Cómo el acoso de la ultraderecha desde medios estatales llevó al suicido del hijo de una política opositora en Polonia

"En mi nombre y en el de mis hijas Alejandra y Maja pido a los "medios de comunicación" que respeten la privacidad de mi familia y no vengan". Es el último mensaje en Twitter de la diputada del Parlamento polaco Magdalena Filiks, del principal partido de la oposición, la Plataforma Cívica (PO, por sus siglas en polaco).

Con una foto de su hijo sosteniendo un conejo, la opositora hacía pública la hora y el lugar de su funeral. Hoy habría cumplido 16 años, pero los tres últimos de su vida y, en concreto, los últimos dos meses, habían sido tan difíciles que acabó suicidándose el pasado viernes.

El caso ha generado una enorme conmoción en Polonia y duras críticas entre sectores de la prensa y la política nacional. El hijo de Filiks fue víctima de pederastia desde 2020. Pero después fue víctima de la falta de escrúpulos de varios medios de comunicación estatales, controlados por el Gobierno, que no dudaron en revelar datos del caso que llevaron a identificar al menor.

El objetivo, denuncia Plataforma Cívica, era desgastar a la oposición acusándola de silenciar el caso. Porque el menor no solo era el hijo de una diputada de Plataforma Cívica, sino también víctima de abusos sexuales por parte de un militante de ese partido.

El pedófilo fue detenido y encarcelado en 2021 por abusar de varios niños, pero el asunto había estado fuera del foco mediático. Hasta el pasado 29 de diciembre. Ese día, Radio Szczecin, una emisora pública, se hizo eco de un "escándalo de pedofilia en el PO". En la información se daban detalles de los chicos abusados que permitían identificarlos.

Además, cargaba las tintas contra el pederasta, que "apoyó activamente la campaña electoral del candidato presidencial Rafał Trzaskowski (OP) y fue el hombre de confianza del candidato en las elecciones". También era activista por los derechos LGTBI, cada vez más perseguido y estigmatizado por la ultraderecha de Ley y Justicia, que gobierna Polonia.

Una semana después, el tema se repetía en TVP1, una cadena de televisión también estatal. El caso ocupaba cada vez más titulares y más minutos en los medios, a pesar de que la ley polaca protege la identidad de las víctimas y de los acusados de ciertos delitos cuyas circunstancias puedan afectar a sus vidas privadas.

Pero eso no detuvo a Tomasz Duklanowski, editor jefe de Radio Szczecin, para publicar la información que ha generado toda esta tormenta que puso en el centro a la víctima y a su familia. Varios miembros del Gobierno comentaban en medios afines el interés de la dirección del OP en ocultar el caso.

"La misma gente que grita tan fuerte en la lucha contra la pedofilia está ocultando que hay pedófilos en sus filas", llegó a afirma el ministro de Educación en TVP, la tele pública.

La Fiscalía polaca está investigando el caso por una posible inducción al suicidio, según varios medios, aunque también hay serias dudas sobre el papel del Ministerio Público en la filtración de datos clave.

Desde el OP y algunos sectores de la prensa polaca consideran que los detalles que se difundieron solo podían estar en manos de la Fiscalía, a la que acusan de estar al servicio del Gobierno a la hora de facilitar información perjudicial para la oposición.

Pero las acusaciones se dirigen sobre todo al editor jefe de Radio Szczecin. La Asociación de Periodistas de la Radio polaca le ha acusado formalmente de "violar los principios elementales de la ética" y ha recordado que "el principio fundamental de que los límites a la libertad de expresión los pone el bien de la persona agraviada", más aún cuando se trata de un menor de edad víctima de abusos sexuales.

Donald Tusk, expresidente del Consejo Europeo y líder de Plataforma Ciudadapartido donde milita la madre de la víctima, escribió hace dos días en sus redes sociales que hará pagar al partido gubernamental, Ley y Justicia, "por cada fechoría, por todo el daño humano y todas las tragedias que han causado mientras están en el poder". "Es una promesa", concluía. El Consejo Nacional de Radiodifusión, ente público en cargado de velar por la buena praxis en los medios estatales, aún no se ha pronunciado sobre el tema.