La derecha y la extrema derecha bloquean un Parlamento Europeo más transparente

"Los escándalos han puesto de manifiesto la hipocresía y un doble rasero que no se puede tolerar". Estas fueron las duras palabras, tras la revelación del Qatargate en diciembre de 2022, del grupo parlamentario de Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), del que forman parte partidos de extrema derecha como Fratelli d'Italia, de Giorgia Meloni, o Vox. El grupo del Partido Popular Europeo (EPP), al que pertenece el PP español, se manifestó en la misma línea. Este escándalo de corrupción destapó que varios eurodiputados progresistas habrían aceptado presuntamente sobornos de Qatar y Marruecos.

Y aunque el Qatargate es, con diferencia, el mayor golpe que ha sufrido la reputación y credibilidad del Parlamento Europeo en su historia reciente, los europarlamentarios llevan años cometiendo delitos e infringiendo las normas. Una investigación transnacional liderada por Follow the Money (FTM) junto a medios de varios países, entre los que se encuentra Público, ha revelado la dimensión de estas conductas: uno de cada cuatro eurodiputados ha estado involucrado en algún tipo de escándalo de mayor o menor envergadura.

EPP y ECR, los grupos de PP y Vox, los que más se han opuesto a mejoras de la transparencia y el control sobre los eurodiputados

Estas infracciones son posibles porque no existen reglas estrictas sobre las obligaciones en transparencia y buen comportamiento de los eurodiputados. Además, el Parlamento no tiene capacidad real para obligarles a cumplirlas. Uno de los principales problemas es que los eurodiputados son los encargados de estas normas y, por tanto, se regulan y controlan a sí mismos. De hecho, los intentos por endurecer la normativa en la Eurocámara han sido tumbados precisamente por aquellos grupos que más han criticado el Qatargate: EPP y ECR.

De los siete grupos que conforman el Parlamento Europeo —a los que habría que sumar los eurodiputados no adscritos—, son estos dos los que más se han opuesto a medidas para mejorar la transparencia y el control sobre los eurodiputados, según revela ahora una nueva entrega de la investigación 'MEP Misconduct Investigation', tras haber analizado los datos de votaciones en el pleno que recopila la iniciativa 'MEP Watch'. Solo el 22,68% de los votos del grupo EPP han apoyado mejoras en este sentido. En el caso de ECR, uno de los dos grupos de extrema derecha en la Eurocámara, el porcentaje ha sido del 30,49%.

Siete enmiendas clave

Tras el Qatargate, el Parlamento Europeo impulsó una reforma de su reglamento interno. Esta normativa atañe a la organización y funcionamiento de la Cámara. Follow The Money, en colaboración con Transparencia Internacional y otros expertos en este campo, ha identificado siete enmiendas claves en materia de transparencia planteadas en esta reforma. El pasado 13 de septiembre, el Parlamento Europeo decidió sobre estos cambios y esta investigación ha analizado qué votó cada eurodiputado en esas siete propuestas de mejora.

Los populares y ECR son los dos únicos grupos que han votado más veces en contra de las medidas que a favor

En el caso de los populares y de ECR no destinaron más de un 30% de sus votos a apoyar estas mejoras en materia de transparencia. Esta cifra, además, dista mucho de cómo votaron los otros grupos. Son los dos únicos que han votado más veces en contra de las medidas para endurecer la rendición de cuentas de los eurodiputados que a favor.

De las siete enmiendas relacionadas con mejorar la transparencia de esta institución cinco acabaron con un resultado favorable según los expertos. Para las otras dos, en cambio, fue fundamental el sentido del voto de EPP y ECR. Consiguieron tumbar una que proponía obligar a los eurodiputados a declarar las reuniones con lobbies u organizaciones incluso si son fuera de los edificios de la Eurocámara. Solo estos dos grupos y el liberal Renew —del que forma parte Ciudadanos— votaron mayoritariamente en contra de la misma.

La otra enmienda que acabó con un resultado desfavorable para la transparencia salió aprobada. Proponía limitar la obligación de los diputados a declarar actividades remuneradas secundarias. Hasta ahora tenían que hacerlo sobre cualquier actividad, pero con la aprobación del cambio ya solo tendrán la obligación si los ingresos de esta superan los 5.000 euros anuales. Transparencia Internacional había pedido que votaran en contra, pero los votos favorables de la mayoría de eurodiputados de EPP, ECR, Renew y, en esta ocasión, también de ID —el otro grupo de extrema derecha de la Eurocámara— consiguieron sacarla adelante.

La mayoría de enmiendas que se aprobaron y suponen una mejora en la transparencia salieron adelante a pesar de EPP y ECR

Las otras cinco enmiendas proponían mejoras y consiguieron salir adelante, a pesar de la oposición de EPP y ECR a la mayoría de ellas. Entre estas se encuentra la que establece que los eurodiputados solo deben reunirse con organizaciones que estén inscritas en el registro de lobbies de la UE o la que les obliga a publicar todas las reuniones programadas relacionadas con asuntos parlamentarios con lobistas o representantes de terceros países. En este último caso, una gran parte del grupo ECR votó a favor, pero más de tres cuartas partes de los votos de los populares se emitieron en contra.

Otra de las propuestas consistía en ampliar a los asistentes de los eurodiputados la obligación de reunirse solo con lobistas registrados. La iniciativa fue apoyada por el 64% de los parlamentarios, pero más de tres cuartas partes de los votos de EPP y ECR fueron contrarios.

