Han pasado 25 años desde la última vez que la UE levantó la voz para condenar los abusos de derechos humanos por parte de Marruecos. El país vecino se ha erigido durante este tiempo como el aliado intocable del bloque comunitario. Sus socios en España y Francia han sacado tradicionalmente el escudo para defender los intereses de Rabat en Bruselas. Unos intereses en lucha contra el terrorismo, vecindad o materia comercial engordados con el yugo migratorio en los últimos años. Pero algo ha cambiado con la crisis en Ceuta. El Parlamento Europeo ha aprobado, por 397 votos a favor, 85 en contra y 196 abstenciones, una resolución que censura el uso de menores por parte de Marruecos con fines "políticos".

El régimen de Mohamed VI llegó a alentar a miles de niños y jóvenes a cruzar a pie o nado la frontera con Ceuta con caramelos como la promesa de ver a sus ídolos futbolistas. El Pleno ha rechazado esta forma de "presión política" de Rabat tanto a España como a la Unión Europea en una condena consensuada por los principales grupos. Los partidos españoles han votado ‘sí’ en bloque, a excepción de Vox, que se ha desmarcado a través de la abstención criticando que "vende" el relato de España. 

Ni siquiera las protestas pacíficas de 2017 en el Rif, fuertemente reprimidas por las fuerzas de seguridad marroquíes, desencadenaron una reacción de este tipo desde Estrasburgo. Y es que la prioridad europea es la estabilidad del país y de su monarquía en un momento en el que la vecindad europea desde Libia hasta Ucrania es un avispero de volatilidad. El silencio comunitario y el espaldarazo de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, al reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental a cambio de restablecer las relaciones diplomáticas con Israel han fortalecido la postura de Mohamed VI. 

Sin embargo, la UE no se ha distanciado ni un ápice en la posición que defiende desde hace décadas sobre el Sáhara. La resolución aprobada reitera que la única solución a la ocupación marroquí sobre el Sáhara Occidental debe ser un acuerdo político bajo el paraguas de la ONU y con arreglo a sus resoluciones del Consejo de Seguridad. "Para la mayoría de este Parlamento lo único que importa es que Marruecos sea un buen policía de fronteras. Poco importan los derechos en el Sáhara Ocupado o de los periodistas y activistas encarcelados o de los inmigrantes. Por eso, calla por las violaciones de derechos humanos de Marruecos o ante las miles de devoluciones ilegales realizadas por el Gobierno español, que ha comprado el discurso migratorio de la extrema derecha", ha denunciado el eurodiputado de Anticapitalistas Miguel Urbán en el debate previo.

Pernando Barrena, eurodiputado de EH BILDU, denuncia que el régimen alauí "es una anocracia que gestiona sus relaciones internacionales desde la amenaza y el chantaje" y que utiliza a los niños como "carne de cañón". Son muchos los que piensan que este tipo de resoluciones contra Rabat deberían haber llegado mucho antes. En el fondo de esta coyuntura asoma la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) de 2018 eliminando las aguas del Sáhara del acuerdo pesquero con Marruecos. En las próximas semanas, Luxemburgo emitirá otro fallo que podría suponer un nuevo escalón de tensión entre Bruselas y Rabat. Manu Pineda, eurodiputado de Izquierda Unitaria, ha pedido poner fin a "los ilegales acuerdos comerciales que expolian los recursos del Sáhara Occidental".

Cuatro arterias vertebran el contundente e inusual varapalo de Estrasburgo a Marruecos: las fronteras nacionales son inviolables; la amenaza sobre la soberanía territorial de un Estado miembro es intolerable; el país debe respetar la Convención de Derechos del Menor de la ONU; y la postura europea sobre el Sáhara Occidental continúa intacta. El Parlamento Europeo responde así al drama migratorio desatado por Rabat tras hacer la vista gorda de forma deliberada e instigar la marcha de entre 8.000 y 10.000 personas en apenas 48 horas a la vecina Ceuta. 

La Eurocámara "deplora", especialmente, el uso de menores sin acompañar y de sus familias, poniendo su vida en riesgo, como cebo para la anzuelo de los intereses expansionistas y coercitivos de Marruecos, al que le recuerda sus obligaciones sobre la Convención del Niño que firmó en 1990. Rabat ha seguido el ejemplo de Turquía en la apertura de puertas a migrantes como moneda de cambio para obtener concesiones. Como hizo el año pasado con la llegada de refugiados a las costas griegas procedentes de Turquía, la UE ha cerrado filas con España reiterando que la frontera ceutí es una frontera externa. Los eurodiputados han pedido además a la Comisión Europea que, al igual que hizo en ese momento con Grecia, designe un paquete de ayuda económica de urgencia a España para mejorar las condiciones de recepción y acogida a todos aquellos varados en la última frontera sur.

La crisis de Ceuta 2021 como lo fue la crisis de Evros en 2020 es solo el síntoma de la gran asignatura pendiente de la UE: carece de una política migratoria y de asilo. Y suma más de un lustro parcheando el drama migratorio en el Mediterráneo o en el Estrecho por la negativa a acoger a personas que buscan protección internacional de países como Hungría o Polonia, abiertamente contrarios a la migración. Sin embargo, la UE evita sacar toda su artillería con Marruecos, del que padece su dependencia para gestionar el tránsito de refugiados. "Cambiarán los flujos migratorios y los Gobiernos, pero nunca cambiará nuestra geografía. Marruecos y Europa seguirán compartiendo una frontera terrestre y, por ello, estamos obligados a entendernos", ha concluido el eurodiputado popular Ignacio Zoido.