Dilma impulsa la revisión de los crímenes de la dictadura

"No siento arrepentimiento, no tengo resentimientos y no guardo ningún rencor". Con estas palabras, DilmaRousseff, la nueva presidenta de Brasil, dejaba claro desde su toma de posesión, el pasado sábado, que su condición de ex militante de un grupo guerrillero que combatió la dictadura (1964-1985) y fue víctima de torturas se hará notar en su Gobierno.

Sus palabras de homenaje a los caídos durante el régimen militar y la presencia en la ceremonia, en un lugar honorífico, de 11 mujeres que compartieron con ella sus tres años de cárcel daban a entender que, pasada la campaña, Dilma no tenía intención de ocultar discretamente su pasado.

"Muchos de mi generación, que cayeron en la lucha contra la arbitrariedad, no pueden compartir la alegría de este momento. Lo comparto con ellos, y les rindo mi homenaje", dijo emocionada Dilma.

Roussseff escogió palabras de conciliación. Pero conciliación no tiene por qué significar olvido y, según revelaron ayer fuentes cercanas a Dilma al diario Folha de São Paulo, la nueva presidenta impulsará un acuerdo con organismos de derechos humanos y las Fuerzas Armadas para dilucidar las muertes y desapariciones durante el régimen militar con el objetivo de que el Estado entone un mea culpa.

Hace un año, el tercer Plan Nacional de Derechos Humanos lanzado por el entonces responsable de la Secretaría de Derechos Humanos, Paulo Vannuchi, provocó roces con el ministro de Defensa, Nelson Jobim, a cuenta de las alusiones del plan a la dictadura y de la propuesta de crear una Comisión de la Verdad que depure responsabilidades.

Vannuchi ha sido relevado por Maria do Rosário Nunes, pero Jobim sigue en su puesto. La oposición del Ejército y de la Iglesia a cualquier iniciativa que pretenda romper el silencio sobre la dictadura sigue ahí, pero la Secretaría de Derechos Humanos volverá a la carga. Así lo corroboró el discurso de la nueva ministra del ramo, quien ayer, en su toma de posesión, defendió que Brasil debe continuar con el proceso de "reconocimiento de las violaciones del Estado" durante la dictadura, e instó al Congreso de los Diputados a aprobar un proyecto que cree una Comisión de la Verdad que ofrezca una versión oficial sobre los muertos y desaparecidos.

Esos crímenes siguen protegidos por una ley de amnistía que se dieron los propios militares en 1979. Se calcula que permanecen desaparecidas entre 130 y 160 personas, 400 fueron asesinadas y hubo miles de casos de torturas.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos instó este año a Brasil a revisar su ley frente a delitos como la tortura, que la Corte considera imprescriptibles.

La ministra Nunes afirmó que no existe "contradicción alguna" en el Gobierno entre las áreas de Derechos Humanos y las Fuerzas Armadas. "Los ministerios trabajarán juntos. Mis palabras son las de conciliación", declaró, poniendo cuidado en resaltar la idea de que no se busca un enemigo, un "otro", y que "las Fuerzas Armadas de Brasil son parte de la democracia".

"El Estado tiene que rescatar su dignidad. Como ha dicho la presidenta Dilma, no se trata de revanchismo", añadió la ministra Nunes. Y subrayó: "Pasados casi 50 años desde el inicio del período de excepción, ha llegado la hora de que actuemos con objetividad. Debemos enfrentar el pasado para poder pasar la página con conciencia".