Colombia sopesa denunciar a Venezuela en La Haya

Los amagos de ruptura y las bravuconadas entre Uribe y Chávez han abundado estos últimos años, pero nunca antes, desde la independencia de España, Venezuela y Colombia habían roto sus relaciones diplomáticas. Hoy, antes incluso de que se conociera cuál iba a ser la reacción oficial de Bogotá al anuncio de ruptura de Caracas, el Gobierno colombiano amenazó con llevar a Venezuela y a su presidente Hugo Chávez ante el Tribunal Penal Internacional de La Haya.

La idea viene directamente de Álvaro Uribe. El aún presidente llamó el jueves al fiscal general de Colombia, Guillermo Mendoza, para instarle a que iniciara el proceso para llevar a su homólogo venezolano ante el alto tribunal.

Reunido en el llamado Salón de Emergencias de la presidencia con los máximos jefes militares de Colombia, Uribe entregó al fiscal documentación sobre 60 acciones de las FARC en zonas fronterizas de Arauca, Arauquita y Saravena tras las cuales sostiene Uribelos insurgentes se refugiaron en Venezuela

Según las declaraciones de Mendoza a la salida de la reunión, el encargo a la Fiscalía es el de "estudiar la posibilidad de llevar ante la Corte Penal Internacional a autoridades venezolanas por proteger, ayudar o auxiliar a grupos que cometen crímenes de guerra o de lesa humanidad en la zona fronteriza colombiana", en alusión a las FARC. La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, invocó después la "presunción de inocencia" para rechazar la demanda colombiana. Luego afirmó: "Venezuela es un Estado democrático y respetuoso de los derechos y Colombia no ha sido suficientemente diligente en combatir a la guerrilla".

El ministro venezolano de Defensa, Carlos Mata, difundió por la tarde un comunicado en el que advertía a Colombia de una "respuesta contundente por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en su rol de garante de la defensa integral de la nación, si fuerzas extranjeras intentasen violar el territorio venezolano".

Consultado por Público, el ex fiscal general de Colombia Alfonso Gómez Méndez auguraba hoy escaso vuelo a la demanda de Uribe para llevar a Chávez ante la CPI: "No se trata de temas jurídicos, sino político-diplomáticos y no vale la pena que un Estado se embarque en denunciar al jefe de Estado de un país vecino, pues el Estatuto de Roma sólo contempla a la CPI como justicia subsidiaria, en caso de que los jueces de un país no quieran actuar", explicó el jurista, que precisó: "Colombia no se ha dirigido a los jueces venezolanos".

La iniciativa de Uribe, a dos semanas de abandonar el cargo y cuando su sucesor Juan Manuel Santos manifiesta su voluntad de enderezar las relaciones con los vecinos, se produjo tras la iniciativa fallida del Gobierno colombiano lanzada el jueves durante una reunión de la OEA. Bogotá solicitó una "comisión de verificación" internacional para detectar campamentos de la guerrilla de las FARC y la presencia de sus dirigentes en territorio venezolano. Ante la negativa de Venezuela, el secretario general de la Organización, José Miguel Insulza, afirmó que la cuestión excede a las competencias de la OEA.

Mientras el presidente colombiano se recluía hoy con las autoridades militares en previsión de incidentes en la frontera, Chávez emprendía una ofensiva diplomática para defender sus posturas, mediante entrevistas telefónicas con los presidentes de Brasil y Argentina y con el secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Néstor Kirchner. El ex presidente argentino ha anunciado ya que, en agosto, se reunirá con Chávez y Uribe en sus respectivos países para tratar de que las aguas vuelvan a su cauce.

Menos conciliador, Estados Unidos, a través de una portavoz del Departamento de Estado, declaró a Efe que Venezuela "tiene la obligación de investigar" las denuncias de Colombia.