La Corte Constitucional de Colombia ha suspendido la vigencia de un acuerdo militar con Estados Unidos y lo devolvió al presidente para que trámite su aprobación a través del Congreso, informó el tribunal.

Bogotá y Washington firmaron a finales de octubre de 2009 un polémico acuerdo que permitía durante 10 años el acceso de militares estadounidenses a siete bases colombianas para realizar operaciones contra el narcotráfico y el terrorismo y que enfureció a varios gobiernos de izquierdas de la región.

'La Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución resuelve remitir al presidente el denominado acuerdo complementario para la cooperación y asistencia técnica en defensa y seguridad entre los Gobiernos de Colombia y Estados Unidos', dijo el fallo.

Para la corte el tratado no puede entrar en vigor hasta que se cumpla con el trámite de aprobación a través del Congreso.

'La Corte consideró que al no ser aprobado mediante ley, el acuerdo complementario no puede surtir efectos en el ordenamiento interno de Colombia hasta tanto no satisfaga dicha exigencia', explicó el presidente del tribunal, el magistrado Mauricio González.

La firma del acuerdo fue el detonante por el que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ordenó congelar el comercio con Colombia en 2009, al considerar que la presencia de militares de Estados Unidos en las bases de este país representaba una amenaza para la soberanía de su país.

El mandatario, el más fuerte crítico de Estados Unidos en la región, ha denunciado los planes de Washington para invadir su país desde Colombia y frenar su revolución socialista.

Colombia y Venezuela restablecieron hace una semana sus relaciones diplomáticas, después de que Chávez las suspendiera en julio por denuncias de Bogotá de que líderes de la guerrilla se refugiaban en ese país con la tolerancia del Gobierno de Caracas.

Estados Unidos es el principal aliado de Colombia en la lucha contra el narcotráfico y los grupos armados ilegales vinculados con esa actividad y desde el año 2000 ha entregado a Bogotá más de 6.000 millones de dólares.

El Gobierno del presidente Juan Manuel Santos tiene una amplia mayoría en el Congreso con la que lograría la aprobación del tratado militar, de acuerdo con analistas.

La Corte Constitucional aclaró que no examinó la legalidad o la ilegalidad del acuerdo militar, sino únicamente su trámite.