Como advertencia previa indico que voy a tratar de un asunto controvertido en la opinión pública desde la perspectiva jurídica exclusivamente, como habitualmente hago en la redacción de mis artículos. La última razón, la séptima, de mi discurso es la única excepción, ya que su punto de mira es la ética pública.

En la tarde del 5 de diciembre de 2023 Podemos anunció que abandonaba el grupo parlamentario Sumar e ingresaba en el grupo mixto del Congreso de los Diputados. La prensa inmediatamente aludió a la inoportunidad, la insensatez, el descalabro para el Gobierno, la infidelidad con los votantes, la falta de responsabilidad, el acto de transfuguismo, etc., según el lugar en el arco mediátic en el que se sitúa cada medio en concreto. Por cierto, la misma prensa que trató con guante blanco a los diputados de Compromís cuando pasaron al grupo mixto en 2016.

Los líderes de Sumar, directamente concernidos, acompañaron a la prensa. La portavoz en el Congreso, Marta Lois, afirmó: "una flagrante ruptura e incumplimiento del acuerdo de coalición electoral. Una deslealtad con tres millones de ciudadanos". La lideresa de Sumar criticó a los diputados de Podemos su "victimismo" y suscitar "ç"desconfianza en la ciudadanía". El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, calificó de transfuguismo el pase de los diputados al grupo mixto. En la misma línea, Más Madrid y Catalunya en Comú pidieron a los diputados que devolvieran el acta.

En el abandono por Podemos desde Sumar al grupo mixto hay dos aspectos diferenciados: primero, las relaciones de Podemos con sus votantes y, después, las relaciones de Podemos con Sumar. Me interesa especialmente el primer aspecto, el más grave, que afecta a las relaciones partido político-sociedad. El segundo, al fin y al cabo, se reduce a las relaciones entre partidos, que, no siendo una cuestión menor, no deja de tener un carácter particular. En el discurso que sigue serán referidos e implicados ambos aspectos, que obviamente no pueden ser contemplados en compartimentos estancos.

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Las acusaciones vertidas contra Podemos, tan propagadas por los medios y por los principales líderes de Sumar, me parecen precipitadas por las siguientes razones.

Primera: Podemos y el programa electoral del grupo parlamentario Sumar

Podemos tiene que cumplir el programa electoral de Sumar, debido al cual obtuvo sus escaños. De lo contrario, merecería parte de la crítica que contra él se formula. Podemos probablemente no va a tener reparos en cumplir con el programa político de Sumar, que incluso le puede parecer insuficiente. Pero esta es mi opinión, que no debe ser tomada en consideración y además es un futurible. Lo que cuenta es que Podemos está obligado a respetar y cumplir con el programa electoral de Sumar. A los hechos futuros debemos atenernos, sin pronunciarnos ahora.

Segunda: Podemos y el alcance de los programas electorales

Los constitucionalistas hablan de dos programas: el programa electoral y el programa ampliado o sobrevenido, ya que el programa electoral es una fotografía de un momento político y posteriormente surgen nuevos hechos y circunstancias políticas, a las que los partidos políticos tienen que ofrecer sus propuestas. Es en el ámbito de este programa sobrevenido donde Podemos puede moverse con libertad, sin contravenir los puntos señalados en el programa de Sumar.

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Permítanme un inciso. Reitero la frase del alcalde de Madrid, Tierno Galván: "Los programas electorales existen para no ser cumplidos". Hecho vergonzante repetido en la práctica política y en el que se reparten las responsabilidades los políticos con los ciudadanos. En efecto: a) los partidos políticos no cumplen al completo sus programas electorales, gracias a los cuales obtuvieron los escaños, b) algunos partidos políticos incluso actúan en contra de sus programas electorales, c) el vector-guía de las actuaciones de los partidos políticos son sus consultoras de opinión, que les marcan una lista de prioridades, al margen de los puntos de los programas electorales, que tienen la mera función de reglas orientativas, d) los partidos políticos atienden antes a esta lista de prioridades de las consultoras que a las señaladas en los programas electorales, e) los líderes de los partidos políticos suelen justificar no cumplir con el programa electoral debido al surgimiento de nuevas circunstancias no previstas en los programas, y f) las encuestas y los resultados electorales demuestran que no hay una relación directa entre la inobservancia de los programas electorales y la disminución de votantes.

