La Comisión Europea considera insuficientes las medidas del Gobierno de Viktor Orbán y por primera vez ha reclamado congelar el pago de fondos europeos a Hungría por las violaciones del Estado de derecho. Bruselas exige a Budapest que adopte una serie de reformas para garantizar la independencia de sus jueces, combatir la corrupción y aumentar la transparencia de sus licitaciones públicas para poder desbloquear un total de 13.300 millones de euros de fondos de recuperación y regionales.

En total, el Gobierno de Viktor Orbán tendrá que completar 27 reformas en aspectos clave de su Estado de derecho en los que el Ejecutivo comunitario ha detectado deficiencias para que los 5.800 millones de su plan anticrisis y otros 7.500 millones de fondos regionales empiecen a ser desembolsados.

La Comisión Europea vincula así dos expedientes paralelos que tensan las relaciones con Budapest desde hace dos años cuando se creó el fondo de recuperación de la UE y se estableció un mecanismo de condicionalidad vinculado al presupuesto comunitario para frenar los pagos que estén bajo el riesgo de fraude en un Estado miembro.

"Si no se cumplen (las reformas), el primer pago entero será bloqueado y también los siguientes. En resumen, no fluirán fondos hasta que estos compromisos esenciales sean ejecutados adecuadamente", ha resumido este miércoles en una rueda de prensa el vicepresidente económico del Ejecutivo comunitario, Valdis Dombrovskis.

La Comisión pasa de esta forma de la fase de negociación con Orbán a otra de implementación de las reformas prometidas. La primera consumió meses de negociación que han desembocado en la aprobación del plan nacional de recuperación, pero también en la congelación de sus fondos y de otros recursos de la Política de Cohesión. El origen de la disputa es el expediente que Bruselas abrió a Budapest por violaciones del Estado de derecho que afectan a la gestión del presupuesto comunitario y que ha desembocado en una propuesta para congelar 7.500 millones en fondos regionales, un tercio de todos los que tiene asignados hasta 2027.

Hungría tenía hasta el 19 de noviembre para adoptar 17 reformas. Sin embargo, "la Comisión considera que, aún con los pasos dados, sigue habiendo un riesgo continuado para el presupuesto europeo porque las medidas correctivas necesarias son de naturaleza estructural u horizontal", indica la evaluación de Bruselas necesaria para que los ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin) tomen una decisión definitiva sobre la congelación de los 7.500 millones de euros del pilar de Cohesión.

El tiempo apremiaba a la Comisión Europea por el otro frente abierto, el plan húngaro de recuperación, puesto que los fondos reservados en este ámbito se perderán si esa estrategia de reformas e inversiones no está aprobada antes de que finalice el año. Por eso, Bruselas ha optado por dar su visto bueno a un plan de recuperación en el que ha incluido las 17 reformas pendientes sobre corrupción, rendición de cuentas o licitaciones públicas, entre otras, a las que se suman otra decena de compromisos relacionados con el funcionamiento del sistema judicial y el sistema de control y auditoría.

Desde Budapest, el Gobierno húngaro ha confiado en tener acceso a los fondos europeos en 2023 y ha considerado que la propuesta de la Comisión Europea de mantener congelado parte de ese dinero ya estaba prevista. "La congelación no es una novedad", ha declarado a la prensa Tibor Navracsics, ministro responsable de la utilización de los fondos europeos.

La decisión de Bruselas debe ser validada por los Estados miembros. Se espera que los ministros de Economía de los 27 se reúnan el 6 de diciembre para debatir ese asunto.