La justicia ecuatoriana ordenó la prisión preventiva, por el presunto delito de concusión, en contra de Alexis Mera, exsecretario jurídico de la Presidencia de Rafael Correa, quien gobernó el país entre 2007 y 2017, informó este sábado la Fiscalía General del Estado.

Además, en la audiencia de formulación de cargos, realizada en la Corte Nacional de Justicia, la jueza Daniella Camacho acogió el pedido de la Fiscalía y ordenó para María de los Ángeles Duarte, exministra de Transporte y Obras Públicas de Correa, la prohibición de ausentarse del país, presentación periódica ante la jueza y el uso del dispositivo de vigilancia electrónica.

Ambos, detenidos el viernes en la ciudad de Guayaquil (suroeste), son procesados por el presunto delito de concusión. La jueza dispuso, además, la incautación y prohibición de enajenar bienes por un valor de 3,5 millones de dólares para Mera y de 2,5 millones para Duarte.

"Abusando de sus cargos públicos"

En la audiencia, realizada durante la madrugada, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, solicitó las medidas cautelares de carácter personal y real en contra de los mencionados.

Ello "con el fin de proteger el derecho de la víctima que en este caso es el Estado ecuatoriano y para garantizar su presencia en las demás etapas procesales", precisó la Fiscalía en un comunicado.

Salazar expuso que entre los años 2012 y 2016, Mera era secretario jurídico de la Presidencia y Duarte se desempeñaba como Ministra de Transporte y Obras Públicas.

Y "abusando de sus cargos públicos", a través de Pamela Martínez (en prisión preventiva desde inicios de mayo) supuestamente "exigían dinero a personas jurídicas como la empresa brasileña Odebrecht, para obtener contratos futuros con el Estado y para su retorno al país", señala el escrito.

Martínez, exasesora de Correa y exjueza de la Corte Constitucional, está siendo procesada por los presuntos delitos de asociación ilícita, cohecho y tráfico de influencias.

Entre los elementos de convicción presentados en la madrugada por la Fiscalía figura "la pericia documentológica a un manuscrito de 8 hojas en el que habrían disposiciones de entrega y distribución de dinero a los procesados y a otras personas", agrega.

Así también, consta la versión de Martínez que indica que supuestamente "recibió disposición" de Correa y del exvicepresidente Jorge Glas "de entregar dinero" a Duarte, quien era directora del movimiento político Alianza País, en la provincia costera del Guayas.

Glas, quien está detenido en una cárcel en la ciudad de Latacunga, fue sentenciado en diciembre de 2017, en primera instancia, a seis años por asociación ilícita en la trama de sobornos de la firma Odebrecht, delito que él niega.

Correa, quien reside en Bélgica desde mediados de 2017, reaccionó en Twitter ante la decisión de esta madrugada de la justicia: "Verdaderos 'delitos' de Alexis y María: haber sido parte del Gobierno que transformó la Patria y siempre los derrotó en las urnas".

"Agravante para Alexis: ser mi abogado en más de 20 'casos'. ¿Por eso la prisión?", se preguntó a través de la red social en la que el viernes atribuyó las detenciones de sus dos excolaboradores a "una brutal persecución política".

Según el Código Integral Penal, la concusión se configura cuando un servidor público o una persona que actúa en virtud de una potestad estatal ordena o exige la entrega de derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses, sueldos o gratificaciones no debidas.

Conlleva una sanción de tres a cinco años de privación de libertad, salvo si dicha conducta se realiza mediante violencia o amenazas, en cuyo caso la pena puede incrementarse a un periodo de cinco a siete años.