Este artículo se publicó hace 2 años.
La UE prevé reunirse para abordar la crisis energética el próximo 30 de septiembre
El ministro de Industria y Comercio de la República Checa, Jozef Sikela, cuyo país preside este semestre la Unión Europea, ha convocado una nueva reunión ministerial extraordinaria por los elevados precios de la energía.
Madrid-Actualizado a
El ministro de Industria y Comercio de la República Checa, Jozef Sikela, cuyo país preside este semestre la Unión Europea (UE), convocó este martes para el 30 de septiembre una nueva reunión ministerial extraordinaria por los elevados precios de la energía.
"Tras llegar a un acuerdo con la Comisión Europea y otros estados miembros he decidido que a finales de septiembre finalicemos en Bruselas lo que comenzamos la semana pasada", señaló Sikela en su cuenta de Twitter, en referencia a la cumbre ministerial de Energía del pasado 9 de septiembre.
En el encuentro los ministros abordarán "las propuestas de la Comisión para solucionar los altos precios de la energía", y adoptar medidas de alcance comunitario, precisó el ministro.
La semana pasada los Veintisiete solicitaron a la Comisión Europea que diseñe una "intervención temporal de emergencia" en el mercado eléctrico, por ejemplo, a través de un límite al precio del gas en la formación de precios de la electricidad.
Fuentes del sector reconocen que modificar el sistema de precios en el mercado es algo más complejo, y se sitúa en el horizonte del medio plazo. Los ministros también acordaron poner un techo al precio de la importación de gas natural de "jurisdicciones específicas", entre ellas Rusia.
También acordaron usar los altos beneficios de las energéticas, debido al sistema de formación de precios, para ayudar a los consumidores, así como medidas de ahorro.
El Ejecutivo de Praga acordó el lunes establecer un precio máximo de la tarifa de electricidad facturada a los hogares de 0,24 euros por kilovatio hora (kWh), incluido el IVA, para la electricidad y de 0,12 euros por kWh para el gas.
Se estima que esta medida, que se debatirá este viernes en el Parlamento en Praga, costará a la Hacienda checa unos 5.200 millones de euros por año.
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