Como consecuencia, la crítica formulada contra el incumplimiento por los partidos políticos del programa electoral no posee la fuerza jurídica que debería tener, porque ésta es suplantada por una inercia sociológica de sentido contrario, donde también la ciudadanía debe asumir su parte de responsabilidad en virtud del punto f) citado.

Tercera: Podemos y el grupo mixto

Podemos se ha trasladado al grupo parlamentario mixto, conglomerado de partidos, que no han obtenido el mínimo de votos exigibles para formar grupo propio. El grupo mixto actual está integrado, además de los cinco diputados de Podemos, por tres diputados, cada uno de ellos perteneciente a un partido político distinto, que únicamente ha conseguido un escaño en las elecciones. Podemos es independiente de estos partidos del grupo mixto y puede actuar con plena libertad en sus actuaciones en el Congreso. Esto es, el hecho de formar parte del grupo mixto no le impide desarrollar libre e independientemente su programa político, que -no lo olvidemos, no lo olviden diputados/as de Podemos- es el programa de Sumar.

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Cuarta: Podemos y su justificación del abandono del grupo parlamentario Sumar

Por otro lado, se justifica el pase de Podemos al grupo mixto del Congreso de los Diputados por las siguientes circunstancias: a) Podemos es el partido mayoritario de Sumar, muy distante de otros partidos muy minoritarios en todos los aspectos, y, sin embargo, se le ha negado dentro de Sumar los derechos parlamentarios, que sí han sido concedidos a partidos políticos menores: a) a formar parte del Gobierno de coalición, b) a las portavocías del grupo parlamentario, c) a las intervenciones orales y escritas, d) a la presentación de iniciativas parlamentarias, es decir, proposiciones, mociones, enmiendas, etc. En una palabra, al conjunto de las actividades e iniciativas de los grupos parlamentarios, que se desarrollan en el Parlamento.

En contraste con esta estrategia de apartamiento de los diputados de Podemos de la acción política en el seno de Sumar, Podemos es el miembro mayoritario de la organización política con el aval de una densa y extensa hoja de servicios (conquistas sociales) como partido de una coalición de Gobierno durante toda una legislatura.

Quinta: Podemos y la exigencia de trato de igualdad en Sumar

Podemos es el partido político dentro de Sumar que ha exigido en vano una democratización de la organización, comenzando por la petición de la celebración de primarias, condición inicial para entrar en Sumar, que fue rechazada por la lideresa de Sumar de plano. La secretaria general de Podemos se ha quejado pública y reiteradamente de la falta de igualdad en el tratamiento de los miembros componentes de Sumar. A fecha de hoy Sumar carece de normas y procedimientos públicos y consensuados, muy lejos de las reglas de la deliberación política señaladas por los expertos en ética política. Sumar por ahora se reduce a una organización basada en el voluntarismo de la lideresa. El hecho de que esta tome decisiones consensuadas con determinados sectores o líderes de Sumar, si es que lo hace, no valen para cumplir con la ética pública, si no están acompañadas de normas y procedimientos democráticos consensuados y públicos.

