La policía paquistaní detuvo en la madrugada del martes, hora local, a la líder de la oposición Benazir Bhutto. El arresto, que durará siete días, según informó la policía y el partido de Bhutto, se produjo horas antes de que fuera a encabezar una manifestación en protesta contra el estado de excepción dictado por el presidente, Pervez Musharraf.

La detención llega poco antes de que la dos veces primera ministra fuera a comenzar una 'larga marcha' de tres o cuatro días recorriendo los 270 kilómetros que separan Lahore de la capital, Islamabad, para pedirle al general que abandone la jefatura de las Fuerzas Armadas, que anule el estado de excepción y que libere a los miles de detenidos, muchos de ellos de su partido.

Paquistaníes de todos los signos 

Bhutto había animado previamente a los paquistaníes de todos los signos a unirse a la caravana de vehículos contra el estado de excepción decretado por Musharraf el 3 de noviembre y había asegurado que la celebraría aunque la policía intentase cerrarle el paso.

El presidente desató una tormenta de protestas cuando el 3 de noviembre suspendió la Constitución, redujo la libertad de prensa, despidió a la mayoría de los jueces, encarceló a abogados y detuvo a miles de simpatizantes de la oposición y de activistas en favor de los derechos humanos.

La crisis en este país, que posee armas nucleares, ha desatado las alarmas sobre su estabilidad y Musharraf fue presionado por sus aliados occidentales y rivales políticos para que volviera a poner a Pakistán en el camino a la democracia.

'Quien quebrante la ley será castigado' 

El viceministro de Información Tariq Azim Khan, dijo a Reuters el lunes que 'las marchas y protestas están prohibidas, no están permitidas', y que 'quien quiera que quebrante la ley será castigado'.

La policía sostiene que Bhutto podría ser objeto de un atentado suicida como el que el mes pasado causó la muerte de 139 personas en la manifestación que le dio la bienvenida al país tras ocho años de autoexilio.

La ex primera ministra declaró que era consciente del peligro, pero que no tenía otra opción.

Musharraf, que ha dicho que las elecciones generales se celebrarán el 9 de enero, justificó el estado de excepción en que los jueces dificultaban la lucha contra los extremistas e interferían en el gobierno.

Además aseguró que dejará el mando de las Fuerzas Armadas y que será presidente civil en cuanto el Tribunal Supremo - para el que se han designado a jueces considerados más favorables al Gobierno - opine sobre las apelaciones a su elección.