Se llamaba Blancanieves y vivía con su familia en un pueblo de Colombia. Un día, hombres armados irrumpieron en la población y obligaron a sus cuatro hijas y a varios de sus nietos a subir a un camión. Desconocían a dónde les llevaban cuando los asaltantes bajaron del vehículo a la abuela y a sus nietos . Hasta varios años después no volvieron a saber nada más de las cuatro hijas. Sus cuerpos aparecieron descuartizados y se supo que habían sido violadas.

Es un escalofriante caso más de las numerosas violaciones de derechos humanos que tienen lugar en Colombia, escenario de un inacabable conflicto entre guerrilleros, ejército y paramilitares en el que la población civil se lleva la peor parte.

Desde 2005, Madrid ha vendido a Bogotá más de 132 millones en armas

Un informe presentado ayer por la organización humanitaria Oxfam critica que España no haga uso de su gran influencia en Colombia para combatir las violaciones de derechos humanos que ocurren en ese país. El documento también destaca las incongruencias en las que incurre el Gobierno español al destinar fondos de cooperación al desarrollo para Colombia al tiempo que autoriza la venta de armas que alimentan el conflicto.

Según el informe, cuando el PSOE llegó al poder en 2003 y José Luis Rodríguez Zapatero fue nombrado presidente, España interrumpió la venta de material militar al país latinoamericano. Sin embargo, la exportación armamentística española se retomó en 2005, aunque en ese año no llegó al millón de euros.

A partir de 2007, los envíos de armas y municiones se incrementaron en un 700%: de unos 25.000 euros, aumentaron hasta los 17 millones y, en 2009, España ingresó por ello 31 millones de euros sólo en el primer trimestre. En total, se ha autorizado la venta de 132 millones en armas a Colombia entre 2005 y 2009.

Colombia es el segundo país con más desplazados después de Sudán

Estas cantidades son muy superiores a los 33,5 millones destinados por el Gobierno español en un periodo igual (2004-2008) para cooperar en la defensa de los derechos humanos en Colombia.

El informe recoge que hay entre 8.000 y 11.000 niños soldados que participan en el conflicto. También menciona que la Corte Constitucional colombiana reconoció que la violencia sexual contra las mujeres es "habitual, sistemática e invisible". Añade que es uno de los territorios del mundo con más presencia de minas antipersona y que es el segundo país con más desplazados internos del planeta (sólo por detrás de Sudán), con unos tres millones de personas forzadas a abandonar sus hogares.

Los responsables del informe han mostrado su esperanza de que el nuevo Ejecutivo colombiano, encabezado por Juan Manuel Santos, abra una nueva etapa que dé prioridad a la lucha contra los abusos a la población civil y que el Gobierno español dé un giro en su política exterior y abandere la defensa de los de derechos humanos en Colombia.