El inframundo ha quedado atrás. Desde hace dos meses, Teodora Vásquez ya no está en una de las cárceles tumba de El Salvador. Allí estuvo encerrada durante 10 años y siete meses, cumpliendo una de las condenas más increíbles del mundo: su bebé murió al nacer por problemas obstétricos, pero el sistema judicial de su país le acusa de haber provocado su muerte. Una pesadilla tan cruel como surrealista que hoy viven otras 24 mujeres salvadoreñas, encarceladas por un delito que no cometieron.

“Voy a estudiar para ser abogada”, dice Teodora casi al final de una hora de conversación. Público estuvo con ella a primera hora de la mañana en un bar de Bilbao, ciudad que ha visitado en el marco de un gira europea que primero la ha llevado a la sede del Parlamento Europeo en Bruselas y luego a Barcelona, donde visitó el convulso parlamento catalán y mantuvo sendas reuniones con representantes del Colegio de la Abogacía y con la alcaldesa, Ada Colau, quien respaldó públicamente su lucha para despenalizar el aborto.

Ahí está la clave del asunto. En ese país centroamericano, “las mujeres que sufren abortos espontáneos o dan a luz un hijo muerto son automáticamente sospechosas de haberse sometido a un aborto, que es considerado delito en cualquier circunstancia, incluso en casos de violación, incesto y riesgo para la vida de la embarazada”, afirma Amnistía Internacional (AI) en un documento sobre el caso de Teodora. En efecto, El Salvador es, a día de hoy, uno de los ocho países del mundo que prohíbe tajantemente el aborto. Da igual el supuesto.

En el caso de Teodora no hubo aborto buscado, sino un problema obstétrico que derivó en la muerte de la criatura nada más nacer. “Yo tenía 23 años cuando estaba embarazada de mi segundo hijo. Tenía otro de tres, que ahora tiene 14 años”, fue su primera frase cuando Público le preguntó por su historia.

Entre sus recuerdos del infierno aparece, paradójicamente, el que podría haber sido uno de los días más maravillosos de su vida. Estaba embarazada a término. De repente se puso de parto en su lugar de trabajo. Llamó a una ambulancia, pero no llegó. Volvió a hacerlo. Tampoco. Así hasta siete veces. Mientras, la criatura empujaba con fuerza. Hasta que salió. “Mi bebé nació muerto. Cuando apareció la Policía me acusaron de haberlo matado”, relata.

A partir de ese momento, la joven de etnia maya se adentró en el territorio de pesadillas que El Salvador reserva sólo y exclusivamente para las mujeres pobres.

“Un juez me condenó por homicidio agravado por el hecho de que habían encontrado al bebé muerto junto a mí, pero en ningún momento hicieron una investigación sobre cuál había sido la causa de la muerte”, contó. “El juicio de Teodora estuvo plagado de irregularidades. Se presumió su culpabilidad y, al proceder de una familia pobre, no pudo pagar una buena defensa”, advirtió Amnistía durante la campaña que realizó a su favor.

Del juzgado fue a la cárcel, y dentro de la cárcel conoció el inframundo que se esconde tras candados y barrotes. “La vida en prisión era horrible –subrayó-. No teníamos una alimentación adecuada, no hay un sistema de salud que nos permita acceder a medicamentos. Tampoco hay agua ni un lugar cómodo donde dormir. Había hasta ocho mujeres en una sola colchoneta”.

No estaba sola

Ella creía que era la única madre condenada tras sufrir la pérdida de su criatura en el parto, pero dentro de aquella superpoblada prisión había otras 16 mujeres condenadas por lo mismo que Teodora. Así fue que se dieron a conocer como “El Grupo de las 17”, pero la cifra se quedó terriblemente corta. Ahora son 24 las que siguen dentro. 24 mujeres que perdieron a sus criaturas sin buscarlo. 24 vidas postergadas, encerradas y hacinadas en una cárcel inhumana.

Teodora abandonó el calvario en febrero pasado, cuando el Tribunal Supremo –con un retraso considerable- aceptó su recurso en torno a la conmutación de pena y la dejó libre. O mejor dicho, libre, pero no inocente. “A pesar de que ya estoy fuera de la cárcel, sigo siendo culpable para El Salvador. Por eso mismo, voy a luchar para que se demuestre mi inocencia”, señaló.

Por las 24 que faltan

Del mismo modo, su pelea también tiene otro objetivo primordial: “Hay que exigir a El Salvador que deje en libertad a esas 24 mujeres”, apuntó Teodora. Por eso ha cruzado el Atlántico. “Esta es mi oportunidad para poder hablar de nuestra historia y exigirle a El Salvador que acelere los procesos de conmutación, revisión y casación que han cursado los abogados para que estas mujeres también puedan tener una oportunidad”, remarcó. Así lo contó en una charla que ofreció en Bilbao de la mano de la Fundación Paz y Solidaridad Euskadi de CCOO, o en las reuniones mantenidas este martes en el Parlamento Vasco, donde mantuvo contactos con grupos políticos.

En efecto, son días claves en la batalla para conseguir una reforma de la severísima ley antiaborto: el 1 de mayo asumirá el nuevo parlamento salido de las elecciones legislativas del pasado 4 de marzo, en las que el derechista Arena logró subir hasta los 37 escaños y se posicionó como la primera fuerza política de la Cámara. “Hay un político de la derecha que está pidiendo aumentar la pena por el delito de aborto hasta los cincuenta años de prisión”, advirtió Vásquez. Para algunos, el infierno siempre puede tener más esclavas.