sin duda, fueron favorecidos por su posicionamiento a favor del golpe militar de 1936. Nadie que tenga en la cuneta a un familiar podría decir semejantes barbaridades. Ni hubo paz en España tras la posguerra ni la hubo mientras la dictadura existió. Hasta sus últimos días, el régimen de Franco ejerció una represión moral, otra física y también una represión económica. Todas ellas tuvieron una única finalidad: la continuidad ilegítima en el poder.

Donde faltaba el padre, asesinado en un paredón, la viuda y los hijos aprendieron la lección. Durante los cuarenta y los cincuenta trabajaron para subsistir, en condiciones deplorables, sin atreverse a protestar ni a difundir los crímenes de los que habían sido objeto. La inmensa mayoría de hijos de los fusilados, desaparecidos y represaliados por la barbarie franquista fueron condenados a ser analfabetos, sirvientes y obreros esclavizados. En el colegio les habían humillado por ser vástagos de rojos. Esas personas no propagaron entre sus descendientes la llama de la venganza; quizá no tanto por no desearla sino para evitar el sufrimiento de las nuevas generaciones. Esas personas fueron las que hicieron posible la transición a la democracia en España.

Pero volvamos atrás, a los años sesenta. Se vislumbraba el final de la autarquía. Los planes de desarrollo llenaron los bolsillos a los empresarios y a los gerifaltes del régimen. Era necesario mantener el orden y los tecnócratas del Opus Dei, ya en el Gobierno, azuzaban al almirante Carrero Blanco, su compañero en la prelatura de Escrivá de Balaguer, para que pusiera en marcha todos los mecanismos represores esenciales para evitar una sublevación. No olvidemos que, aunque en esas fechas ya no se fusilaba en los muros de los cementerios, era absoluta la indefensión de la ciudadanía ante la supremacía de las fuerzas policiales y militares del régimen.

La violencia estaba presente en todos los órdenes de la vida; bien visible a través de la amenazadora presencia de la Policía Armada en las calles y de la Guardia Civil en los pueblos. La violencia se infligía también en los colegios, con lecciones de exaltación a la España de Franco, castigos corporales y la obligación del rezo y de cánticos fascistas. El hurto de la verdad en las aulas durante la dictadura e incluso hasta bien entrada la democracia debería considerarse como un atentado a los derechos humanos.

El crecimiento económico auspiciado por los planes de desarrollo de los años sesenta, el éxodo rural, la emigración al extranjero, la compra a plazos… Todos aquellos fenómenos no significaron, en realidad, un respiro económico

para las clases más desfavorecidas, aunque lo pudiera parecer: supusieron el embarque en el capitalismo, ni más ni menos. Pero los derechos laborales, políticos y sindicales seguían brillando por su ausencia.

Las mujeres fueron reprimidas aún sin darse cuenta. Su papel relegado al hogar conyugal fue una condena aceptada prácticamente sin réplica. Sin voz y sin derechos, muchas españolas soportaron malos tratos, abusos y vejaciones sin poder contar con la justicia de su lado. Las personas homosexuales fueron encarceladas como vagos y maleantes. Todo aquel que intentara rebelarse era señalado y castigado.

La beneficencia también supuso un arma de represión muy eficaz. Ya lo había sido en los años siguientes a la victoria franquista, cuando en nombre de la compasión cristiana les fueron arrebatados los hijos a muchas viudas de guerra y a presas republicanas. En la España de Franco, en la década de los sesenta y setenta, la beneficencia cumplía un papel moralizador, como vigía de las mujeres humildes. La represión contra las féminas fue implacable durante toda la dictadura, pero con especial ensañamiento al final, cuando la modernidad derivó en un desapego de las costumbres religiosas, entre otras cosas. Las instituciones benéficas del Estado se hacían cargo de las madres solteras y, en especial, de las menores de edad embarazadas.

Durante el franquismo no solo fueron robados impunemente una cantidad desconocida de niños –algunos de los cuales fueron trasladados a Argentina, México, Francia, Alemania, en una trata de seres humanos aún hoy sin esclarecer–, sino que también fueron asesinados, a sangre fría, muchos jóvenes, entre los que destacan por ser de los últimos Enrique Ruano, de 22 años, Arturo Ruiz, de 19, y Mari Luz Nájera, de 20. Los autores de estos crímenes fueron funcionarios de la Policía política de Franco y pistoleros de extrema derecha.

Los luchadores antifranquistas perdieron a muchos compañeros en el camino. Los últimos fusilamientos de la dictadura se produjeron el 27 de septiembre de 1975: cinco militantes antifranquistas fueron ejecutados en medio de una ola de protestas internacionales. Pero la represión franquista sobrevivió a Franco. Las torturas infligidas por agentes de la Brigada Político-Social en su sede, en la Puerta del Sol de Madrid, a luchadores demócratas aún no han sido condenadas por ningún juez. La Ley de Amnistía lo impide. Mientras, los policías torturadores y los ministros que los dirigían se van muriendo más o menos tranquilos, como murió el dictador, convencido de que su aparato propagandístico había hecho bien su trabajo y de que 44 años después de su muerte habría muchos españoles que dirían eso de que “con Franco se vivía mejor”.