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Sexta: Podemos y el transfuguismo

En primer lugar, el transfuguismo es ajeno a la Constitución española y al intérprete de la Constitución, el Tribunal Constitucional. No debiera ser así, pero así es. El citado tribunal considera que el representante político lo es de toda la nación y únicamente los electores pueden revocarle del cargo. Se apoya en el art. 67. 2 de la Constitución, que expresa: "Los miembros de las Cortes Generales no estarán limitados por mandato imperativo". Lo que significa consecuentemente que no pueden recibir y obedecer instrucciones de nadie. En nuestro país el reconocimiento jurídico del transfuguismo exige o bien un cambio constitucional o bien un cambio en la jurisprudencia constitucional, aprovechando ésta la falta de coherencia interna de nuestra Carta Magna entre el citado precepto y otros referidos a la funcionalidad de los partidos políticos.

Hay tres tipos de constituciones: a) las que no plantean el transfuguismo, b) las que consideran tránsfugas a quienes abandonan el partido político sin más y c) las que exigen que el tránsfuga abandone el propio partido y se adscriba a otro. En ninguno de los tres supuestos estaría contemplado el abandono por los diputados de Podemos de la coalición electoral Sumar.

El transfuguismo es el abandono del partido político por medio del cual el representante obtuvo su escaño. Propiamente tránsfugas son los diputados o grupo de diputados que abandonan su partido político para obtener un beneficio particular. No el abandono por un partido político de una coalición de partidos políticos, como es el caso de Podemos, máxime si hay razones justificativas, como he indicado en la cuarta razón, y siempre que Podemos ejecute el programa político de la coalición Sumar, ya que por medio de ella obtuvieron sus escaños los diputados de Podemos, como he señalado en la primera razón.

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Por otro lado, los pactos entre partidos políticos son una cuestión que afecta a ellos. Carecen de vínculo jurídico. No es lo mismo un contrato civil que un acuerdo político. Desgraciadamente todos los pactos anti-transfuguismo han fracasado por la vulneración de los pactos por firmantes de todos los colores políticos. Ya tenemos experiencia de cómo estos compromisos interpartidistas tienen el vigor y el alcance del círculo de intereses coyunturales de cada partido. Cuando la política se enrarece, los partidos se olvidan de sus promesas.

Séptima: Incumplimiento por Sumar de las reglas de la ética pública

Los profesores/as de filosofía política cultivamos un capítulo denominado Ética de la deliberación, que debe estar presente en el procedimiento de la toma de decisiones de las instituciones públicas y que exige unas reglas éticas básicas: igual capacidad de habla y propuesta de los miembros de la organización, igual capacidad de réplica, exposición de fundamentos por el proponente y replicante, consenso unánime o mayoritario de las decisiones, procedimiento previamente consensuado y público, etc. ¿Cuáles de estas reglas se observan en Sumar? Ninguna.

El voluntarismo como procedimiento y toma de decisiones tuvo su justificación en el acto fundacional público de Sumar, que tuvo lugar en Magariños el 2 de abril de 2023, pero no ahora, transcurridos ocho meses, cuando Sumar constituye un grupo parlamentario del Congreso de los Diputados. No se justifica la situación de anomia jurídica de la organización política.

En el acto fundacional de Sumar me sorprendió que los líderes de los partidos conformadores de Sumar, a los que saludaba la lideresa desde la tribuna con general aplauso, estuvieran entre el público y no en la tribuna, que la lideresa compartía con una especie de "guardia de corps". También me pareció incoherente que ella proclamara al mismo tiempo "una nueva metodología de hacer política" y su candidatura a la presidencia del Gobierno, sin pasar por unas elecciones en el seno de Sumar. Imaginé que, si era una persona de convicciones democráticas, no le parecería suficiente la digital designación del entonces líder de Podemos y vicepresidente del Gobierno. Mi sospecha de entonces se ha confirmado. Sumar, a día de hoy, sigue siendo lo que era desde el punto de mira de las exigencias de la ética pública: una organización que recuerda a las instituciones preliberales, en las que Max Weber señalaba la presencia del carisma o la tradición como criterios de legitimidad, frente a la moderna racionalidad democrática (carisma, tradición y racionalidad son los tres criterios weberianos de legitimidad).