A medida que se acerca la fecha de entrada en vigor de la polémica ley migratoria de Arizona, prevista para el próximo día 29, se intensifica la batalla en los tribunales para bloquear o permitir su aplicación, entre este estado, el Gobierno de Washington y las asociaciones pro derechos humanos que tildan la iniciativa de discriminatoria.

Arizona se ha enzarzado en la lucha al pedir a un juez federal que rechace el reciente intento del Departamento de Justicia de revocar la ley, argumentando que actuaba de acuerdo con sus poderes.

El estado sólo intenta 'aplicar las leyes de inmigración ya existentes de una forma constitucional', aseguraron los abogados de la gobernadora, Jan Brewer, en los documentos que presentaron el pasado martes a última hora. También argumentaron que la administración de Barack Obama era 'quien intentaba imponer políticas de inmigración y prioridades contrarias a la voluntad inequívoca del Congreso'.

Hace unas semanas, después de muchas cavilaciones, Washington decidió finalmente interponer una demanda contra la iniciativa de Arizona , argumentando que, según la Constitución, el poder federal tiene jurisdicción exclusiva en asuntos migratorios.

La llamada SB1070, aprobada el pasado abril, permite a las fuerzas de seguridad estatales y locales de Arizona investigar la situación de cualquier persona sospechosa de ser ilegal, lo que de hecho criminaliza al extranjero y muy especialmente a los hispanos, la mayoría mexicanos o de descendencia mexicana, que viven en el estado.

Organizaciones como ACLU (American Civil Liberties Union) y una coalición de asociaciones latinas también han denunciado la ley y hace unos días expusieron sus argumentos en un tribunal de Phoenix.

Ahí no acaba la historia. México, y otros siete países latinoamericanos Bolivia, Colombia, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay y Perú han presentado sus propios recursos ante los tribunales de Arizona para apoyar las demandas contra la ley.

Por su parte, varios pueblos y pequeñas ciudades del estado han pedido a un juez que suspenda una de las cláusulas de la iniciativa hasta que se tome una decisión final respecto a su legalidad. El grupo Arizona Municipal Risk Retention Pool teme que las municipalidades se enfrenten a costosas demandas, como permite la nueva ley, si no aplican a rajatabla la norma.