A los eurodiputados también se les prohíbe participar en actividades de lobby pagadas. Una de las enmiendas buscaba expandir esta prohibición a la prestación de actividades de consultoría a organizaciones y personas incluidas en el registro de lobbies. EPP y ECR casi logran tumbar también esta enmienda, que fue adoptada con una mayoría mínima: el 51% de los votos.

La quinta, en cambio, salió adelante con el apoyo casi unánime de la Eurocámara. 632 de los 649 eurodiputados que votaron sobre la misma, la apoyaron. La enmienda establece que los eurodiputados deberán incluir dentro de sus declaraciones de intereses privados cualquier tipo de interés. Hasta ahora solo debían hacerlo con los relacionados con ingresos financieros. Así, deberán pasar a incluir otros tipos de posibles conflictos de interés, como formar parte de la junta de una empresa o de una organización, aunque no cobren por ello.

La derecha y los liberales critican las mejoras

El grupo parlamentario de ECR ha asegurado ante las preguntas de 'MEP Misconduct Investigation' que "algunas de las enmiendas propuestas eran excesivas, gravosas y ambiguas y podrían obstaculizar significativamente el trabajo de los eurodiputados". "Ningún número de reglas o medidas de transparencia puede reemplazar la integridad", ha sido la respuesta de un portavoz del grupo cuando FTM ha preguntado por qué han votado en contra de estas mejoras. Un portavoz de Renew —el tercer grupo parlamentario que más ha votado en contra de las mismas— ha contestado en el mismo sentido. Los populares europeos, en cambio, han declinado ofrecer declaraciones.

Maaike Geuens, profesora de la Universidad de Tilburg (Países Bajos) y experta en derecho constitucional y de la UE, enfatiza en la necesidad de aumentar la transparencia en el Parlamento Europeo para prevenir más escándalos como el Qatargate, pero también duda de la eficacia del reglamento interno del Parlamento, aunque por razones muy diferentes a las del ECR. La experta no está convencida de la capacidad de la Eurocámara para fiscalizarse a sí misma.

Helen Darbishire, directora ejecutiva de la organización protransparencia Access Info Europe, coincide con ella: "La autorregulación es un gran problema, una resistencia". Por ello, ambas proponen que los eurodiputados sean fiscalizados por un organismo independiente y separado de la Cámara para garantizar que no sobrepasan los límites éticos.

Un organismo de vigilancia independiente

Los grupos parlamentarios EPP y ECR no sólo han rechazado promover normas éticas más estrictas en el Parlamento Europeo. También se han opuesto a la creación de un organismo independiente que les pueda fiscalizar. La idea de crear un organismo de control fue presentada por primera vez por Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, al inicio de su mandato a finales de 2019.

En marzo de 2023, los líderes de los partidos europeos acordaron que el Parlamento Europeo comenzara a redactar su propuesta para la creación de este nuevo organismo, que actuaría como vigilante de las distintas instituciones de la UE. Pero tanto ECR como EPP —la propia familia política de von der Leyen— se opusieron a la propuesta.

Según una declaración pública reciente de los populares, el organismo tendría demasiado poder y, por tanto, "vulneraría el Estado de Derecho" al amenazar el mandato del Parlamento. Durante la reunión de la comisión parlamentaria del 3 de abril, el eurodiputado popular Sven Simon expresó su descontento con el proyecto de informe presentado por el parlamentario de Los Verdes Daniel Freund —ambos alemanes—.

"Cuando vi el borrador me quedé absolutamente sorprendido de lo malo que era. Es un ataque frontal contra los diputados libremente elegidos del Parlamento Europeo", defendió. El grupo ECR está de acuerdo: "Permitir que el organismo establezca normas para el Parlamento socava su independencia y va contra la separación de poderes".

"Los ciudadanos que votamos a los eurodiptuados necesitamos saber que están bien controlados"

Darbishire entiende que los eurodiputados "no quieran una regulación por parte del Ejecutivo y de la Administración Pública, pero nosotros los ciudadanos que votamos a estas personas necesitamos saber que están bien controlados y debe hacerlo una autoridad independiente". Para ella, es solo una cuestión de voluntad política: "Si se puede tener en otros campos, se debe tener en este también".

Otras familias políticas, como los socialistas (S&D), han acogido con satisfacción el plan para la creación de un nuevo organismo de control, y culpan a los partidos de derechas de "los intentos de frenar su creación, diluir su mandato y retrasar el proceso".

Las expertas rechazan que el nuevo organismo pudiera amenazar la autonomía del Parlamento Europeo

Maaike Geuens descarta la idea de que este organismo amenace la autonomía del Parlamento. "El principio de separación de poderes está regulado de forma muy diferente en la UE que en los Estados miembros", explica. Como señala la experta, a nivel de la Unión, solo la Comisión Europea tiene poder para proponer leyes.

"La Unión Europea tiene suficientes controles y equilibrios como para que el órgano ético no suponga ninguna amenaza para los equilibrios institucionales", detalla Gueuens.

El 25 de abril los grupos debatirán un nuevo informe sobre la propuesta del órgano de ética y vigilancia, en la que será una de las últimas votaciones antes de las elecciones europeas de este mes de junio. Geuens cree que el debate "será una buena oportunidad para que los grupos políticos expresen su apuesta por unas normas éticas sólidas y compartidas en el Europarlamento". Queda por ver si EPP y ECR aprovechan esta nueva oportunidad.

Esta información se ha actualizado a 12 de abril de 2024 para incluir los porcentajes de abstención y no votación de los grupos parlamentarios.