La hasta ahora contundente censura de Bruselas a las expulsiones gitanos en Francia se diluyó ayer hasta quedarse en un procedimiento burocrático. La Comisión Europea no abrió ayer un procedimiento de infracción contra el Gobierno del presidente Nicolas Sarkozy, tal y como había anunciado su vicepresidenta y comisaria de Justicia, Viviane Reding. En su lugar, dio a las autoridades francesas dos semanas de plazo para presentar por escrito un calendario con una relación de medidas que adapten la ley francesa a la directiva comunitaria sobre la libre circulación de ciudadanos. La violación de la legislación antidiscriminación, el otro caso que planteaba la Comisión, quedó ayer descartado.

La decisión parece destinada a salvar la imagen pública de Reding en vez de servir como tarjeta amarilla al Gobierno de París antes de llevarlo al Tribunal de Justicia comunitario. Al menos, el ministro francés de Inmigración, Éric Besson, ve esa posibilidad cada vez más lejos. "La Comisión constata que no hubo discriminación en el desmantelamiento de los campamentos ilegales ni en la expulsión. Francia sale con la cabeza alta", aseguró ayer en una comparecencia ante la Asamblea Nacional.

Reding defendió la decisión como "un paso adelante muy importante"

En la Eurocámara, Reding se esforzó en defender la decisión como "un paso adelante muy importante", pero constató que ahora el objetivo "no es llevar a un Estado ante los tribunales, sino cambiar la situación" de exclusión y pobreza que afecta a miles de ciudadanos gitanos europeos. Hace dos semanas, la comisaria de Justicia había calificado como una "vergüenza" el "cuestionamiento tan grave de los valores comunes de la ley de nuestra Unión Europea" y acusó a Sarkozy de expulsar gitanos por el mero hecho de ser gitanos.

Una circular del Ministerio de Interior francés que ordenaba dar prioridad al desmantelamiento de campamentos romaníes apuntalaba esas dudas, compartidas por la Eurocámara o el Comité Antidiscriminación de la ONU. Ayer, mucho más cauta, la comisaria Reding defendió la marcha atrás del Ejecutivo comunitario, tomada tras una hora y media de debate. Bruselas "no tiene pruebas legales para ir al Tribunal en lo que respecta a la discriminación", según Reding, pero sí de que la legislación francesa no se ha adaptado a la europea, algo que es obligatorio.

Francia tiene ahora hasta el 15 de octubre para prometer a la Comisión Europea que transpondrá la directiva europea sobre libre circulación si no quiere enfrentarse a un expediente. La directiva, aprobada en 2004, incluye derechos procesales para los ciudadanos expulsados y la obligación de las autoridades de no expulsar a las personas en masa, sino tras un análisis individualizado.

La Comisión exige que Francia aplique el derecho comunitario

Además, Bruselas anunció el envío de una nueva carta a París para asegurarse de que las buenas intenciones de Sarkozy, apoyadas por los líderes europeos en la última cumbre, no se quedan sólo en un propósito. "Las garantías políticas no son suficientes: queremos hechos y datos", aseguró Reding, que confesó que dos ministros franceses la habían engañado al ocultarle la circular que ponía en la diana a los gitanos.

Sin embargo, que Bruselas descarte ahora actuar contra Francia por la existencia de la circular sugiere que o las explicaciones de Sarkozy convencieron finalmente a Reding o que lo hicieron sus presiones. El propio jefe del Estado francés atribuyó su autoría a "un funcionario que la firmó en agosto", pero desmarcó su estrategia de seguridad de cualquier tinte racista y confirmó que no la cambiaría.

"Eso es ridículo", replicó a Reding la portavoz liberal durante el debate de ayer, Sonia Alfano. "¿Cómo se puede asegurar que Francia quería que no se vieran afectados los gitanos por esa circular?", se preguntó. "¿Quiere ver la realidad o no?", exigió, criticando la "desastrosa debilidad" de la nueva postura de la Comisión. El portavoz socialista, Claude Moraes, pidió a Bruselas que no se quede en un procedimiento burocrático y asuma que los episodios de este verano incumplen "tanto la legislación antidiscriminación como la de libre circulación".

El Partido Popular Europeo, única formación con una eurodiputada gitana, agradeció la decisión de Bruselas y confió en que "pondrá fin a la polémica" que ha sido instrumentalizada por la izquierda, según Livia Jaroka. La diputada pidió, además, una estrategia que ataque el problema de fondo: la exclusión social de la comunidad romaní.