A una semana de haber asumido en Argentina, el nuevo Gobierno presidido por Alberto Fernández anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley que contempla nuevos impuestos y medidas tributarias en virtud de la emergencia pública que atraviesa el país.

El proyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública enviado al Parlamento plantea la gravedad que afecta a nueve áreas del Estado: la económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. La iniciativa, que otorga amplísimos poderes al jefe del Estado para modificar las partidas presupuestarias, también le da facultades para modificar la estructura de la administración pública.

Para desincentivar el atesoramiento de dólares, el megaproyecto establece la creación de un nuevo impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) por los próximos cinco años que grava un 30% la adquisición de divisas extranjeras y el consumo de bienes o servicios en el exterior, como la compra de billetes aéreos. Quedan exceptuados de esta medida la compra de medicamentos, libros, plataformas educativas o proyectos de investigación. El 70% de lo recaudado se destinará a la Seguridad Social, y el 30% restante a obras de infraestructura y vivienda.

Se congelan las tarifas de los servicios públicos durante seis meses, a la espera de que el Gobierno elabore un nuevo esquema de precios. Dado el deterioro de las cuentas públicas, también se suspende durante el mismo tiempo la fórmula jubilatoria a través de la cual los aumentos se calculaban según los salarios y la inflación. Hasta que presente un nuevo programa, el Ejecutivo otorgará un bono en diciembre y en enero de 5.000 pesos (unos 70 euros) para los que ganan la jubilación mínima, que son unos 4,5 millones de un total de 6 millones de pensionistas, y luego fijará otros aumentos trimestrales a discreción.

Los agroexportadores tendrán una alícuota de hasta el 33% por vender granos de soja al exterior. Las ventas del trigo y el maíz contribuirán con una retención de hasta el 15%. Los productos agroindustriales podrán pagar hasta un máximo del 5%. Por otro lado, el Gobierno espera suspender la reducción de cargas patronales planteadas por la anterior gestión, de modo que el sector servicios continuará con una alícuota del 20,4%, y el resto de empleadores, del 18%.

En cuanto al pago de deuda externa, el Gobierno quedará habilitado para usar 4.571 millones de dólares de las reservas que dispone el Banco Central mediante la colocación de bonos a diez años de plazo. Durante una rueda de prensa en la víspera, el ministro del Economía, Martín Guzmán, también señaló que el proyecto plantea el reintegro del IVA a los sectores más vulnerables, además de un plan de regularización de la deuda que arrastran pymes y entidades civiles sin fines de lucro.

El oficialismo espera que las comisiones de la Cámara de Diputados que deben intervenir avalen este miércoles la batería de medidas anunciadas durante estas horas para que al día siguiente el proyecto de ley pueda ser debatido y aprobado por todo el plenario. De esta manera, el Ejecutivo podría girar con rapidez la normativa al Senado para que sancione la ley antes de fin de año. En apenas unos días, el Gobierno de Fernández habría conseguido dar por tierra, y sin eludir el Congreso, todo el modelo económico que instauró el expresidente Mauricio Macri (2015-2019).

Mientras tanto, el presidente anunció un pacto con los mandatarios provinciales de las 24 jurisdicciones del país para derogar un consenso fiscal de la gestión anterior que planteaba la bajada de impuestos de manera progresiva. En paralelo, Fernández informó de un plan estratégico para el sector automotriz, que representa el 6,6% del PIB industrial. Con la participación de sindicatos y cámaras empresariales, el Gobierno apostará para que en 2030 la producción aumente de 315.000 a 1,8 millones unidades por año, en el afán de exportar 1,4 millones de automóviles y aumentar de 650.000 a 1,3 millones los empleos que genera este sector.

En materia sanitaria, el Gobierno también logró que las farmacéuticas redujeran 8% en promedio los precios de los medicamentos. La rebaja no parece muy significativa si se tiene en cuenta que la industria farmacéutica facturó en el tercer trimestre del año un 70,7% más que en el mismo período de 2018 según cifras oficiales, una ganancia que excede la inflación, que supera el 52% en el último año.

El PIB de Argentina se contrajo un 2,5% interanual en los primeros nueve meses de este año. La actividad continuará en caída durante el año que viene, pero el Gobierno está determinado a postergar los vencimientos de intereses de deuda hasta que el país no se recupere. Los instrumentos para recaudar más ya han sido delineados. Habrá que ver cómo impactan en una sociedad que fluctúa como puede en una economía deprimida desde mediados de 2018.