España busca blindar su impuesto a las eléctricas y los topes a las renovables ante las medidas energéticas europeas

Con la crisis energética escalando, el tiempo para divisiones y negociaciones en el seno europeo se está agotando. Los 27 ministros de Energía se reúnen el viernes en Bruselas con el objetivo de poner en marcha el reglamento de medidas energéticas para rebajar la disparada factura de la luz. España llega a la cita con una consigna clara: que las medidas europeas no entren en disputa con las que ha ido aprobando a lo largo de estos meses. El objetivo de España es llegar al Consejo con su modelo prácticamente inamovible.

"España quiere mantener sus medidas energéticas intactas", señala una fuente diplomática conocedora de la negociación. Es decir, el Ejecutivo de Pedro Sánchez busca blindar su impuesto a las ganancias de las compañías de gas y petróleo, su tope a las energías inframarginales y la excepción ibérica, que le permite desacoplar el precio del gas de la producción energética. La sensación en la delegación española es de calma y de que el país podrá mantener en vigor estas medidas. De hecho, las mismas fuentes aplauden el hecho de que Madrid haya marcado el camino de la respuesta energética en una Comisión Europea hasta hace no mucho reacia a cualquier paso con aroma de intervención o reforma del mercado energético.

¿Qué está sobre la mesa? Los Veintisiete buscarán el viernes aprobar un reglamento con tres arterias: una reducción de demanda eléctrica con un 5% obligatorio en las horas punta; un tope de 180 euros megavatio/hora a las energías inframarginales –renovables, nuclear o hidráulica-; y un "mecanismo de solidaridad" para gravar el 33% los beneficios de las compañías fósiles. En este contexto, la medida que más afectará a Madrid sería la primera. La intención de La Moncloa es mantener el 1,2% de gravamen a los ingresos de las compañías eléctricas y los 67 euros al límite a partir del cual se detrae el 90% de las inframarginales. Es decir, tienen que devolver lo recaudado por encima de ese umbral. Por ello, para España, los 180 euros tope que propone la Comisión Europea le parece muy alto.

El sistema europeo establece que el precio de todas las energías lo establece la más cara. En estos momentos, el gas, que está disparado a causa de las consecuencias colaterales de la guerra en Ucrania. En consecuencia, el resto de compañías eléctricas ajenas al gas están cosechando grandes beneficios caídos del cielo.

El debate a nivel europeo

Las posiciones entre los socios europeos llegan bastante alejadas. Pero la urgencia es total. Las delegaciones esperan trabajar durante las próximas horas, cruciales sobre la negociación, en nuevos non papers presentados por la Comisión Europea y por la Presidencia checa del Consejo. La medida más avanzada es la de reducir el consumo; por su parte, las de límites a las compañías generan más resistencias. "Estamos haciendo un reglamento de seis meses en dos semanas. Pero debe haber acuerdo político el viernes. Hay que aprobar el reglamento", afirman fuentes europeas.

Otra de las medidas que genera división es la de imponer un tope al precio del gas. España lo ha pedido recientemente junto a otros 14 países. Pero la iniciativa genera molestias entre los países que tradicionalmente recelan de intervenir el mercado. Los ministros lo debatirán el viernes, pero la medida está muy poco madura y no se tomarán decisiones. En todo caso, cualquier medida en esta dirección apunta a un tope flexible, temporal y que fluctúe. Aunque todas las incógnitas sobre su impacto, destinarios y alcance continúan muy abiertas.

La reunión llega con la guerra energética subiendo otro peldaño. La UE promete una acción severa tras las tres fugas de gas detectadas en los gasoductos del Nord Stream I y Nord Stream II en los aledaños de Suecia y Dinamarca. Asegura Josep Borrell, Alto Representante de Asuntos Exteriores, que se trata de un acto deliberado. La OTAN habla de sabotaje.