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GOLPE DE ESTADO SUDÁN Sudán recupera su precario proceso democrático un mes después de interrumpirlo los militares

El general Abdel Fattah al Burhan ha llegado a un pacto con el primer ministro civil Abdullah Hamdok para restaurar el proceso democrático interrumpido con el golpe de estado del 25 de octubre. Aunque Hamdok ha quedado en libertad de su arresto domiciliario y recupera el poder, no está claro si las circunstancias van a cambiar y si Sudán podrá convertirse pronto en un país democrático.

Manifestantes protestan en Jartum contra el golpe de Estado en Sudán.
Manifestantes protestan en Jartum contra el golpe de Estado en Sudán. EFE

Sudán ha vuelto al proceso democrático casi un mes después de que fuera interrumpido por los militares con un golpe de estado que apartó del poder al primer ministro civil Abdullah Hamdok, quien ahora recupera su posición. No está claro qué consecuencias tendrá el acuerdo al que Hamdok ha llegado con el general golpista Abdel Fattah al Burhan.

El domingo, después del anuncio, las protestas populares continuaban en Jartum y en otras ciudades del país. Los manifestantes pedían que no se respete el acuerdo entre Hamdok, que ha quedado en libertad de su arresto domiciliario, y Burhan. Los detalles del pacto no se conocían todavía a primera hora de la tarde.

De esta manera Hamdok podrá reanudar el proceso democrático que debe conducir a unas elecciones libres a medio plazo. Sudán se convierte así en uno de los pocos países árabes que apuesta por la democracia aunque las circunstancias políticas siguen siendo precarias y no está claro hacia dónde conducirán.

Según algunos medios, el acuerdo entre Hamdok y Burhan, que se espera que se haga público en las próximas horas, prevé la liberación de todos los presos políticos y la restauración del periodo de transición que debe conducir a las elecciones.

La actitud de EEUU ante la crisis sudanesa, poniendo una vela a Dios y otra al diablo, explica que casi un mes después del golpe del 25 de octubre el problema no se hubiera resuelto. Sudán se ha convertido en una pieza clave para el futuro de la región y lo que está en juego tendrá repercusiones más allá del país. Por lo sucedido hasta ahora parece evidente que el régimen golpista contaba con el apoyo de las potencias regionales.

El 25 de octubre el enviado especial de Washington para el Cuerno de África, Jeffrey Feltman, acababa de llegar a Qatar en un vuelo procedente de Jartum, cuando se enteró de lo sucedido. Feltman se había reunido solo unas horas antes con el general Burhan en Jartum, y asegura que este no le informó del inminente golpe.

Feltman dice que había advertido a Burhan de que los EEUU actuarían de manera resolutiva si se consumaba el golpe, y de hecho Washington congeló inmediatamente un paquete de ayuda económica a Sudán por valor de 700 millones de dólares, amenazando con adoptar sanciones adicionales que todavía no se han concretado.

Los americanos parecían estar a la expectativa, es decir esperando para ver si el golpe se consolidaba, para posicionarse de una manera más clara. Hay un factor clave que explica este comportamiento dubitativo.

El factor clave es el comportamiento de los países de la zona y en este punto existía un consenso total favorable a Burhan. La potencia hegemónica, Israel, se mantuvo en contacto permanente con el general golpista. El presidente egipcio Abdel Fattah al Sisi recibió a Burhan solo unas horas antes del golpe para atar cabos, y los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí estaban a partir un piñón con el general.

Este contexto explica la indecisión del presidente Joe Biden. Además, no hay que olvidar que las proclamas pro-democracia de su administración son una cosa y que sus acciones pueden ir en dirección contraria, como se vio con el golpe de Sisi de 2013, cuando Washington sancionó a Egipto en un primer momento pero a continuación normalizó las relaciones con ese país.

Algunos miembros de la administración consideraban que la actitud con Sudán "no es lo suficientemente firme", especialmente teniendo en cuenta los comunicados pro-democracia que continuamente salen de Washington. Lo visible es que en el seno de la administración no existía un consenso y había altos funcionarios que veían con buenos ojos la asonada.

Con este mar de fondo no estaba claro cuáles eran los objetivos de Washington, es decir si iba a dar pasos para restaurar el defenestrado gobierno de transición con una presidencia civil respetando el Documento Constitucional que prevé la celebración de elecciones democráticas, o si iba a dejar que las cosas avanzaran por sí solas en la misma dirección que en el Egipto de Sisi.

Había funcionarios partidarios de una intervención enérgica, incluyendo la imposición de sanciones contra el ejército, pero era una posición que contaba con detractores, de manera que la Casa Blanca tenía la última palabra. Por lo que se estaba viendo, la Casa Blanca no quería meterse en problemas con sus socios en la región que unánimemente favorecían a los golpistas.

El diplomático americano Alberto Fernández, que fue responsable de la embajada de EEUU en Jartum, era uno de los partidarios de la intervención enérgica. En declaraciones a Al-Sharq al-Awsat esta semana, Fernández consideró que la congelación de la ayuda de 700 millones de dólares era un "paso insuficiente" para restaurar el proceso democrático.

Proponía la imposición de sanciones individuales contra las caras visibles del golpe, "centrándose en sus intereses económicos, su patrimonio y sus inversiones". Esta idea que, a diferencia de la sanción de los 700 millones de dólares, no afectaría al conjunto de la población sudanesa, había circulado durante algún tiempo en Washington pero no se había concretado y no estaba claro que fuera a concretarse.

Fernández hizo un razonamiento un poco peculiar cuando declaró que "un gobierno de generales islamistas no es aceptable ni es bueno para la región". Sin embargo, el general Burhan contaba con el respaldo de países como Israel, Egipto, los Emiratos o Arabia Saudí, y no es posible encontrar en todo el mundo países más anti-islamistas que ellos.

Existía un amplio consenso entre demócratas y republicanos para avanzar por la línea de las sanciones contra los golpistas. Un borrador de resolución bipartidista contemplaba sanciones individuales e instaba a los aliados a que también adoptaran sanciones contra los militares más destacados. Así mismo preveía medidas para impedir la ayuda extranjera a los golpistas, si bien esto último podría ser impracticable porque afectaría a los mencionados aliados de EEUU.

En cualquier caso, de ser aprobada, la resolución bipartidista no sería vinculante, o sea que era la Casa Blanca la que debe estudiar la situación y decidir lo que más interesa a EEUU. Las continuas protestas contra el golpe en todo Sudán, que han ido creciendo desde el 25 de octubre, sin duda han jugado un papel determinante en el regreso al proceso democrático.

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