El Ejército brasileño impide que se haga justicia por la dictadura

Después de casi dos años de negociaciones, el Congreso brasileño aprobó el miércoles el proyecto de ley para la creación de una Comisión de la Verdad que investigue los crímenes y violaciones de los derechos humanos perpetrados entre 1946 y 1988. Este periodo incluye la dictadura militar, que gobernó Brasil entre 1964 y 1985.

Según el texto propuesto por el Ejecutivo, pendiente todavía del trámite en el Senado y de la sanción final de la presidenta, Dilma Rousseff, la comisión pretende "examinar y esclarecer las graves violaciones de derechos humanos" cometidas en ese periodo, para "promover la reconciliación nacional".

Pero para las víctimas de la dictadura, y la izquierda del país, esta comisión nace descafeinada y desvirtuada, debido sobre todo a la presión de los militares y de la derecha.

La Ley de Amnistía, de 1979, prevalece sobre la nueva comisión

Las víctimas creen que la comisión contribuirá a investigar los crímenes, pero no servirá para depurar responsabilidades penales. La razón es que, por encima de esta comisión, prevalece la Ley de Amnistía, aprobada en 1979 bajo la égida de los militares, que garantiza la impunidad a quienes cometieron crímenes políticos durante el régimen.

Así lo garantiza el fallo del Tribunal Supremo Federal que, el 10 de abril de 2010, decidió que la ley de 1979 no debe alterarse para permitir el enjuiciamiento de los homicidas y torturadores.

La comisión nace con otros lastres, que satisfacen reivindicaciones del estamento militar, temeroso ante la posibilidad de que la amnistía estuviera en juego. Para empezar, los trabajos de la comisión abarcarán 42 años de la historia reciente brasileña y no sólo los 21 que duró el régimen militar. Para los movimientos sociales, esto supone un grave obstáculo para esta comisión, que difícilmente podrá profundizar en una investigación tan vasta con sólo siete miembros y en un plazo de sólo dos años. Bajo la presión de los militares, en el texto fundacional de la comisión el término "represión política", que figuraba en el borrador inicial, ha sido borrado. Los siete miembros de la comisión, nombrados por Rousseff, tendrán la posibilidad de recoger declaraciones de víctimas y de intentar localizar los restos mortales de los asesinados.

Entre las víctimas reina la decepción con el Gobierno de Dilma Rousseff 

La creación de una Comisión de la Verdad aparecía ya en el plan de derechos humanos aprobado por el entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en diciembre de 2009, pero su Gobierno se echó atrás ante la firme oposición del Ejército y la proximidad de las elecciones. Cuando venció en los comicios Roussef, exguerrillera que fue torturada por los militares, la izquierda brasileña recobró las esperanzas de recuperar su memoria e indagar en esa historia enterrada desde 1979, cuando se aprobó la Ley de Amnistía.

Una esperanza frustrada. Entre las asociaciones de defensa de derechos humanos, como el Grupo Tortura Nunca Más y la Comisión de Familiares de Muertos y Desaparecidos, el clima es de decepción. Creen que el Gobierno está usando el proyecto como "una cortina de humo" para no cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (Organización de Estados Americanos) que, al condenar al Estado brasileño por masacrar a la guerrilla comunista de Araguaia, exigió la responsabilidad penal de los culpables, criticó la amnistía y pidió autonomía para la Comisión de la Verdad.