El escándalo SpyCops es un caso de espionaje policial tan grande en Reino Unido que se extiende a lo largo de seis décadas. Ni John le Carré lo hubiera imaginado. Ni el lúcido Smiley, su agente preferido de ficción, habría dado con los responsables. Comenzó a fines de los años 60 y sus consecuencias siguen hasta hoy. Tiene victimarios –policías infiltrados en organizaciones de la sociedad civil– y víctimas, mujeres espiadas para sacarles información sobre sus milicias, su participación en causas pacifistas o ambientalistas.

El resultado final de la investigación iniciada en 2015 se espera para 2023, después de varios juicios, disculpas de Scotland Yard y sistemáticas infiltraciones que afectaron también a sindicatos, grupos estudiantiles y hasta congresistas. En definitiva, procedimientos encubiertos que socavaron a la flemática democracia británica con el objetivo de controlar a los sectores más dinámicos y combativos nacidos en tiempos del Mayo Francés y la Guerra de Vietnam.

Espías de las ya disueltas Escuadra Especial de Manifestaciones (SDS) de la Policía Metropolitana y la Unidad Nacional de Inteligencia para el Orden Público (NPOIU), llegaron a utilizar identidades de niños fallecidos para mimetizarse en las vidas de sus objetivos sin ser detectados.

Helen Steel fue uno de esos blancos. Ecologista e integrante de Greenpeace en los 80, su militancia trascendió públicamente cuando inició una larga campaña para denunciar a McDonald's por maltrato animal y pagar bajos salarios. La multinacional de EEUU la demandó por difamación a ella y a otro activista, David Morris. El juicio se convirtió en el más largo de la historia judicial británica y terminaron perdiéndolo. Con el tiempo se supo que la compañía había contratado a siete policías para espiarla.

El falso John

Steel quedó bajo el punto de mira de la inteligencia británica en esa etapa y fue entonces cuando conoció a John Dines, un policía que se hacía pasar por John Barker, quien estaba casado. Mantuvieron una relación sentimental un par de años hasta que él desapareció de su vida. Le buscó durante más de dos décadas hasta que le encontró en 2016 en Australia. Su caso aparece en el libro Deep Deception (Profunda decepción) que escribió con otras cuatro mujeres damnificadas, Alison, Lisa, Naomi y Belinda. Se publicó este año en Gran Bretaña.

Ella también es una de las ocho mujeres que demandó a la Policía por abusos que marcaron su vida para siempre. "Nuestras vidas fueron desbaratadas, ¿para qué? Para que la policía pudiera impedir el cambio, socavar la democracia y apuntalar los intereses de los ricos y poderosos de nuestra sociedad", escribió Steel.

En otro juicio, el Estado tuvo que indemnizar a una de las víctimas porque tuvo un hijo con uno de los agentes de los servicios de inteligencia. Una sentencia le compensó con 425.000 libras esterlinas en 2014. Cuando fueron a los tribunales, varias mujeres declararon que se sentían "violadas por el Estado".

John Mitting, un juez jubilado, lidera la Undercover Policing Inquiry o investigación Pitchford, que va contra los hechos de espionaje iniciados a finales de los 60, pero cuyas conclusiones se darán a conocer el año próximo. El periodista Dominic Casciani, de la BBC, publicó varios artículos sobre el tema y en julio de 2015 escribió que las identidades falsas que utilizaban los policías, al menos en 42 casos "fueron tomadas de niños que habían muerto y los padres no lo sabían". Un ejemplo es el de Kevin Crossland, el nombre de un chico que falleció a los cinco años en un accidente aéreo en agosto de 1966.

Los costes que tiene la investigación iniciada en marzo de 2015 y que finalizará en 2023 son millonarios. Las prácticas conjuntas de las desaparecidas SDS y la NPOIU no solo afectaron a mujeres activistas. También fueron contra grandes sindicatos como UCATT, hoy parte de UNITE, el segundo más importante en Reino Unido y que reúne a trabajadores de transporte, logística y construcción.

En 2018, Gary Cartmail, secretario general adjunto de UNITE, ya se quejaba de la dilatación para conocer los resultados del informe sobre el espionaje: "Las vidas de las víctimas de la Policía encubierta han sido destrozadas y, sin embargo, todavía se les niegan las respuestas". Se estima que los espiados pudieron llegar a 5.000. Y además de gremios, los seguimientos alcanzaron a parlamentarios, estudiantes y otros sectores de la sociedad civil. El M15, el servicio de inteligencia policial que funcionó en el interior del país, tuvo responsabilidad en esta saga de espías y espiados.

Las investigaciones se iniciaron durante el mandato de la primera ministra conservadora Theresa May. Para la propia Scotland Yard, la pesquisa sobre esta política del Estado británico y la clasificación de documentos originados en los años 60, no tienen precedentes. Las audiencias de este proceso se pueden seguir en la página oficial donde se reflejan los testimonios de policías que dan a conocer día a día cómo funcionaba el sistema de espionaje. Ahí se puede leer que de la declaración de Geoffrey Craft, oficial de inteligencia HN34, se desprende que siguieron de cerca a niños en edad escolar solo por integrar el grupo School Kids Against Nazis (Escolares contra los nazis) porque recibía el apoyo del Partido Socialista de los Trabajadores.

En la página se explica que esa política "contrasta con la evidencia específicamente destacada por los abogados que representan a exagentes encubiertos, de que esto se hizo a pedido específico del MI5 que estaba interesado en la 'subversión' en las escuelas".

Sobre las relaciones engañosas que afectaron a varias militantes como Steel, la audiencia con Craft arrojó que Bob Lambert, uno de los policías involucrados en el espionaje, "robó la identidad de un niño muerto, fue procesado bajo su identidad falsa, actuó como agente provocador (presuntamente incendiando una tienda) y engañó a las mujeres que espiaba para tener relaciones sexuales, incluso tener un hijo con una". Nadie escapó al sistema orwelliano de control del Estado. Ni siquiera mujeres y niños. Una joya al servicio de su majestad británica.