En abril de 2013 el Ayuntamiento de la comarca de Clayton, en el sureño Estado de Georgia, informó a Gerald Bostock de que iba a ser sometido a una auditoría interna. Bostock llevaba diez años trabajando para el consistorio local con un expediente inmaculado y en ese momento era el coordinador del programa municipal de tutela de menores ante los tribunales. "Era el trabajo de mi vida, me encantaba. Mi vocación siempre fue trabajar para ayudar a los chavales y el plan estaba funcionado estupendamente", explica a Público.

Sin embargo, Bostock supo lo que se le venía encima con la auditoría: en junio fue despedido. Perdió su casa y su seguro médico, se mudó a Atlanta y buscó otro trabajo. "Toda mi vida se derrumbó", dice. Bostock denunció al Ayuntamiento porque estaba seguro de por qué lo despedían: en enero se había inscrito en una liga gay de softball. El caso de Bostock y otros dos similares han llegado al Tribunal Supremo norteamericano. El pasado mes de octubre se celebraron las audiencias. La sentencia se espera a lo largo de 2020. Está en juego que el alto tribunal considere legal que cualquiera pueda ser despedido por su orientación sexual.

"Jamás había tenido ninguna tacha en mi trabajo. Año a año pasaba evaluaciones y todas fueron excelentes. Pero me inscribí en esa liga y empezaron a llegar los malos comentarios sobre mi orientación sexual, las quejas. Jamás habría podido si quiera imaginar que pudiera ocurrirme lo que sucedió", explica Bostock, de 56 años, natural de Georgia.

"Nací en Tokio porque mi padre estaba en el ejército, pero enseguida nos trasladamos al pequeño pueblo de Valdosta, en Georgia, donde me crié en una familia que cuyos valores eran lo que llamamos las tres F, que siguen siendo también los míos: familia, fe y fútbol", cuenta.

Tras presentar la denuncia, el caso llegó primero a los tribunales estatales. No le dieron la razón: podían despedirlo por ser gay, a pesar de que la Ley de Derechos Civiles de 1964 prohíbe explícitamente en su título VII la discriminación por motivo de religión, color de la piel o sexo.

"Cuando me despidieron fue un shock para mí. Toda mi vida se vino abajo. Por las investigaciones en curso, no pude seguir hablando con mis compañeros de trabajo. Empecé a sentirme inseguro y cuestionado en mi comunidad. Perdí muchos amigos. Tuve que dejar Clayton y mudarme a la capital del Estado, Atlanta", afirma Bostock.

En Estados Unidos, los seguros de salud están vinculados al contrato de trabajo y cuando Bostock fue despedido estaba recuperándose de una operación de cáncer de próstata.

El tribunal estatal de Georgia realizó en su sentencia una distinción perversa entre sexo y orientación sexual, la misma que, al llegar el caso al Tribunal Supremo, está esgrimiendo el abogado de la administración Trump. El letrado de la Casa Blanca defendió en las audiencias del pasado mes de octubre la legalidad de poder despedir a alguien por ser homosexual.

"Pero el título VII de la ley de 1964 prohíbe la discriminación por sexo y el argumento que hemos presentado al Tribunal Supremo es claro: en un caso de discriminación, la valoración de la orientación sexual no se puede realizar sin tener en cuenta el sexo de la persona. Si te despiden por ser un hombre gay no te están despidiendo por el hecho de que te gusten los hombres sino por el hecho de eres un hombre y te gustan las personas de tu mismo sexo", asegura a Público uno de los abogados de Bostock, Thomas Mew, quien prevé que el Supremo podría pronunciarse en los primeros meses del próximo año.

Mew advierte también de la contradicción que está suponiendo interpretar la ley del 64 permitiendo los despidos según la orientación sexual de la persona. "Hay Estados en este país en los que es legal que dos homosexuales o dos lesbianas contraer matrimonio. Sin embargo, con esa interpretación en la mano, esas personas se podrían casar con la ley en la mano un domingo y ser despedidos el lunes", explica el letrado.

"Esta situación requiere por lo tanto de un pronunciamiento de la corte federal para que se dé un tratamiento y una interpretación uniforme de la Ley de Derechos Civiles de 1964 a lo largo y ancho de Estados Unidos", apunta Mew.

Bostock vive ahora en Atlanta, donde ha conseguido rehacer su vida. Trabaja de asesor sobre salud en un hospital de la capital del Estado. "Hecho mucho de menos mi trabajo en Clayton. Ahora trabajo sobre todo con adultos y mi vocación es ayudar a los chavales. Mucha gente" cuenta, "ha contactado conmigo y me ha escrito para darme ánimos. Siento su apoyo y también el de mi pareja. Son casi siete años de lucha".

"Esto no es sólo sobre mí"

"Sin embargo, esto no es sólo sobre mí", añade, "afecta todos los días a la vida de muchos millones de norteamericanos, por eso es tan importante este caso y soy optimista con la resolución final del Supremo. Creo en la justicia de este país".

El caso de Bostock no está sólo ante el Supremo norteamericano. El alto tribunal analiza, junto al suyo, otros dos casos similares: el del ya fallecido Donald Zarda y de la transexual Stephen Aimee. En ambos casos, sus tribunales estatales —las cortes de Nueva York y de Michigan, respectivamente— dictaminaron a su favor.

En Estados Unidos, 22 Estados tienen aprobadas leyes propias para blindar la interpretación de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y que quede vetado despedir a nadie por su orientación sexual. Pero las legislaciones de los otros 28 Estados no han hecho nada al respecto y los jueces más retrógrados han ideado ese margen de interpretación. Y Georgia es uno de ellos.

La presencia de Donald Trump en la Casa Blanca ha supuesto un giro conservador que podría ser un contratiempo en este caso. En julio de 2018, el juez progresista Anthony Kennedy se jubiló del Supremo a los 83 años. Su vacante quedó en manos de Trump, que designó al conservador Brett Kavanaugh. Y en Estados Unidos estos nombramientos son de por vida.

En el pasado, el ya retirado Kennedy votó recurrentemente a favor de interpretaciones abiertas de ciertas leyes, especialmente sobre cuestiones sociales. Entre otras cosas, su voto desencadenó en 2015 la sentencia a favor (por cinco votos a cuatro) del alto tribunal sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. A menudo, las decisiones del Supremo dependen de un solo voto, por lo que el colectivo LGTBQ de Estados Unidos temió desde el principio el nombramiento de Kavanaugh.

Sin embargo, la ausencia de Kennedy y la presencia de Kavanaugh no inquieta demasiado a los abogados de Bostock porque, más allá de las posturas personales de cada juez, éstos "tienen que limitarse a leer las leyes y sopesar los argumentos de las partes y valorar si son o no consistentes, y la ley de 1964 dice explícitamente que nadie puede ser discriminado por razón de sexo", asegura Mew.

"Sinceramente no deberíamos estar teniendo esta conversación en 2019", concluye Bostock, "pero llevamos seis años en esto y no vamos a claudicar. Espero un veredicto positivo para que en este país nadie más pueda ser despedido porque ame a una persona de su mismo sexo".