La situación humanitaria de Afganistán está bajo mínimos medio año después del triunfo de los talibanes que forzó la retirada de las tropas de EEUU y sus aliados después de una prolongada presencia en el país. Agravada por el boicot internacional, la crisis afgana ha conducido a buena parte de la población a la desesperación.

El éxodo que se inició con la evacuación de las tropas occidentales amenaza con incrementarse debido a la falta de recursos, máxime si se considera que EEUU ha bloqueado las reservas en el extranjero de Kabul que alcanzan los 9.500 millones de dólares.

Esta semana el secretario general de la ONU, António Guterres, ha pedido que se liberen los fondos afganos en el extranjero de manera que el gobierno talibán pueda salvar la economía y las vidas de muchos de sus ciudadanos que viven en una situación dramática.

En una declaración ante los periodistas en Nueva York, Guterres pidió la abolición de las normas que impiden que el nuevo gobierno se beneficie de los fondos congelados en el extranjero, recalcando que existe una necesidad urgente de lograr un acuerdo que libere esos fondos.

Con ese dinero el gobierno de Kabul podría pagar los salarios en el sector público, así como financiar distintas áreas de la administración para ofrecer a los ciudadanos asistencia sanitaria, educación y otros servicios que requieren ser atendidos sin demora. El martes la ONU pidió una ayuda humanitaria de 4.400 millones de dólares para Afganistán para este año.

"Hemos de hacer más para inyectar dinero efectivo en la economía afgana para evitar un colapso que podría dejar a millones de personas en la pobreza, el hambre y la desposesión", advirtió el secretario general de la ONU, que también insistió en la importancia de liberar con urgencia las reservas afganas en el exterior.

En Kabul el gobierno talibán ha aprobado sus primeros presupuestos desde que tomaron la capital en agosto pasado, mientras que la ONU ha anunciado su disposición a apoyar al movimiento islamista afgano y a cooperar con él con el objetivo de no castigar a la población más débil.

Se trata de unos presupuestos peculiares puesto que únicamente cubren los tres primeros meses de 2022 y por primera vez no incluyen ninguna ayuda internacional. "Por primera vez en dos décadas, hemos preparado unos presupuestos que no están basados en la asistencia internacional, lo que constituye un gran logro según nuestro punto de vista", declaró un portavoz del ministerio de Economía afgano.

Los presupuestos aprobados el martes ascienden a 516 millones de dólares y se consagran casi exclusivamente a gastos ordinarios del gobierno, principalmente salarios. Se espera que después de los tres primeros meses del año, el ejecutivo apruebe los presupuestos para el resto de 2022, que podrían incluir la ayuda exterior si esta se concreta.

Los talibanes han planteado la creación de un órgano mixto integrado por expertos talibanes y extranjeros que estudien cómo se distribuirá la ayuda prometida, estimada en miles de millones de dólares, un paso que todavía no se ha dado.

No está claro si se avanzará pronto en esta dirección, y una paradoja es que si la comunidad internacional procede con la promesa de canalizar la ayuda, lo que aún está en el aire, esta asistencia tendrá que dirigirse con sumo cuidado puesto que existe un número significativo de altos funcionarios afganos que están afectados por las sanciones de EEUU.

Los expertos consideran que la economía afgana se halla al borde del colapso debido a una crisis que ha causado el bloqueo de la ayuda extranjera tras la salida de las tropas americanas y aliadas en agosto. Los precios de los productos básicos no paran de crecer y el hambre ha hecho mella en gran parte de la población.

Además, las sanciones de EEUU contra los talibanes hacen que los alimentos y las medicinas no lleguen al país en función de las necesidades, aunque esta circunstancia se ha paliado en cierta medida desde diciembre, cuando el Consejo de Seguridad y Washington aprobaron algunas excepciones.

Otra peculiaridad relacionada con esta situación es que EEUU considera que los talibanes son una organización terrorista, de manera que ningún ciudadano o grupo americano puede relacionarse con ellos. Los extranjeros que lo hagan corren el riesgo de ser sancionados, lo que echa para atrás a posibles colaboradores que quieran ayudar humanitariamente a Afganistán.

En estas circunstancias la actitud de Washington es decisiva. El presidente Joe Biden tiene que decidir cuál es su prioridad, castigar a los dirigentes talibanes o asistir humanitariamente a millones de afganos. El futuro del país estará en función de la decisión que adopte la Casa Blanca.

En diciembre el New York Times informó de que Biden ha decidido introducir algunas excepciones en relación con la ayuda humanitaria, de manera que las organizaciones humanitarias puedan tratar con los funcionarios talibanes en asuntos relacionados con esta materia. No obstante, hay muchos bancos y particulares que temen que cualquier relación con los talibanes se considere como que están trabajando con terroristas.