Un centenar de periodistas y juristas exigen al Gobierno, a la UE y a Polonia que se respeten los derechos de Pablo González

Un centenar de periodistas, profesionales de la comunicación, abogados y juristas han firmado una carta en la que piden que se respeten los derechos fundamentales de Pablo González, el periodista español que lleva ocho meses en prisión provisional en Polonia acusado de espionaje.

Una delegación de todos los firmantes ha entregado una copia de esta carta en el Ministerio de Asuntos Exteriores, otra en la representación de la Comisión Europea en España y una más, traducida también al polaco, en la Embajada de Polonia en Madrid.

Este colectivo exige al ministro de Asuntos Exteriores, José Luis Albares, y a las instituciones europeas que intercedan en el caso de González para que se respeten sus derechos y se celebre un juicio justo. De la misma manera, a través de la embajada, los periodistas y juristas han solicitado al Gobierno de Polonia que celebre cuanto antes un juicio y que especifiquen los cargos a los que se enfrenta el reportero, más allá del tipo penal por el que se le persigue, que en este caso es espionaje.

Del ámbito del periodismo han firmado la carta Teresa Aranguren, Rafael Poch, Olga Rodríguez, Rosa María Calaf, Martxelo Otamendi, Ana María Pascual, Antonio Maestre, Pascual Serrano, Mirta Núñez, J. M. Martín Medem, Rafael Fraguas de Pablo, Teresa Carreras, Manuel Blanco Chivite, Mariano Muniesa y Javier Sáenz Munilla entre otros.

Desde el mundo del Derecho, avala esta carta la Asociación Libre de Abogadas y

Abogados (ALA) y han firmado personalmente: Begoña Lalana, Endika

Zulueta, Gonzalo Boye, Benet Salellas, Ángeles Chinarro, Eduardo Gómez

Cuadrado, Jacinto Lara, Lluís-Ignasi Pastrana y otros juristas.

Entre las personas que han entregado las cartas estaba la periodista Teresa Aranguren que ha pedido al Gobierno español que sea más activo respecto a la detención de Pablo González porque "es un caso muy grave". La periodista ha recordado que están bien las "presiones diplomáticas discretas" pero asegura que no basta y que se necesita "un pronunciamiento público y unas acciones directas de cara al Gobierno polaco para exigir que se respeten las garantías procesales de Pablo González".

En este acto también estaba presente el periodista Javier Sáenz Munilla que ha hablado de que Pablo González fue detenido "en unas formas muy poco jurídicas en Polonia". El que fuera corresponsal de TVE, también ha mostrado su preocupación por que la "detención se siga ampliando cada tres meses, que lo que está haciendo hasta ahora la Fiscalía".

"Venimos a pedirle al ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno más progresista de las historias de España que haga su trabajo que es defender a un ciudadano español y europeo al que le están siendo violados sus derechos ciudadanos", ha denunciado Munilla. Pablo González "está en una situación parecida a la de los detenidos por los Estados Unidos en Guantánamo, es decir, violando las leyes internacionales, concretamente, en este caso, las europeas".

Un proceso viciado

La abogada Begoña Lalana ha defendido durante el acto de entrega de la carta en el Ministerio de Asuntos Exteriores que existen "numerosísimos textos internacionales suscritos por España y por Polonia que obligarían a respetar los derechos y garantías procesales de Pablo González y en la actualidad no se están respetando".

La abogada también ha hecho hincapié en la importancia de que la justicia polaca especifique los cargos que pesan contra Pablo González, más allá de que se haya presentado el delito penal por el que se le detuvo. "La acusación que pesa contra una persona no es un tipo delictivo; no se puede decir, está acusado de espionaje, hay que contar de qué hecho está acusado", subraya Lalana.

La abogada asegura que esto atenta directamente contra el derecho al acceso a una defensa efectiva de Pablo González y a sus garantías procesales. Sobre esto último, Lalana señala directamente al momento inicial de todo el caso. El periodista fue detenido el 28 de febrero y antes de que se decretara la prisión provisional en la que se encuentra desde entonces compareció ante el juez sin abogado. "Se ha violado el derecho a un proceso justo", advierta la abogada, "porque una de las garantías y de los derechos que recoge toda la legislación europea en materia de protección de los derechos procesales, es que cualquier persona contra la que pese una acusación penal tiene derecho a la asistencia de un abogado desde el primer momento de su detención y si eso no es así el procedimiento nace viciado".

En esta línea, continúa, se podría hablar de la doctrina "del fruto del árbol envenenado que dicen los americanos de un proceso, que al nacer viciado puede estar viciado para todo su desarrollo".

A la espera de juicio o una nueva prórroga antes del 25 de noviembre

Pablo González fue detenido en Polonia, muy cerca de la frontera con Ucrania. Desde entonces, los tribunales polacos han prolongado hasta en dos ocasiones la prisión provisional del periodista. La última vez fue a finales de agosto y se decretó hasta el próximo 25 de noviembre.

Según el abogado polaco de González, Bartosz Rogala, es muy probable que la Fiscalía polaca solicite otra prórroga del encarcelamiento provisional del periodista. De hecho, sus cálculos son que hasta mediados de 2023 no se producirá el juicio.

En todo este tiempo, Pablo González solo ha recibido la visita del cónsul español en Varsovia y del abogado polaco. Ni siquiera ha podido contactar con sus hijos menores de edad, como denunció ante el Tribunal de Estrasburgo, a quien también dirigió quejas sobre su situación en prisión.

A mediados de octubre, el reportero fue galardonado con el premio José María Portell a la libertad de expresión de los Premios Periodismo Vasco 2022 que concede la Asociación Vasca de Periodistas-Euskal Kazetarien Elkartea y el Colegio Vasco de Periodistas-Kazetarien Euskal Elkargoa. El jurado del premio quiso denunciar con este galardón la "situación irregular" que vive el reportero y cómo su encarcelamiento "atenta contra los derechos humanos y contra la libertad de movimiento y de expresión".